Summary

  • APNIC registra prop-166 como respaldada y técnicamente implementada, aunque todavía espera cambios en su Certification Practice Statement y en los términos y condiciones de RPKI.
  • La política permitiría revocar el certificado de recursos de una CA RPKI autoalojada cuando su manifiesto y su lista de revocación vigentes no puedan descubrirse y validarse durante más de 60 días.
  • La cuestión pendiente no es si APNIC puede detectar una CA obsoleta, sino si las advertencias, la decisión, las pruebas y la recuperación son suficientemente claras para los operadores.

La línea más reveladora del historial de prop-166 no es la fecha del consenso. Es la anotación del 11 de febrero de 2026: “Technical Implementation complete – Awaiting Updates CPS/RPKI ToC”. Al cierre informativo del 5 de septiembre, el índice de propuestas de APNIC todavía situaba prop-166 bajo “In Implementation”. El software puede estar listo, pero aún no consta como completada la autoridad pública que explica cuándo y cómo se utilizará.

Esa distinción es central. Prop-166 se refiere a autoridades certificadoras RPKI autoalojadas, también llamadas delegadas. En el modo alojado, APNIC administra el certificado y la infraestructura de publicación del titular de recursos. En el modo autoalojado, el titular opera su propia CA y su punto de publicación, o combina su CA con el servicio de publicación de APNIC. Obtiene control operativo, pero asume la responsabilidad de mantener utilizable la cadena de publicación.

La propuesta aborda un fallo concreto. Si APNIC no puede descubrir y validar el manifiesto y la lista de revocación de certificados vigentes de una CA autoalojada durante más de 60 días, podría retirarla como hija y revocar su certificado de recursos. El texto exige esfuerzos razonables de descubrimiento y notificaciones al operador cuando falla la validación y cuando se produce la revocación. La evaluación de impacto añade que se enviarían correos de advertencia a los contactos conocidos antes de la retirada.

El proponente presenta la medida como una reducción del desperdicio para las partes que confían en RPKI. Los validadores recorren repetidamente los puntos de publicación para obtener y validar objetos firmados. Una CA cuyo repositorio sigue averiado no aporta una carga útil vigente y validada, pero continúa consumiendo sincronizaciones, CPU, tráfico de red y atención operativa. El texto sostiene que una sola mala configuración puede provocar cientos de miles de intentos inútiles. La cifra pertenece al razonamiento del proponente; la evaluación de impacto de APNIC no publica una medición independiente.

El alcance previsto es deliberadamente estrecho. Quedan excluidas las CA RPKI de los National Internet Registries. El objetivo es la pequeña población de CA autoalojadas que permanecen sin funcionar, no un operador con una interrupción breve. APNIC convierte los «dos meses» de la propuesta en un umbral fijo de 60 días. También espera que los objetos firmados de la CA afectada, incluidas las ROA, ya hayan caducado antes de alcanzar ese plazo.

Por tanto, la revocación no se plantea como una invalidación inmediata de autorizaciones de enrutamiento todavía vigentes. Es el cierre por parte del registro de una rama abandonada o rota después de que su estado de publicación firmado haya quedado obsoleto. El titular puede volver a crear una CA autoalojada mediante el proceso normal. La medida tiene consecuencias, pero no pretende ser una exclusión permanente.

El expediente público establece el recorrido de la política. La versión 1 se publicó el 31 de julio de 2025. APNIC difundió su evaluación de impacto el 15 de agosto. La propuesta logró consenso en APNIC 60 el 11 de septiembre, completó la llamada final a comentarios el 14 de octubre y recibió el respaldo del Executive Council el 4 de diciembre. La implementación técnica se registró como terminada el 11 de febrero de 2026. Lo que el expediente aún no establece es una fecha de aplicación en producción, una cadencia definitiva de avisos, el número de CA afectadas, revocaciones ya ejecutadas o ahorros medidos para los validadores.