Resumen
- En 2026/27, el consejo debe aprobar los contratos, proyectos o compromisos financieros no presupuestados que superen £1 millón.
- El consejo fija estrategia, apetito de riesgo y delegaciones; el CEO lleva las operaciones y sigue siendo Accounting Officer, responsable personalmente ante el Parlamento por el uso de fondos públicos.
- Maggie Carver ejerce las funciones de presidenta interina mientras el Gobierno busca una persona para el puesto permanente, proceso que el ICO prevé cerrar en la primavera de 2027.
Un millón de libras cambia quién debe autorizar
Un contrato, proyecto o compromiso financiero no incluido en el presupuesto y superior a £1 millón debe pasar por el consejo de la Information Commission. Para un compromiso presupuestado, el umbral sube a más de £5,2 millones durante 2026/27. El consejo también puede reservar cualquier decisión cuyo impacto estratégico, financiero o reputacional considere significativo, aunque quede por debajo de esas cifras. Son los límites expresos de los nuevos términos de referencia, no una regla general de contabilidad.
La frontera acompaña a un cambio formal que entró en vigor el 30 de septiembre. La Information Commissioner’s Office pasó a ser la Information Commission. Según el anuncio del ICO, la Data (Use and Access) Act 2025 sustituyó el modelo de corporación unipersonal —un solo Information Commissioner— por decisiones colectivas de un consejo. Las funciones regulatorias y los servicios básicos continúan.
Los términos del consejo reservan a sus miembros la estrategia plurianual, el plan anual, las prioridades regulatorias, el presupuesto, el marco y el apetito de riesgo, la gobernanza y los compromisos importantes. El consejo también nombra y supervisa al CEO, aprueba el informe anual al Parlamento y decide qué facultades delega. Para compromisos presupuestados, debe intervenir por encima del 5% del ingreso anual; para los no presupuestados, por encima del 1%. En 2026/27, el ICO fija esas referencias en £5,2 millones y £1 millón, respectivamente.
La gestión operativa y la ejecución corresponden al CEO. Si aparece un riesgo u oportunidad importante —financiera, legal, reputacional u operativa—, debe comunicárselo al consejo a tiempo. También debe escalar asuntos fuera de las delegaciones aprobadas o cuando la autoridad no esté clara. Si hay dudas, el asunto se remite a la presidencia o a la vicepresidencia.
Para quienes trabajan con el regulador, la diferencia es práctica. Un contrato relevante o un cambio en la estrategia ya no se entiende solo como «lo decidió el ICO». Los documentos distinguen la decisión colectiva de la dirección ejecutiva. El esquema de delegaciones dice que el consejo conserva la responsabilidad global por las funciones delegadas, mientras el CEO lleva las operaciones, la administración, la gestión y el desempeño.
El CEO también sigue como Accounting Officer y responde personalmente ante el Parlamento por la regularidad, la corrección y la relación calidad-precio en el uso de recursos públicos. La autoridad queda dividida, pero cada tramo tiene un responsable: el consejo fija el rumbo y la delegación; el CEO dirige la organización y responde por la gestión cotidiana.
Hay una vicepresidenta interina; la plaza de presidenta sigue vacante
La presidencia permanente todavía está en selección. El 30 de septiembre el consejo nombró a Maggie Carver vicepresidenta. El ICO afirma que ella ejerce entretanto las responsabilidades de la presidencia y que el proceso gubernamental debería concluir en la primavera de 2027. La página del consejo mantiene el cargo permanente en proceso de contratación.
La vacante importa porque las reglas envían las dudas sobre delegación o autoridad a la presidencia o la vicepresidencia. Carver ejerce la función interina que anunció el ICO. La prueba será cómo utiliza el consejo sus poderes colectivos cuando una decisión no encaje con claridad en una delegación o tenga un peso estratégico o reputacional que no cabe en una cifra.
El cambio mueve el centro de supervisión, pero el ICO dice que sus responsabilidades regulatorias siguen iguales. Para empresas, organismos públicos y personas que acuden al regulador, el mapa ahora es más concreto: el consejo define la dirección y se reserva ciertas decisiones; el CEO ejecuta y administra; el esquema de delegaciones conecta ambas funciones.
Fuentes
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