Resumen

  • La facultad de AFRINIC de suspender, revocar o no renovar recursos de numeración está en el Acuerdo de Servicios de Registro (RSA), cuya sección 11 se titula precisamente «Suspensión/Revocación/No renovación», y no en la constitución de la entidad.
  • La constitución de 2020 remite al contrato: su artículo 7.3 somete los «derechos contractuales sobre recursos de numeración» a los términos del RSA.
  • La vía estatutaria permite a un tribunal suspender quién administra el registro —Ley de Sociedades de Mauricio de 2001, sección 230— sin transferir el derecho contractual del titular de recursos.
  • Lo que cambia el resultado no es una orden provisional sino una sentencia de fondo: la primera congela una conducta; la segunda resuelve el derecho.
  • El expediente abierto en 2025-2026 —síndico pendiente de descargo, petición de quiebra, condición de «declared company» e intervención de ICANN— es un procedimiento en curso, no una reparación consumada de la autoridad del registro.

Dónde está escrita la facultad

La pregunta que decide casi todo en la disputa de AFRINIC no es quién tiene razón política, sino qué instrumento concede el poder. La respuesta, según los propios documentos del registro, es un contrato.

El Acuerdo de Servicios de Registro (RSA) de AFRINIC contiene una sección titulada «Suspensión/Revocación/No renovación» —la sección 11— que enumera las condiciones bajo las cuales AFRINIC puede suspender, revocar o no renovar recursos de numeración: impago de las tarifas aplicables; incumplimiento del acuerdo o de las políticas relacionadas; suministro de información falsa o engañosa; e incumplimiento de los estatutos o de las políticas (RSA, sección 11). La misma sección 11.4 extiende ese tratamiento al caso en que AFRINIC sea declarada sociedad insolvente o quede sujeta a un procedimiento similar.

Esa arquitectura tiene una consecuencia práctica que suele perderse en la narración del conflicto: el recurso de numeración no se posee por mandato constitucional. Se tiene por contrato, y el contrato define sus condiciones de extinción. Un operador de red que discute una revocación no está discutiendo, en primer lugar, un derecho de membresía; está discutiendo la interpretación de una cláusula.

Lo que la constitución delega y lo que no

La constitución de AFRINIC, en su versión de 2020, no compite con el RSA: lo señala. Su artículo 7.3 rige los «derechos contractuales sobre recursos de numeración» por los términos del Acuerdo de Servicios de Registro, de modo que sitúa la titularidad del recurso en el contrato y no en el texto constitucional (constitución de AFRINIC, artículo 7.3).

Esto ordena el debate. La asamblea de miembros puede enmendar estatutos, elegir juntas y aprobar políticas; pero la constitución misma reconoce que la relación con cada titular de recursos es contractual. Por eso los litigios sobre recursos se dirimen con lógica de incumplimiento contractual y no con lógica de derechos políticos internos. Y por eso también una mayoría de miembros, por sí sola, no reescribe la posición jurídica de un titular sin tocar el contrato.

El tribunal puede cambiar quién administra el registro

La segunda fuente de autoridad es estatutaria y externa. La Ley de Sociedades de Mauricio de 2001, sección 230, permite a un tribunal considerar insolvente a una sociedad y nombrar un síndico para administrar sus asuntos. Sobre esa base, el Tribunal Supremo de Mauricio puso a AFRINIC bajo sindicatura el 15 de julio de 2021, tras una petición de Emtel Ltd en calidad de acreedor con sentencia firme, y nombró síndico a George H. Legallant (Ley de Sociedades de Mauricio, sección 230, y sindicatura de AFRINIC).

Conviene precisar el alcance. Un síndico sustituye la administración del registro: quién firma, quién dispone, quién responde ante el tribunal. No sustituye la titularidad de los recursos asignados ni convierte al síndico en titular del derecho contractual. La sindicatura es una intervención sobre el gobierno corporativo, no una transferencia de activos de numeración —un punto que reaparece, casi cinco años después, en el argumento central de ICANN ante el mismo tribunal.

