Resumen

  • Arcep propone un método de referencia, específico para cada red FttH de iniciativa pública, para objetivar los costes recurrentes de explotación y mantenimiento y facilitar su recuperación mediante los contratos de acceso existentes.
  • El modelo no modifica contratos ni impone una subida nacional. En las redes cuyo canon recurrente actual queda por debajo del coste calculado, Arcep estima que, para la mayoría de ellas, la diferencia necesaria para cubrir costes estaría entre 0,50 y 2 euros por acceso activo y mes.

La cuestión que Arcep intenta ordenar no es simplemente cuánto cuesta mantener una red de fibra, sino cómo convertir ese coste en una referencia que dos partes puedan utilizar cuando revisan las condiciones de acceso. El 15 de octubre de 2026, la autoridad publicó un proyecto de directrices tarifarias acompañado de un modelo de costes para las redes FttH de iniciativa pública. La consulta sigue abierta hasta el 16 de noviembre de 2026 a las 18:00, hora de París.

El punto de partida es una dificultad de medición. Las redes no tienen necesariamente la misma configuración, los mismos activos ni los mismos costes operativos. En lugar de proponer una cifra única para todas ellas, el modelo calcula una referencia red por red a partir de factores operativos. El objetivo es encontrar un equilibrio entre precisión y simplicidad: ofrecer una base suficientemente detallada para representar los costes relevantes sin intentar reconstruir cada acto operativo individual.

Ese diseño cambia el papel de la cifra. El modelo no pretende convertirse en una orden tarifaria universal. El proyecto es expresamente no vinculante y una parte puede utilizar otro método de cálculo si puede justificarlo conforme a los principios tarifarios aplicables. Las modificaciones contractuales tampoco se producen automáticamente: requieren negociación y una revisión adaptada al caso. Arcep recomienda abrir conversaciones cuando los costes relevantes calculados no estén cubiertos.

La propuesta llega después de una consulta realizada entre marzo y mayo de 2026. Arcep señala que incorporó comentarios recibidos modificando varios parámetros: redujo la estimación de intervenciones de mantenimiento correctivo, aumentó las tasas correspondientes a costes indirectos de mantenimiento y elevó los costes informáticos vinculados al mantenimiento y a la comercialización mayorista. El modelo, por tanto, no es simplemente una hoja de cálculo estática, sino el resultado de una primera fase de contraste con el sector.

Una de las variables decisivas es el número de líneas activas previsto. El cálculo propuesto utiliza una proyección basada en viviendas principales, viviendas secundarias y establecimientos con al menos un empleado. A esas categorías se aplican ponderaciones de 0,9, 0,25 y 0,97, respectivamente, junto con los desfases temporales indicados por Arcep de tres o dos años. Se trata de una proyección modelizada, no de un recuento observado de abonados.

Esta distinción importa porque una referencia de coste por acceso activo depende de la escala sobre la que se distribuyen determinados costes. Si cambia la base de líneas proyectadas, cambia la lectura económica del coste unitario. La cifra resultante debe, por tanto, entenderse dentro de la arquitectura del modelo y no como una propiedad aislada de la red.

La referencia utiliza además un horizonte de 25 años y los costes anuales de explotación y mantenimiento calculados para cada red. Para la comparación con el canon recurrente se aplica un multiplicador de 1,27 y se incorporan el alquiler de ingeniería civil de Orange y un componente de financiación del despliegue inicial. En el enfoque a 25 años, Arcep utiliza un coste de capital real del 8 % para derivar ese multiplicador.

La inclusión de estos elementos muestra por qué la discusión no puede reducirse a una simple suma de facturas de mantenimiento. El modelo combina una trayectoria temporal, una base de líneas proyectada, costes operativos modelizados y determinados componentes vinculados a la infraestructura. Al mismo tiempo, no pretende representar todos los costes posibles del ciclo de vida de una red.

Las simulaciones de Arcep, realizadas a partir de datos proporcionados por operadores de infraestructura, encontraron que algo más de la mitad de las redes FttH de iniciativa pública tenían un canon recurrente inferior a los costes calculados. Para la mayoría de las redes dentro de ese grupo, la diferencia necesaria para alcanzar la cobertura de costes modelizada se situaba entre 0,50 y 2 euros por acceso activo y mes.

Ese resultado tiene un alcance deliberadamente limitado. No significa que Arcep haya ordenado aumentar 0,50–2 euros en Francia, ni que todos los contratos deban modificarse en ese sentido. La cifra describe una simulación sobre un subconjunto de redes y un cambio hipotético necesario para cubrir el coste según el modelo. Tampoco equivale a una subida de la factura minorista de los consumidores: la referencia se refiere al acceso mayorista activo dentro de relaciones contractuales entre operadores.

El alcance del modelo también queda delimitado por los trabajos que no intenta absorber. Los costes de enterramiento y desvío pueden variar más de diez veces según el territorio. Arcep no los incorpora al modelo genérico porque son obras irregulares, difíciles de prever y dependientes de decisiones de las autoridades locales. Su tratamiento exige, por ello, una aproximación distinta.

Las conexiones complejas y las posibles inversiones de resiliencia también quedan fuera del trabajo genérico de costes MCO y requieren conversaciones específicas. La renovación de activos aparece como un elemento que debe seguirse para fines de costes, pero el modelo publicado no establece un importe de referencia general para ella. Estas exclusiones evitan presentar el MCO como una medida exhaustiva de todo el coste presente y futuro de una red.

La misma lógica explica por qué el proyecto puede ser útil aunque no sea jurídicamente vinculante. Una negociación de costes necesita una base que permita a cada parte identificar qué se está midiendo, qué hipótesis se utilizan y qué elementos quedan fuera. Un modelo común puede reducir parte de esa ambigüedad sin eliminar la necesidad de discutir los datos concretos de cada red.

Para el operador de infraestructura, la ventaja potencial de esa referencia está en poder presentar una estructura de costes más legible y comparable. Para el operador comercial, el mismo documento ofrece una base para examinar los supuestos que determinan el coste reclamado. El poder de negociación no desaparece: se desplaza, en parte, hacia la calidad de los datos, las hipótesis y la capacidad de justificar una metodología alternativa bajo los principios regulatorios existentes.

El despliegue nacional de fibra proporciona el contexto de escala. Arcep indicó que, al 30 de junio de 2026, el 95,3 % de los locales elegibles para fibra estaban cubiertos y que el 85,0 % de los abonados a banda ancha fija utilizaban fibra. Esas cifras describen el avance nacional, pero no demuestran por sí mismas que cada red de iniciativa pública sea económicamente sostenible.

El siguiente paso inmediato es la consulta. Arcep señala especialmente la sección 3.1.4 del proyecto para las respuestas, mientras que otras partes ya habían sido objeto de consulta. Hasta el cierre del procedimiento, la referencia sigue siendo una propuesta. Su importancia práctica estará menos en una cifra nacional que en si consigue ofrecer a las partes una forma común y defendible de hablar sobre costes específicos de red.

En ese sentido, el proyecto intenta convertir una disputa potencialmente difusa sobre recuperación de costes en una conversación más estructurada: qué líneas se proyectan, qué costes MCO se reconocen, qué horizonte se utiliza, qué componentes se incorporan y cuáles necesitan tratamiento separado. La metodología no sustituye al contrato ni a la negociación. Su posible valor reside precisamente en hacer más visible la base sobre la que ambos pueden discutir.