Resumen

  • El Gobierno surcoreano aprobó el 20 de octubre una reforma que elimina la exclusión de los organismos públicos de la divulgación obligatoria de recursos de seguridad informática. Entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
  • La obligación alcanzará a todas las sociedades cotizadas en KOSPI y KOSDAQ sin umbral de ingresos, salvo las sociedades instrumentales de adquisición. Las pequeñas empresas tendrán hasta el 1 de enero de 2029.

Pedir cuentas de seguridad a un proveedor resulta cómodo cuando las propias están guardadas bajo llave. Corea del Sur acaba de cambiar esa comodidad. El anuncio original del Ministerio de Ciencia y TIC explica que el decreto aprobado por el gabinete el 20 de octubre elimina las excepciones para organismos públicos, entidades financieras y empresas de finanzas electrónicas. También incorpora a quienes están obligados a obtener la certificación ISMS.

El cambio alcanza al mercado bursátil. Desaparece el requisito previo de facturar al menos 300.000 millones de wones: las compañías cotizadas en KOSPI y KOSDAQ quedarán incluidas con independencia de sus ingresos. La excepción expresamente indicada son las sociedades de adquisición con propósito especial. La entrada en vigor general será el 1 de enero de 2027; para las pequeñas empresas definidas por la normativa, el plazo se desplaza dos años, hasta 2029.

La información publicada abarcará inversión y personal de seguridad, certificaciones, evaluaciones, inspecciones y actividades. Son datos sobre capacidad y trabajo, no un simple lema de confianza. En los servicios públicos digitales, la pregunta que ahora tendrá una respuesta visible es bastante terrenal: ¿quién paga la protección y cuántas personas se ocupan de ella?

Hay otra modificación que puede mover la frontera de la obligación. El promedio diario de usuarios se medirá sobre todo el año anterior en vez de sobre sus tres últimos meses. Para negocios con demanda estacional, el calendario del cálculo importa. El ministerio promete una guía actualizada, asesoría y formación presencial y en línea para los nuevos declarantes.

El documento ministerial no estima cuántas entidades adicionales presentarán información ni cuánto aumentará el gasto de seguridad. Esas cifras aparecerán, si se publican, en el primer ciclo. Lo que ya está decidido es quién deberá abrir el libro: también las instituciones públicas y las cotizadas que antes quedaban por debajo del umbral de ventas.

Fuentes