De la orden provisional a la sentencia de fondo

La disputa originaria ofrece el contraste más útil para cualquier titular de recursos. El 15 de abril de 2021, Cloud Innovation Ltd obtuvo del Tribunal Supremo de Mauricio una orden provisional que impedía a AFRINIC retirar o revocar las direcciones IP asignadas a esa entidad y modificar los registros whois correspondientes. El 31 de marzo de 2022 el mismo tribunal dictó sentencia de fondo: confirmó las transferencias, convirtió la orden en permanente, ordenó restablecer el acceso de Cloud Innovation al portal MyAFRINIC y concedió daños (orden provisional de 2021 y sentencia de fondo de 2022).

La distinción no es formal. Una orden provisional conserva la posición mientras se decide; una sentencia de fondo decide. Para un titular de recursos que enfrente una suspensión, la primera le compra tiempo y evita la pérdida inmediata del recurso; solo la segunda establece, con efecto duradero, cómo debe leerse la cláusula que la otra parte invoca. Confundir ambas es lo que convierte una victoria procesal en una falsa sensación de reparación.

La dimensión sistémica y el foro de coordinación

AFRINIC no es una sociedad cualquiera, y el propio tribunal lo ha escuchado. El 14 de octubre de 2021, ICANN presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal Supremo de Mauricio sosteniendo que la liquidación de AFRINIC representaría un riesgo significativo para la estabilidad del sistema mundial de numeración de Internet. El 20 de octubre de 2021, el tribunal suspendió por seis meses la petición de liquidación y privó de efectos los poderes del liquidador provisional (escrito de ICANN y suspensión de la petición de liquidación).

Ese episodio fijó una frontera que sigue operando. La coordinación técnica mundial tiene voz en el procedimiento, pero no es una fuente de autoridad contractual sobre recursos asignados a un titular. ICANN puede advertir sobre consecuencias sistémicas y pedir que se eviten; no puede decidir, en lugar del tribunal, cómo se interpreta la sección 11 del RSA. Mantener separadas la autoridad de coordinación, la autoridad contractual y la autoridad estatutaria o judicial es precisamente lo que evita que un problema de contrato se resuelva por aclamación.

El expediente abierto de 2025-2026

La fase actual es un procedimiento vivo, no un desenlace. Según los registros públicos disponibles, la solicitud de descargo del síndico nombrado por el tribunal está pendiente, con Cloud Innovation objetándola y pidiendo el nombramiento de otro síndico; Cloud Innovation presentó en julio de 2025 una petición de liquidación contra AFRINIC, que la entidad impugna; el primer ministro de Mauricio declaró a AFRINIC «declared company» en julio de 2025; y el 14 de mayo de 2026 el Tribunal Supremo autorizó a ICANN a intervenir en la petición de liquidación, donde ICANN sostiene que los recursos de numeración asignados por AFRINIC no son activos disponibles para distribución en una liquidación (fase 2025-2026 del procedimiento).

En paralelo, la legitimidad de la junta sigue discutida. Una elección de junta celebrada en septiembre de 2025 devolvió siete de los ocho candidatos respaldados por una coalición, pero persistían ante el Tribunal Supremo escritos que buscan invalidar el nombramiento de esos directores, de modo que el estatus de la junta electa es controvertido y no resuelto.

Nada de esto repara por sí solo la autoridad del registro. Un síndico descargado devuelve la administración, no la certeza sobre las cláusulas. Una junta reconocida por el tribunal restablece un órgano social, no reescribe el RSA. Una intervención admitida amplía el debate sobre la naturaleza de los recursos, no decide el derecho de un titular concreto frente a una suspensión concreta.

Qué observar a continuación

La prueba útil no es si el registro sigue funcionando —lo hace— sino si alguien obtiene una decisión de fondo sobre la cláusula. La ficha institucional de AFRINIC seguirá siendo el punto de referencia para los titulares de recursos de la región, pero la pregunta práctica para un operador es más concreta: ¿existe una sentencia que fije cómo se lee la sección 11, quién puede invocarla y qué debe probarse para activarla? Hasta entonces, la posición de un titular de recursos depende de medidas cautelares, acuerdos transaccionales o del cálculo de riesgo de la contraparte, no de una regla establecida.