Resumen

  • Cualquier persona afectada —remitente, destinatario previsto u otra parte— puede impugnar el bloqueo y acudir a su propio operador si no sabe quién lo aplicó.
  • Como Ofcom no exige avisar de cada bloqueo automático, los proveedores deben buscar falsos positivos por iniciativa propia y no limitarse a contar reclamaciones.

Un mensaje que no llega no siempre deja constancia para quien lo esperaba. El destinatario puede creer que nadie lo envió; el remitente puede ignorar qué red lo detuvo. La decisión definitiva de Ofcom, publicada en julio de 2026, introduce dos salvaguardas frente a ese problema: un procedimiento de impugnación y apelación, y una obligación de detectar errores incluso cuando no llega ninguna queja. Una vía depende de que alguien advierta el fallo; la otra debe cubrir los bloqueos que pasan inadvertidos.

La condición general C9.17 permite que cualquier persona afectada impugne el bloqueo de un número o mensaje. Ofcom menciona expresamente al remitente y al destinatario previsto. La persona puede dirigirse a su propio proveedor o al que bloqueó el mensaje. En una cadena de entrega que atraviesa varias redes, esa opción evita exigir al usuario que identifique primero el punto exacto donde se tomó la decisión. El operador del cliente debe tomar medidas razonables para resolver el caso, en vez de enviarlo de una empresa a otra.

El mecanismo incluye una revisión específica y una apelación. Puede terminar en el desbloqueo de un número o mensaje cuando sea apropiado y posible. No garantiza que se entregue todo mensaje legítimo ni que se reenvíe el que quedó bloqueado durante la revisión. Tampoco convierte automáticamente la impugnación en una reclamación ordinaria bajo la condición C4 ni crea un derecho específico a recurrir a la resolución alternativa de conflictos. Ofcom mantiene separados esos procesos.

La otra salvaguarda importa precisamente cuando nadie reclama. Ofcom descartó exigir que se notifique a los remitentes cada bloqueo automático contemplado por la regla: un aviso podría revelar a los estafadores qué control los detuvo. Esa decisión hace más difícil descubrir un error silencioso. La condición C9.26 obliga por eso a los proveedores sujetos a las reglas de bloqueo pertinentes a mantener sistemas eficaces para identificar y vigilar falsos positivos, y a actuar con rapidez cuando los detecten.

Ofcom advierte que los recursos, consultas y quejas no deben ser la principal forma de calcular los errores: una persona puede no llegar a saber que su mensaje fue bloqueado. Espera controles proactivos, con herramientas automáticas, revisión humana o análisis periódico de mensajes retenidos y patrones de tráfico. Las respuestas a las solicitudes de información de mayo de 2026 mostraron prácticas dispares. Algunos proveedores dijeron hacer comprobaciones manuales al menos a diario; otros parecían carecer de un proceso proactivo y enterarse de los errores solo tras una queja.

Esas respuestas revelan diferencias de supervisión, no una tasa nacional comparable de fallos.

La obligación directa de seguimiento se aplica al ámbito definido para quienes bloquean; la guía excluye de C9.26 a los agregadores de niveles inferiores. Los proveedores también deben publicar una política de impugnación accesible y explicar cuándo puede bloquearse un mensaje y cómo recurrir, aunque no tengan que avisar de cada bloqueo automático.

La guía de Ofcom añade plazos de conservación: las comunicaciones sobre una impugnación deben guardarse durante doce meses desde su conclusión; los incidentes de falsos positivos y las medidas adoptadas, durante dos años. La entrada en vigor también se divide por canal. Las disposiciones P2P comienzan el 18 de enero de 2027 y las A2P, el 15 de julio de 2027. Operadores, agregadores y remitentes empresariales tienen que identificar quién bloquea, quién recibe una impugnación y qué equipo puede corregir un filtro que repite el mismo error.

Fuentes