Resumen

  • Para quienes usan un dominio .org, importaba algo más que el nombre del comprador: quién protegería sus datos y las reglas sobre libertad de expresión después de la venta.
  • ICANN detuvo la propuesta al negar su consentimiento el 30 de abril de 2020. California había pedido esa negativa, pero su carta no fue una segunda decisión independiente contra la venta.

Una dirección .org no revela quién toma las decisiones detrás de ella. La propuesta de vender Public Interest Registry, la empresa que operaba el registro, obligó a mirar esa parte menos visible de internet. ¿Qué pasaría con las promesas sobre expresión y datos de los usuarios si cambiaba el dueño? ¿Quién podría exigir que se cumplieran?

Internet Society pretendía vender la empresa, conocida como PIR, a Ethos Capital. El comprador necesitaba algo más que la propiedad: PIR debía conservar el contrato que le permitía operar .org. Por eso la respuesta de ICANN, la otra parte de ese contrato, pesaba tanto.

El 30 de abril de 2020, el consejo de ICANN se negó a consentir el cambio de control. La decisión frenó la propuesta. Su fundamento era una cláusula concreta, la sección 7.5 de los contratos de registro, no una autoridad general para aprobar cualquier compraventa de empresas.

El contrato podía terminar; la compraventa no se deshacía así

El acuerdo de registro de 2019 contenía un detalle sorprendente: ICANN no podía anular un cambio de control ya consumado. Sí podía poner fin al contrato, conforme a la disposición de terminación correspondiente, si denegaba su consentimiento de forma razonable.

El comprador podría quedarse con la empresa y perder, en cambio, el acuerdo necesario para su actividad principal. Ahí estaba la fuerza del mecanismo. Lo que estaba en juego no era solo quién poseía PIR, sino si podría seguir operando .org.

Tampoco era un poder sin condiciones. El consentimiento no podía denegarse de forma irrazonable. Había reglas de notificación, solicitudes de información, plazos y excepciones. El desenlace de esta operación no borra esos límites ni permite deducir cómo debía resolverse cualquier otra venta.

A quién le escribió California

El fiscal general de California, Xavier Becerra, había enviado una carta el 15 de abril. Pedía a ICANN que rechazara el traspaso. Al invocar su autoridad sobre entidades benéficas, describía una investigación sobre ICANN y su papel en la aprobación de la operación.

El mapa institucional importa: PIR era una entidad sin ánimo de lucro constituida en Pensilvania; ICANN, una entidad sin ánimo de lucro californiana. La carta ejercía presión sobre esta última. No era una orden separada que denegara la venta de PIR.

Quedaba además el proceso de conversión de la entidad en Pensilvania, cuyo resultado ICANN no conocía todavía. El consejo dejó abierta la posibilidad de examinar otra solicitud si se obtenía la aprobación judicial allí. Abrir esa posibilidad no equivalía a prometer un sí, ni a afirmar que Pensilvania ya hubiera dicho no.

Supervisar no significa decidirlo todo

La inquietud del consejo se centraba, entre otras cuestiones, en pasar de una entidad no lucrativa a una lucrativa, su deuda prevista y las garantías para la comunidad .org. Eran riesgos que el consejo valoraba; no hechos futuros demostrados.

El borrador de compromisos de abril permite ver cómo se intentó responder. Proponía un consejo con capacidad para vetar cambios en determinadas políticas sobre censura, libertad de expresión y datos de usuarios y titulares de dominios. Ese poder no abarcaba, por ejemplo, la venta de la empresa. Los desembolsos del fondo comunitario propuesto seguían sujetos a aprobación del consejo de PIR.

La pregunta útil no es si habría un órgano con un nombre protector. Es qué podría impedir y qué seguiría decidiéndose fuera de él. Además, el documento era una propuesta: no demuestra que aquellas obligaciones entraran en vigor ni que permanecieran tras el fracaso de la operación.

Andrew Sullivan, entonces máximo ejecutivo de Internet Society, consideraba excesiva la actuación de ICANN. En su respuesta del 1 de mayo sostuvo que la organización había rebasado su cometido y cedido a la presión política. A la vez, reconoció su negativa como la decisión que cerraba aquel periodo de incertidumbre. La crítica pertenece a un participante en la controversia; no es una sentencia.

Así, el expediente ofrece algo más útil que una colección de vetos: permite distinguir una decisión contractual, una intervención supervisora y unas garantías aún propuestas. La discusión sobre si ICANN empleó bien su poder seguía abierta. La identidad del instrumento que utilizó, no.

Rectificación del 21 de octubre de 2026: se corrigen el estado de constitución de PIR y las descripciones de la intervención de California y la respuesta de Internet Society. Se retiran las afirmaciones sin respaldo sobre varias denegaciones y una terminación ocurridas el mismo día. Se conservan la URL original, la fecha de primera publicación y el acceso de miembros.