Resumen
- La Coral Sea Cable System se publica en cinco estados de capacidad distintos —10 Terabits/s por par de fibra, 20 por país, 40 en total, 20.000 G y 200 G encendidos— y ninguna página revisada declara el perímetro que reconcilia esas cifras. La aritmética que las cierra es mía, no del publicador.
- El único tope por megabit que he localizado para este cable físico está denominado en kina y cubre arrendamientos mayoristas bajo la ley de Papúa Nueva Guinea. En el lado salomonense hay un deber de presentar precios minoristas, una potestad discrecional de fijar topes, una tarjeta de tarifas de enero de 2020 firmada por un consultor y ninguna determinación publicada.
El mismo número, escrito de cinco maneras
La página de mercado de la Telecommunications Commission Solomon Islands (TCSI), con la nota «Last reviewed: 4 August 2026», describe el sistema como repetido y alimentado, y declara que está construido para un mínimo de 10 Terabits/s sobre un solo par de fibras, de modo que cada país tiene una capacidad potencial de 20 Terabits/s. Es el único documento revisado que imprime la cifra por par. La misma página añade, para la red doméstica, que el tramo Honiara–Noro necesita amplificación en cada extremo y tiene un máximo de 12 × 100GB/s, o 1,2 Terabits/s, mientras los demás tramos soportan 10 Terabits/s. Eso es la red doméstica, no la Coral Sea (TCSI, página del cable submarino).
El operador usa otras palabras para el mismo cable: cada país emplea dos pares de fibra desde Honiara o Port Moresby hacia Sídney, «giving each country up to 20 Terabits/s in capacity». Ni potencial, ni diseño, ni encendido: hasta (SISCC, sistemas).
Después, el Global Infrastructure Hub, con fecha 30 de noviembre de 2020, pone tres estados en tres frases seguidas: el sistema de cuatro pares tiene una capacidad total de 40 terabits/sec; cada país podrá acceder a hasta 20 terabits/sec si el cable se expande a plena capacidad; y la capacidad inicial instalada es de 200 gigabits/sec para cada país (GI Hub).
La tabla del caso de CIPE imprime «Design Capacity (Tbps): 20» al lado de «Fiber Pairs: 4», «Wavelengths per Fiber Pair: 100» y «Capacity per Wavelength (Gbps): 100», y no dice si esos 20 son del sistema entero o de un solo país (CIPE / CIPS). El informe de Caedus que está en la biblioteca de TCSI habla de una capacidad teórica de 20 Tbps y de 100 Gbps de capacidad de producción protegida (Caedus). Y el informe de John de Ridder de enero de 2020 escribe: «20,000G (2T) is available over CS2 with 200G lit now (half of which is for protection)» —con un paréntesis que se contradice en la misma cláusula, porque 20.000 G son 20 T y no 2 T (de Ridder, enero de 2020).
Cinco estados. Cuatro publicadores. Ninguna reconciliación.
La aritmética que tiene que poner un extraño
CIPE imprime, en una sola tabla, las tres celdas que hacen falta para cerrar la cuenta. Cien longitudes de onda por par multiplicadas por 100 Gbps por longitud de onda dan 10 Terabits/s por par de fibra. Diez por par por cuatro pares dan 40 Terabits/s para el sistema entero, que es exactamente el total que imprime el GI Hub: el acuerdo entre ambos es mi comprobación, no una cita. Y dos pares por país a 10 Terabits/s por par dan 20 Terabits/s por país, lo que convierte cada «20 Tbps» del corpus en la parte de un solo país. Toda esta aritmética es mía; ninguno de los documentos la escribe, y ninguna página etiqueta así su propia cifra.
La misma división sirve para el estado encendido: 200 Gbps instalados de entrada sobre 20 Terabits/s potenciales por país es el uno por ciento. Y entre la fecha de terminación impresa por el operador, 29 de noviembre de 2019, y la fecha de este artículo hay 6 años y 358 días.
Ahí está el hallazgo, y no es un error de nadie: el perímetro que hace cerrar la aritmética —dos pares por país, o los cuatro pares del sistema— no aparece escrito en la página que publica el número. Quien aporta la especificación que falta define el recurso. Si el lector supone que 20 Tbps es el total del cable, se queda con la mitad; si supone que 40 Tbps es la parte de un país, se queda con el doble. El cable no cambia. Cambia lo que el comprador cree que hay dentro.
Un cable, un tope, una tarjeta de tarifas
La parte salomonense del expediente no contiene precio mayorista. Contiene un deber: los proveedores deben presentar sus precios minoristas estándar ante la Comisión en un plazo de siete días desde que los fijan o los cambian. Contiene una potestad: la Comisión puede regular los precios de proveedores seleccionados mediante topes, una senda de precios u otros métodos, y se advierte que la Price Control Act no se aplica a las telecomunicaciones. No contiene ninguna cifra por megabit (TCSI, presentación de precios).
