Vocus ha recibido la aprobación de la ACCC para comprar los activos de fibra y red fija de TPG por 5.250 millones de dólares australianos, lo que le da acceso a casi 20.000 sitios empresariales. El acuerdo fortalece la posición de Vocus en el mercado australiano de banda ancha empresarial, al tiempo que permite a TPG centrarse en los servicios móviles y de consumo. Qué ha sucedido: El regulador australiano aprueba la adquisición por parte de Vocus de los activos de fibra y fijos de TPG Telecom.

La Comisión Australiana de la Competencia (ACCC) ha autorizado la adquisición por parte de Vocus Group de los activos de fibra y red fija de TPG Telecom por 5.250 millones de dólares australianos (3.300 millones USD). Esto incluye la infraestructura no móvil de TPG, que presta servicio a miles de empresas y centros de datos en todo el país. El acuerdo permite a Vocus ampliar su cobertura de fibra, accediendo a casi 20.000 edificios en todo el país, y fortalece su presencia en el mercado empresarial y mayorista de banda ancha.

La ACCC había expresado anteriormente preocupaciones de competencia, especialmente en torno a los servicios de red empresariales. Sin embargo, tras una revisión adicional, el regulador determinó que la adquisición no reduciría sustancialmente la competencia y podría mejorar la rivalidad basada en infraestructuras a largo plazo. Lea también: Ofcom planea impulsar la inversión en fibra. Lea también: Exa y Ultranet construirán una ruta de fibra Milán-Génova.

Por qué es importante: El acuerdo consolida la posición de Vocus como uno de los mayores proveedores de infraestructura de fibra de Australia, reduciendo la brecha entre Vocus y los principales actores como Telstra y NBN Co. Con acceso a la extensa red de fibra de TPG, Vocus puede ofrecer servicios de conectividad de alta velocidad más competitivos a las empresas, especialmente en áreas metropolitanas. Para TPG, la venta le permite simplificar sus operaciones y centrarse en los servicios de banda ancha móvil y de consumo.

La aprobación señala una apertura regulatoria a la consolidación de infraestructuras, siempre que apoye la competencia a largo plazo y la mejora de los servicios.