Resumen

  • El sistema de políticas de LACNIC registra que LAC-2026-5, versión uno, no alcanzó consenso el 11 de noviembre de 2026.
  • La convocatoria institucional para quienes poseen o usan IPv4 legado conserva el 16 de diciembre como fecha límite; su consecuencia anunciada es dejar de prestar servicios de registro en los casos descritos.

Hay una tentación burocrática muy cómoda: poner dos documentos en la misma carpeta y tratarlos como una sola autorización. LACNIC ofrece hoy una prueba de por qué esa comodidad sale cara. Su página de políticas declara sin consenso la propuesta LAC-2026-5, que habría creado una sección sobre recuperación de recursos legados no justificados. La convocatoria que el Directorio publicó el 16 de junio, en cambio, continúa pidiendo a las organizaciones titulares o usuarias de IPv4 legado que contacten al registro antes del 16 de diciembre. El primer reloj mide la suerte de una regla propuesta.

El segundo mide el plazo de una gestión institucional ya anunciada.

El texto rechazado pretendía reunir varias condiciones: acreditar el derecho de uso, participar en la formalización, anunciar y utilizar los recursos, mantener resolución inversa y actualizar tanto la información de asignaciones como el contacto de abuso. Ante un incumplimiento, el Directorio podría iniciar procedimientos de recuperación. Esa última facultad habría sido la pieza nueva del manual. El resultado de consenso impide presentarla hoy como política aprobada.

La convocatoria de junio utiliza otro mecanismo. La organización se identifica ante LACNIC; el equipo de servicios de registro orienta los pasos, solicita documentación y analiza el caso. Si no hay contacto dentro de los seis meses o no se justifica el derecho de uso tras la revisión, LACNIC dice que dejará de prestar servicios de registro a esa organización. No publica en esa convocatoria una lista de bloques recuperados, ni convierte expresamente el cese de servicios en la recuperación prevista por la propuesta fallida.

La diferencia toca la operación diaria. Un registro sin contactos fiables pierde capacidad para resolver problemas; un titular sin servicios de registro puede quedar en una posición complicada frente a terceros. Ninguna de esas realidades autoriza a borrar el paso político que separa un servicio de la disposición de un recurso. La propuesta intentaba fijar justamente ese puente. El 11 de noviembre, el sistema oficial informó que el puente no obtuvo consenso.

Faltan datos públicos sobre cuántos expedientes revisó LACNIC, qué documentos aceptó y qué servicios, si alguno, ha dejado de prestar por esta convocatoria. Un informe del Directorio después del vencimiento o una nueva versión de la propuesta permitirían evaluar la aplicación concreta. Hasta entonces, el hecho decisivo es una bifurcación: el procedimiento de contacto sigue en marcha; la cláusula de recuperación propuesta se quedó sin consenso.

Fuentes: registro de políticas, expediente LAC-2026-5 y convocatoria de recursos legados.