El aviso de licencia interina de 2 de febrero de 2020 —licencia concedida el 31 de enero de 2020— autoriza capacidad arrendada internacional y doméstica, tránsito IP y servicios de intercambio y peering a operadores con licencia, y no imprime ninguna condición de precio, tarifa ni tope (TCSI, licencia interina). El instrumento de la licencia no lo he obtenido, y un aviso sin condición de precio no es lo mismo que un instrumento sin ella.
Lo que sí hay es una tarjeta de tarifas reproducida dentro del informe del consultor, alojada en el servidor de archivos del regulador. Por Mbps y por mes, con la convención del propio informe de que todos los importes en dólares son estadounidenses salvo indicación contraria: 99 en las tres primeras bandas, de 100 a 1.999 Mbps; 77 entre 2.000 y 2.999; 64 entre 3.000 y 3.999; 57 entre 4.000 y 4.999; 50 entre 5.000 y 6.999; 40 entre 7.000 y 9.999; y 30 entre 10.000 y 19.999. La columna BWM imprime 10,0, 5,1 y 3,0 en los cortes de 1G, 5G y 10G.
La red doméstica arranca en 1.000 Mbit/s por 12.500 mensuales, marcado «INCLUDED WITH INTERNATIONAL», y llega a 10.000 Mbit/s por 31.250, con 13,00 y 10,00 dólares por Mbps en contratos a uno y tres años que bajan a 3,13 y 2,50 en el tramo de 10 Gbps. El informe propone además precios por tráfico: CS2 básico 25.000 dólares al mes más 18 centavos por GB, con entrada a 45 centavos; y SIDN básico 6.000 dólares al mes más 1,5 centavos por GB, con entrada a 5 centavos.
Un informe de un consultor no es una determinación. Y el mismo informe atribuye a NICTA, el regulador de Papúa Nueva Guinea, un precio inicial de 54 dólares por Mbps (K185 por Mbps); esa cifra es de Papúa Nueva Guinea y no debe leerse jamás como un precio salomonense.
Al otro lado de la frontera, el regulador sí imprime un instrumento. La Service-specific Pricing Principles (Submarine Cable Services) Determination 2019 de NICTA, Compilación n.º 1 con fecha de compilación 23 de diciembre de 2020, fija en su Anexo 1 precios medios máximos por Mbps y por mes: K209 desde la fecha de entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020; K198 (indicativo) para 2021; K145 (indicativo) para 2022; K104 (indicativo) para 2023. La nota final 1 dice que esos máximos son para todos los sistemas internacionales de cable submarino, y nombra expresamente APNG-2, PPC-1, Kumul y la Coral Sea Cable System. La nota final 3 dice que todos los precios medios máximos se basan en una venta media de capacidad de 1.000 Mbps. El cuerpo del texto sitúa la entrada en vigor el 1 de enero de 2021 mientras el primer período del anexo termina el 31 de diciembre de 2020: la contradicción está impresa y la reproduzco sin alisarla (NICTA).
Con esa base, la multiplicación es mía: 1.000 Mbps por K209 da K209.000 al mes por un arrendamiento de 1 Gbps bajo el supuesto que el propio regulador escribe en su nota final. En la tarjeta de 2020, la misma operación da 99.000 dólares al mes en la banda de 99 y 30.000 en la de 30. Y la senda indicativa baja un 5,3 por ciento de K209 a K198 y un 50,2 por ciento hasta K104; el adjetivo «indicativo» es del regulador.
La consecuencia es incómoda y es la historia: el único número operativo por megabit que he localizado para este cable físicamente único está denominado en la moneda de un vecino y se aplica a arrendamientos mayoristas bajo la ley de ese vecino. La parte salomonense es asesoría de enero de 2020, explícitamente no una determinación. Un cable, dos regímenes de precio, y el precio que obliga no es el del país donde está el comprador.
Cuatro formas de escribir lo que costó
El 19 de junio de 2018, el Ministerio de Asuntos Exteriores australiano anunció la adjudicación del contrato de 136,6 millones de dólares al socio de ejecución Vocus, con Australia entregando y financiando mayoritariamente los cables y una coaportación financiera de Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón (Ministerio de Asuntos Exteriores). Es el valor de un contrato de construcción; el publicador no escribe ningún código de moneda más allá del signo del dólar.
El 28 de septiembre de 2018, DFAT puso la fórmula: Australia financia mayoritariamente mediante ayuda oficial al desarrollo y los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón contribuyen conjuntamente hasta un tercio de los costes del proyecto (DFAT). Es un techo sobre una aportación conjunta. No hay importe en dólares y no hay reparto entre los dos Estados.
El GI Hub, en 2020, dio el presupuesto del programa: unos 200 millones de dólares australianos, 131 millones de dólares estadounidenses de 2019, con dos tercios australianos y un tercio conjunto. La tabla de CIPE da una tercera cosa: coste del proyecto «K324 million or US$93 million», junto a «AU$137 million». Las dos celdas de la misma fila no son compatibles entre sí a tipos de cambio plausibles, y las reproduzco como están impresas en lugar de promediarlas.
