Summary

  • Arcep exige a Orange terminar el despliegue asociado a 617 puntos de interconexión compartida y a XpFibre el de otros 105 antes del 31 de enero de 2027. Ambas empresas deberán justificar el cumplimiento antes del 1 de marzo.
  • En las áreas seleccionadas había unos 39.000 locales de Orange y 6.000 de XpFibre sin posibilidad de conexión a 1 de mayo de 2026. La fecha y el perímetro son parte esencial de la cifra.

El contrato comercial suele empezar con una dirección. El cliente la introduce en una página, recibe un sí o un no y descubre qué vale la palabra «cobertura». Las dos resoluciones que Arcep hizo públicas el 19 de octubre llevan esa pregunta al terreno donde se decide: los tramos finales de la red de fibra, detrás de 722 puntos de mutualización gestionados por Orange y XpFibre.

Orange tiene 617 de esos puntos en la nueva orden; XpFibre, 105. El regulador les exige cumplir la obligación de completar el despliegue antes del 31 de enero de 2027. Un segundo plazo, el 1 de marzo, exige aportar las pruebas. En las áreas afectadas, alrededor de 39.000 inmuebles de Orange y 6.000 de XpFibre no eran conectables el 1 de mayo de 2026. Son cifras aproximadas de esas áreas y de esa fecha. Describen el tamaño del último tramo pendiente sin convertirlo en un recuento nacional de hogares desconectados.

La selección es más precisa que un reproche genérico a la fibra francesa. Arcep dejó fuera los puntos ya tratados en las órdenes de 2024: 7.752 de Orange y 743 de XpFibre. De la nueva tanda, 583 puntos de Orange y 100 de XpFibre habían empezado su reloj de despliegue antes de mayo de 2021. Otros 34 y cinco, respectivamente, lo iniciaron entre mayo y diciembre de ese año. Para los primeros, el regulador aprecia que se ha rebasado un periodo razonable de dos a cinco años según el territorio. Para los segundos, identifica el riesgo concreto de llegar al límite con demasiadas direcciones pendientes.

Una parte del expediente de Orange gira en torno a la categoría raccordable sur demande, conexión disponible bajo petición. La empresa había aplicado esa etiqueta a unos 25.000 locales repartidos entre aproximadamente 4.800 puntos. Arcep encontró puntos donde la proporción era elevada y faltaba una explicación suficiente. Esa etiqueta determina cuánto trabajo se deja para cuando llegue un pedido. También determina qué imagen de avance recibe quien mira el balance de despliegue.

Las compañías alegaron dificultades, incluidas negativas de autoridades públicas a ciertos permisos. Arcep pide un historial: cuándo surgió el obstáculo, qué hizo la empresa, qué alternativa examinó y por qué sigue sin poder cerrar el tramo. Una solicitud lenta puede alterar la agenda de obras; sin fechas ni medidas concretas, no explica una espera que consume años.

Ahora hay dos entregas distintas. En enero debe poder comprobarse la finalización de las áreas enumeradas. En marzo debe existir un expediente que lo demuestre. Para el vecino, el desenlace tiene una forma menos burocrática: que su dirección acepte una contratación y que el cable llegue de verdad.

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