Summary

  • Los trece programas de preparación de la FEMA suman 2.900 millones de dólares en el ejercicio 2026; las auditorías específicas de transporte y puertos se refieren a años anteriores.
  • En transporte, el GAO encontró un aviso que no describía bien cómo se puntuaba y adjudicaciones a solicitudes peor calificadas bajo un proceso de mérito anunciado públicamente.
  • En puertos, el aviso ocultaba parte de los pesos y otros factores de selección, incluida una reserva del cinco por ciento para proyectos eficaces en puertos de menor riesgo.
  • Un expediente público debe unir criterios, puntuación, excepción aplicada y adjudicación final.

Una cifra no puede hacer el trabajo de una regla

La seguridad de una estación o de un muelle cuesta dinero antes de que llegue el primer dólar federal. Una autoridad local prepara planos, identifica amenazas y reúne socios para solicitar una subvención. Si el gobierno publica una puntuación, esa cifra orienta todo el trabajo. El candidato necesita saber qué se va a medir, cuánto pesará cada factor y en qué circunstancias otro criterio podrá cambiar el orden.

El informe del GAO de noviembre de 2026 reúne una historia incómoda para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Sus trece subvenciones de preparación totalizan 2.900 millones de dólares en el ejercicio 2026. El total abarca el conjunto, incluidos programas para amenazas terroristas, desastres y grandes acontecimientos; los hallazgos detallados sobre transporte y puertos proceden de auditorías con períodos propios. La escala aumenta el costo de una regla que solo la administración entiende entera.

En transporte, el orden de llegada a la caja cambió

Entre los ejercicios 2015 y 2021, el programa de seguridad del transporte otorgó 614 millones de dólares. Al revisar las decisiones, el GAO encontró que el aviso de 2021 describía una competencia por mérito, pero explicaba mal criterios importantes como la reducción del riesgo. Hubo proyectos con menor puntuación que obtuvieron fondos mientras otros con mayor puntuación quedaron fuera.

Ningún número tiene por sí solo autoridad constitucional sobre una partida. El gobierno puede querer distribuir capacidad entre lugares o financiar una necesidad excepcional. Entonces debe escribir esa preferencia en las reglas y registrar cómo la aplicó. Una clasificación publicada seguida de una decisión tomada con otro manual deja al solicitante pagando por preparar la competencia equivocada.

La misma auditoría señaló que el modelo de riesgo de 2021 no incorporaba amenazas informáticas y que sus supuestos y pesos carecían de documentación suficiente. En la ficha oficial de recomendaciones consultada el 13 de noviembre de 2026, la recomendación sobre documentar el modelo figura cerrada e implementada. Permanecen abiertas, parcialmente atendidas, las relativas a explicar los criterios, seleccionar conforme al proceso anunciado e incorporar el riesgo informático. La FEMA ha señalado que no contaba con datos de amenazas informáticas que cubrieran a todos los solicitantes elegibles. Esa limitación debe formar parte de la explicación pública del modelo vigente.

En los puertos, el reglamento tenía un cajón extra

El estudio portuario del GAO cubre 690 millones de dólares adjudicados a 82 zonas portuarias entre 2018 y 2024. Más de la mitad fue a ocho zonas. Para 2024, la convocatoria no presentaba de manera completa o precisa los criterios y pesos del tramo de evaluación dirigido con la Guardia Costera. Tampoco detallaba todos los factores ajenos al mérito que podían influir en la decisión. Entre ellos figuraba una reserva del cinco por ciento de los fondos para proyectos muy eficaces en puertos de menor riesgo.

La reserva expresa una opción política defendible: que los puertos fuera de la cima de la clasificación de riesgo conserven cierta capacidad. El problema aparece cuando el puerto que invierte en su candidatura desconoce esa vía. Puede proponer una mejora que encaje exactamente en ella y, aun así, no tener forma de demostrarlo bajo las reglas anunciadas.

Había además una prima del 20 por ciento en la puntuación de proyectos vinculados a una prioridad nacional. El GAO constató que la FEMA no había evaluado si esa prima lograba financiar más proyectos de ese tipo. Ese 20 por ciento modifica notas; no representa una quinta parte del presupuesto. Las tres recomendaciones portuarias seguían abiertas en el registro oficial consultado para esta investigación. La pregunta para la siguiente ronda es si la prima cambia adjudicaciones reales y si cada factor que interviene aparece ya en la convocatoria.

La transparencia se prueba después de pagar

Un informe anterior sobre prioridades nacionales documentó que el Departamento de Seguridad Nacional no dejaba bien registrada la razón de ciertos cambios y que el contacto dirigido a beneficiarios era insuficiente. Las dos recomendaciones de ese caso constan hoy como cerradas e implementadas. La institución mostró que podía corregir un procedimiento; falta aplicar la misma disciplina al vínculo entre nota y dinero.

Un registro útil uniría el aviso anterior al cierre de solicitudes, sus criterios y pesos, las notas recibidas, los factores no ligados al mérito y el motivo de cada adjudicación que alteró la clasificación. Los detalles operativos sensibles pueden quedar protegidos. El rastro de la decisión sí debe sobrevivir. El dato que cambiaría la lectura de este caso sería una serie de convocatorias actuales completas y expedientes de adjudicación que expliquen, proyecto por proyecto, las diferencias entre el orden de mérito y los fondos entregados.

La FEMA puede escoger; esa es su función. También debe demostrar qué regla escogió usar. Sin esa unión, una puntuación visible sirve sobre todo a quien la publica.

Fuentes