Y sobre un solo pago hay una contradicción de moneda que nadie ha resuelto: la página de inicio de SISCC dice que los accionistas compraron sus acciones por «a combined value of $29.7M USD», mientras CIPE dice que los accionistas pagaron «AU$29.7 million (K72.6 million)» para financiar la coaportación salomonense (SISCC, inicio). Es una suscripción de capital, no el coste total del proyecto. El presupuesto del programa, el valor del contrato de construcción y la fila de la tabla del caso son tres afirmaciones distintas sobre tres perímetros distintos, y este artículo no las suma ni las divide entre sí.
Lo que el corpus examinado no imprime
Una ausencia es un recuento sobre documentos nombrados, leídos el 22 de noviembre de 2026, no una afirmación sobre lo que una organización pueda hacer.
- Ninguna página revisada declara el perímetro de pares de fibra que reconcilia las cifras de capacidad; la reconciliación es aritmética de un extraño.
- Ninguna página revisada imprime una determinación, un tope, una senda de precios ni una tarifa mayorista de capacidad para el lado salomonense con período, moneda y parte contratante.
- No obtuve el instrumento de la licencia interina; que el aviso no imprima condición de precio no equivale a que el instrumento no la contenga.
- Ninguna página revisada imprime capacidad de diseño, teórica ni instalada para el segundo cable, ACS-1.
- Ninguna página revisada imprime las aportaciones efectivamente liquidadas por Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón bajo la fórmula conjunta de hasta un tercio, ni reparte esa aportación entre ambos Estados.
- Ninguna página revisada imprime el precio mayorista que SISCC cobra hoy, ni el que cobró en ningún año posterior a 2020.
- Ninguna página revisada define el sustantivo de capacidad que imprime: si la cifra cuenta capacidad proyectada, protegida, encendida o vendible no se puede resolver con este corpus. Un diseño no es capacidad encendida, y 200 Gbps encendidos no son capacidad vendible libre.
- Los encabezados de la tabla de tarifas de 2020 no llevan unidad ni período explícitos en el texto disponible; la convención en dólares estadounidenses viene de la prosa del informe, no de la tabla.
- Ninguna página revisada dice quién, aparte de SISCC, fija o aprueba hoy el precio mayorista salomonense; el expediente muestra una objeción registrada a una regulación que no muestra haber sido dictada.
- Límites de lectura: tres de estos documentos se leyeron como el texto que sus publicadores exponen en línea y no como el PDF maquetado; el estudio de caso del GI Hub estaba truncado cerca del final; y un comunicado de la Alta Comisión australiana en Honiara no devolvió texto legible y no se usa como fuente. Una celda vacía no es un cero y una cifra no localizada no es una prueba de que no exista.
Lo que un comprador puede realmente sostener
Un comprador que hoy pregunte por la capacidad de este cable se lleva tres cosas. La primera: el perímetro. Tiene que aportarlo él, porque ninguna de las páginas que publican la cifra lo escribe. La segunda: que la capacidad de diseño no es capacidad encendida. El uno por ciento que calculé arriba es mi división de dos cifras del GI Hub, y describe la distancia entre lo que el cable está construido para llevar y lo que llevaba al entrar en servicio, no la capacidad que queda por vender. La tercera: que la única cifra obligatoria por Mbps que he encontrado para este cable pertenece a otro país.
Y hay un segundo cable en camino, que no es el mismo. ACS-1 es el segundo cable internacional de las Islas Salomón: financiado por AIFFP con un paquete de subvención y préstamo de 72,71 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente 104 millones de dólares australianos, compuesto por una subvención de 71,9 millones y un préstamo de 31,9 millones, más 1,8 millones del Pacific Climate Infrastructure Financing Partnership para generación y almacenamiento eléctrico fuera de red. Son 1.015 kilómetros que se interconectan con el sistema Bulikula de Google, lo entrega la Solomon Islands Submarine Cable Company y su terminación está prevista para finales de 2027 (AIFFP). El contrato de la estación de aterrizaje modular de DXN ronda los 1,2 millones de dólares australianos y su entrega está prevista para abril de 2027 (Data Center Dynamics). Ningún documento revisado imprime una capacidad para ACS-1. Un segundo cable sin capacidad publicada es una resiliencia que todavía no se puede medir en bits por segundo.
La obligación de publicar el perímetro y el precio mayorista operativo recae en la capa que lleva el registro en cada jurisdicción que vende el cable. Cuando esa capa deja el perímetro implícito, la potestad de definir el recurso se desplaza a quien aporte la especificación que falta. Y un regulador que imprime un deber de presentación y una potestad discrecional de fijar topes, pero ninguna determinación publicada, ha cumplido la superficie administrativa sin producir el registro del que se pueda responder.
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