Resumen

  • Ofcom concluyó que faltaban controles adecuados, reevaluaciones del riesgo tras las transferencias y un sistema formal para tramitar y registrar avisos con coherencia.
  • Unos 366.000 números estuvieron expuestos a un posible uso indebido durante dos años. Ofcom no cuantificó cuántos se usaron realmente en estafas ni cuántas personas sufrieron daños. La multa fue de £437.500.

Un número telefónico puede pasar por varias empresas antes de aparecer en la pantalla de quien recibe una llamada. Cada traspaso plantea una pregunta pequeña y decisiva: ¿quién comprobó al siguiente cliente y quién dejó constancia cuando llegó una queja?

El caso de Ofcom contra Tismi responde con un fallo muy concreto. El regulador británico concluyó que Tismi no aplicó diligencia debida apropiada a quienes recibían números, no reevaluó el riesgo de abuso después de transferirlos o vigilarlos y carecía de un procedimiento formal para tramitar y registrar avisos de manera uniforme. Las infracciones abarcaron del 15 de noviembre de 2022 al 1 de enero de 2025 y afectaron a las condiciones generales B1.6, B1.8 y B1.9(c).

La escala no era abstracta. Ofcom dijo que unos 366.000 números estuvieron expuestos a un posible uso indebido durante dos años y encontró pruebas de llamadas molestas y fraudulentas realizadas con números subasignados por Tismi. La cifra mide exposición. Ofcom no indicó cuántos de esos números se usaron realmente en estafas ni cuántas personas sufrieron daños. Ofcom también registró respuestas rápidas de Tismi a algunas consultas y quejas de organismos externos. Esa reacción importa; no sustituye un sistema que conecte cada aviso con lo que se hizo y su resultado.

Un número es un dato de encaminamiento y también una identidad pública prestada. Quien lo recibe puede contactar con clientes; quien llama puede mostrarlo en pantalla y tomar prestada una fracción de confianza. La diligencia comprueba quién obtiene esa capacidad. La vigilancia pregunta si el riesgo cambia tras el traspaso. El registro une queja, cliente, rango numérico, decisión y desenlace. Sin esos vínculos, cada control queda aislado.

Ofcom abrió la investigación el 16 de octubre de 2024. En junio de 2025 ordenó bloquear determinados números; Tismi había aplicado la instrucción el día 24. El regulador afirma que Tismi implantó procesos nuevos pocos meses después de conocer la investigación. El caso se cerró el 21 de octubre de 2026 con una multa de £437.500, reducida un 30 % desde £625.000 por la admisión y el ahorro de recursos del acuerdo. Ofcom exige ahora pruebas de controles, seguimiento y respuesta. Ahí está el problema: una salvaguarda sin rastro se parece demasiado a una salvaguarda que nunca funcionó.

La decisión de confirmación no confidencial ofrecerá más detalles. El expediente público aún no identifica a todos los clientes, llamadas o afectados. Ya fija el punto de control: saber quién recibe los números, revisar el riesgo y conservar un registro auditable de los avisos.

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