Resumen

  • Una sola comunicación podría abrir el trámite para trabajar en varios países. Pero una infracción grave también podría llevar a retirar el derecho a operar en todos los países cubiertos por ese pasaporte.
  • La autoridad receptora tendría una semana para confirmar el aviso y explicar las reglas. Seguirían pendientes los derechos de uso necesarios, y otros reguladores conservarían capacidad de sancionar. El proyecto aún no está aprobado.

Hacer el trámite una vez y tener que responder dos veces por la misma infracción: ese es precisamente el riesgo que DIGITALEUROPE pide evitar. La asociación respalda la dirección del pasaporte europeo, pero reclama que no se dupliquen registros ni procedimientos sancionadores. Advierte sobre un riesgo del diseño; no denuncia sanciones ya impuestas bajo este sistema.

La propuesta de Digital Networks Act ofrece una facilidad concreta: comunicar los planes una sola vez y recibir en una semana una confirmación con las condiciones de los países previstos. Después llega la parte menos cómoda del pasaporte: una infracción grave puede costar el derecho a operar en los países cubiertos, mientras otras autoridades conservan sus propias facultades de sanción.

Para la empresa, conocer esa distribución antes de entrar en otro mercado importa tanto como saber dónde presentar los papeles. El permiso de una autoridad no borra a las demás. Los Estados ya discuten si el reparto propuesto será suficientemente claro, y el documento tampoco concede las frecuencias necesarias para funcionar.

Elegir dónde notificar no equivale a elegir todas las reglas

El artículo 11 atribuye al regulador del país de notificación la facultad de sancionar infracciones de las condiciones de autorización. Una infracción grave podría llevar a retirar el derecho a operar en los países cubiertos por el pasaporte, con consultas cuando sean necesarias.

Pero el regulador de un país donde se presta el servicio también podría sancionar dentro de su jurisdicción si considera que una infracción puede perjudicar gravemente su seguridad nacional o el interés público. No tendría que esperar a que ese daño ya estuviera consumado. El proyecto preserva además las competencias de los Estados para aplicar la legislación correspondiente.

Este reparto explica parte de las reservas recogidas en el informe del Consejo del 2 de junio: complejidad, inseguridad jurídica, búsqueda de la jurisdicción más favorable y dudas sobre supervisión y cumplimiento. En la reunión ministerial del 9 de junio, hubo respaldo a los objetivos generales, pero también acuerdo en que el pasaporte necesitaba más trabajo. Son preocupaciones de la negociación, no pruebas de que un sistema ya operativo haya fallado.

Qué ocurriría durante esa semana

Según el artículo 10 del texto oficial remitido al Consejo, el proveedor notificaría a la autoridad de uno de los países en los que pretende operar. No podría escoger un país completamente ajeno a sus planes. Esa autoridad enviaría la notificación al futuro Office for Digital Networks, ODN, que informaría sin demora indebida a los demás países de prestación. Si el proveedor ampliara su cobertura territorial, también serían informados los países donde ya opera.

La autoridad receptora tendría una semana desde la presentación para confirmar la autorización. La respuesta debería incluir las condiciones de autorización general y los derechos y obligaciones de los países previstos; en una ampliación, los de los países adicionales. El texto permitiría empezar la actividad una vez confirmada la notificación, sujeto a los derechos de uso que fueran necesarios. No promete asignar frecuencias, números ni clientes en siete días.

El sistema actual ya evita un paso: dentro del régimen de autorización general, el proveedor no tiene que esperar una decisión administrativa separada que le conceda permiso para ejercer los derechos previstos. Puede empezar después de comunicar su actividad, cuando se exige esa comunicación, aunque siga necesitando determinados derechos de uso. Lo establece el artículo 12.3 del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas vigente. La novedad del pasaporte se concentra en organizar el aviso entre países, no en eliminar por primera vez una licencia previa generalizada.

La información nacional seguirá haciendo falta

El artículo 9 mantiene condiciones sobre resiliencia, comunicaciones de emergencia, ciberseguridad, acceso legal a datos, integridad e interconexión, según corresponda al proveedor. Las condiciones adicionales del espectro y la numeración siguen su propio cauce. Quedan fuera los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración: no es un permiso universal para negocios digitales.

Cada país tendría un punto de contacto único que mantendría al día la información jurídica y procedimental y se comunicaría con ODN. BEREC elaboraría orientaciones sobre las condiciones y sobre el modelo de notificación dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor. Esa entrada en vigor todavía no tiene una fecha que pueda darse por hecha.

El artículo 12 tampoco elimina las tasas administrativas. Limita los costes recuperables y exige criterios objetivos, transparentes y proporcionados, con exenciones para determinadas actividades de escasa dimensión. Las autoridades publicarían cada año costes e ingresos y ajustarían las diferencias.

ODN mantendría una base pública de notificaciones, actualizada por las autoridades receptoras al menos cada dos meses. Serviría para consultar lo declarado, no para acreditar que una red está funcionando. Las notificaciones anteriores a la fecha transitoria propuesta —seis meses tras la entrada en vigor— no tendrían que repetirse. Los proveedores podrían incorporar sus servicios existentes al pasaporte; los nuevos despliegues utilizarían el procedimiento nuevo.

La ficha del Parlamento Europeo, revisada el 19 de octubre, sigue pendiente de decisión en comisión. Las ventajas que expone la Comisión Europea son por ahora propósitos, no ahorros medidos.

Lu Heng plantea en su Nota 64 una coordinación de Internet apoyada en reglas técnicas comunes mínimas, decisiones locales y adopción voluntaria. La comparación ayuda a preguntar qué conviene compartir y qué puede quedar cerca de quien presta el servicio. No convierte en voluntaria la legislación europea ni explica la intención del legislador. El pasaporte tendrá que resolver su propio problema: simplificar la entrada sin volver confusa la responsabilidad.