Resumen

  • Los artículos 151–153 de la Crime and Policing Act 2026 entran en vigor el 29 de octubre y crean delitos distintos de posesión y suministro, cada uno con su propia defensa.
  • Cinco tarjetas no convierten por sí solas un aparato en una granja de SIM: debe poder usarlas para llamar o enviar o recibir mensajes. La defensa del proveedor exige además comprobar al destinatario y dejar constancia antes de entregar el equipo.

Para un distribuidor, la nueva fecha cambia primero una carpeta de venta: hay que comprobar al destinatario y dejar constancia antes de entregar ciertos equipos. Esa obligación solo se entiende al mirar el aparato. Desde el 29 de octubre, la ley británica separa la capacidad de llamar o intercambiar mensajes del uso legítimo que puede justificar la posesión.

El artículo 153 de la Crime and Policing Act 2026 define una granja de SIM como un dispositivo capaz de usar cinco o más tarjetas SIM, a la vez o de forma intercambiable, para llamar a números asignados conforme a planes nacionales o internacionales, o para enviarles o recibir mensajes. La recepción también cuenta. La definición alcanza equipos capaces de recibir códigos de verificación, aunque nunca hayan enviado una campaña masiva de mensajes. No exige que ya se haya consumado un fraude.

Los artículos 151 y 152 tipifican la posesión y el suministro. Quien posee el equipo puede defenderse si demuestra un motivo legítimo o autorización legal. La ley menciona la radiodifusión, la operación o mantenimiento de transporte público, las redes de comunicaciones electrónicas y el seguimiento de mercancías. Son ejemplos, no una lista cerrada.

La frontera se ve en el trabajo real. El Home Office explica que un codificador de vídeo Bonded-IP puede albergar más de cinco SIM y quedar fuera de la definición cuando transmite vídeo, audio o datos de programa y no puede hacer llamadas ni enviar mensajes. Si el equipo sí reúne la definición, una emisora todavía puede tener un motivo legítimo para poseerlo. También pueden tenerlo los equipos de conectividad de trenes o de seguimiento de carga, incluso cuando el hardware permite llamadas o mensajes.

La defensa de quien suministra el aparato es distinta. Antes de entregarlo, el proveedor debe actuar en el curso de un negocio o haber tenido un motivo legítimo o autorización para poseerlo; tomar medidas razonables para comprobar que el receptor podrá poseerlo con motivo legítimo o autorización; y crear un registro. El artículo 152 especifica fecha, descripción del equipo, nombre del receptor y número de registro cuando corresponda, domicilio y domicilio social si procede, además de las comprobaciones realizadas. La condición empresarial por sí sola no completa la defensa.

La guía del Home Office dice que no hace falta una licencia para poseer o suministrar legalmente estos equipos. La ley no criminaliza un estante con muchas SIM por su aspecto: define una capacidad técnica, un propósito de comunicación y una cadena de suministro que debe dejar pruebas.

En el día de entrada en vigor falta una pieza judicial: cómo valorará un tribunal un dispositivo que conserva técnicamente la capacidad de llamar o enviar mensajes, pero la tiene desactivada en una configuración concreta. La ley habla de capacidad; los primeros expedientes mostrarán qué valor concede a esa configuración.

Fuentes