Resumen

  • La propuesta neozelandesa permitiría suspender durante el tiempo estrictamente necesario una solicitud de portabilidad con indicios razonables de fraude; la demora tendría que revisarse, notificarse y quedar documentada.
  • La devolución de un número tras una portabilidad no autorizada seguiría otro criterio: la falta de prueba de autorización dentro de los plazos actuales. Ambos cambios siguen en consulta.

Análisis

El control antifraude no debe convertirse en una demora sin fecha

Conservar un número al cambiar de compañía reduce el coste de salida. Evita que una persona tenga que actualizar sus contactos, cuentas bancarias y servicios cada vez que busca otra tarifa o cobertura. La misma relación entre número e identidad puede explotarse: quien consigue transferir una línea ajena puede recibir mensajes de recuperación y bloquear al titular de otros servicios.

La Commerce Commission de Nueva Zelanda ha propuesto ajustes a las reglas de portabilidad local y móvil para equilibrar esos riesgos. El régimen vigente expira el 19 de diciembre de 2026. El nuevo borrador empezaría el día 20 y duraría cinco años, con la posibilidad de terminar antes si el servicio dejase de estar designado. La Comisión sostiene que mantener la regulación probablemente favorece la competencia porque hace menos costoso cambiar de proveedor.

Una de las enmiendas permitiría a un proveedor o portador detener temporalmente una solicitud cuando tenga motivos razonables para creer que está, o puede estar, vinculada a fraude, estafa o portabilidad no autorizada. No sería una autorización general para retener a quien quiere irse. La interrupción tendría que limitarse al periodo mínimo razonablemente necesario para validar la solicitud, proteger al cliente o investigar. La comprobación comenzaría sin demora y la pausa acabaría cuando desaparecieran sus motivos.

El borrador fija un punto de escalamiento después de dos días hábiles. Si la medida continúa, una persona con autorización suficiente tendría que revisarla y aprobarla; después debería volver a revisarse al menos una vez cada día hábil. El punto importante es que el proveedor no puede descansar indefinidamente en la primera alerta. Conforme pasa el tiempo, alguien responsable debe volver a valorar el caso con información actualizada.

La decisión también tendría que dejar rastro. El expediente incluiría los motivos, la información utilizada, el inicio y el cierre de la suspensión, cada revisión, las medidas de verificación o protección, el aviso al cliente y el resultado. Se conservaría durante doce meses y se entregaría a la Comisión o a la Enforcement Agency si la solicitan. El cliente recibiría cuanto antes información sobre cómo verificar o completar el traslado, salvo que el aviso pudiera perjudicar la prevención del fraude, su protección o una investigación.

Si la comunicación se aplaza, el motivo debe registrarse y el aviso debe darse cuando deje de existir ese riesgo.

Autenticarse y autorizar el cambio no son lo mismo

La propuesta también haría de la autenticación de dos factores el método predeterminado para portabilidades móviles. El proveedor receptor solo podría continuar sin ella bajo una excepción admitida en el manual operativo o con una justificación razonable y documentada. La Enforcement Agency podría revisar después esa decisión. Además, el nombre del cliente sería un campo obligatorio en todas las solicitudes móviles. La Comisión pide observaciones sobre las dificultades prácticas para servicios prepago, cuyos proveedores quizá no tengan tantos datos personales.

Un nombre permite identificar a la persona que figura en la solicitud; el segundo factor comprueba el acceso a un canal; la autorización del cliente demuestra que aceptó ese traslado concreto. El borrador no convierte un dato de identidad en prueba completa de consentimiento. Separar estas funciones ayuda a tratar tanto un falso positivo como una apropiación real.

La devolución de un número que ya se transfirió tiene otra secuencia. El proveedor cedente y el receptor deberían colaborar para confirmar si existió una autorización válida y restaurar el número con rapidez cuando no la hubo. La Comisión descartó que bastara la creencia de una parte: una reversión también puede cortar un traslado legítimo y no define quién forma esa opinión ni con qué base. La propuesta emplea un disparador objetivo.

Si el proveedor receptor original no presenta la prueba de autorización dentro de los plazos que ya figuran en las condiciones actuales, eso bastaría para considerar la transferencia no autorizada e iniciar su reversión. No se exigiría al cedente demostrar que nunca existió autorización.

Los informes muestran cuánto se usa la excepción

Dos veces al año, cada proveedor y operador informaría a la Comisión del número de suspensiones, su duración y desenlace, incluida la cantidad que superó los dos días hábiles. El borrador modificaría además las estadísticas públicas para reflejar el cumplimiento de los niveles de servicio que afectan al cliente, desglosados por proveedor receptor y cedente, tipo de portabilidad y actualizaciones de red. Cada transferencia contaría, incluso si el mismo número se trasladó antes. La Comisión no exige por ahora datos públicos por proveedor, aunque puede pedirlos en su labor de supervisión.

Las observaciones sobre el borrador vencen a las 17:00 del 6 de noviembre de 2026. La consulta pregunta si los resguardos bastan para que una pausa no retrase cambios legítimos y si el reporte semestral es adecuado. La respuesta debería aclarar cómo se detectan los casos abusivos sin crear una espera opaca para todos los demás.

Fuentes