Resumen

  • En el primer periodo informaron 770 centros de datos, alrededor del 36 % del total estimado sujeto a la obligación; la cobertura parcial y los indicadores incompletos limitan lo que puede demostrar un promedio europeo.
  • La consulta sobre estándares mínimos estará abierta hasta el 14 de diciembre de 2026 y la Comisión prevé presentar una propuesta legislativa en el segundo trimestre de 2027. Los valores PUE y WUE recomendados en su informe todavía no son límites legales.

La diferencia entre una etiqueta y una obligación

Europa afronta dos preguntas distintas aunque puedan aparecer juntas en una ficha de desempeño. Una es cómo hacer visibles el consumo energético y el uso de agua de los centros de datos. Otra es qué rendimiento mínimo debería exigirse por ley. El 21 de septiembre, la Comisión Europea avanzó un esquema común de calificación y abrió por separado una consulta sobre estándares mínimos. Recibirá aportes hasta el 14 de diciembre de 2026 y tiene como objetivo presentar una propuesta legislativa en el segundo trimestre de 2027. Una etiqueta describe datos reportados.

Un umbral obligatorio puede cambiar qué instalaciones invierten, se modernizan, amplían o consiguen operar. Confundir ambos pasos presentaría una decisión pendiente como si ya estuviera tomada.

La primera ronda europea ofrece un mapa parcial. La Directiva de Eficiencia Energética exige reportes a los centros con una demanda de potencia instalada de tecnología de la información de al menos 500 kW. Para el primer periodo, de mayo a septiembre de 2024, la Comisión contabilizó 770 instalaciones, cerca del 36 % del total estimado que debía informar. Seis Estados miembros no presentaron ningún centro y otros cinco presentaron menos de tres. La Comisión anonimiza los datos, de modo que el público no puede vincular cada observación con una instalación concreta ni reconstruir por su cuenta la cobertura en cada lugar.

La Comisión considera que la muestra sirve como inicio y anticipa más reportes. Es una lectura razonable: la primera ronda permite detectar definiciones inconsistentes, prácticas de medición débiles y tecnologías que merecen estudio. Pero una muestra de alrededor de un tercio del universo obligado no puede transformarse silenciosamente en el sector completo. Un promedio nacional basado en pocos centros puede describir con precisión esos registros y representar mal las instalaciones que operan en el país. La ausencia de datos no prueba mal desempeño; tampoco demuestra eficiencia.

Cobertura y calidad son dos problemas

La evaluación de calidad consideró fiables el 70,1 % de los datos reportados. No significa que ese porcentaje de centros esté certificado como fiable. Se refiere a valores que superaron controles de plausibilidad y coherencia. Además, el número de observaciones cambia según el indicador porque algunos centros no entregaron todo el conjunto de métricas. La cobertura y la calidad deben leerse por separado: un dato presentado puede ser consistente mientras numerosos centros siguen sin aparecer; un informe completo también puede incluir una medición que necesite revisión.

Antes de usar esos valores para fijar una obligación, el regulador debería publicar el denominador de cada comparación, qué indicadores entregó cada centro, cómo trató los datos ausentes y qué composición tiene la muestra por tamaño, antigüedad y ubicación. Sin esas bases, una comparación con un umbral puede aparentar una certeza que los datos no sostienen.

Los indicadores miden cosas diferentes. El PUE divide la energía total de la instalación por la energía de sus equipos informáticos; cuanto más alto, más energía se destina a sistemas distintos de la carga de TI. El WUE relaciona el agua de entrada con la energía de los equipos informáticos. El informe de 2026 sitúa el PUE medio reportado en 1,36. También indica que aproximadamente la mitad de los centros que informaron supera una referencia PUE recomendada de 1,5 y/o una referencia WUE recomendada de 0,4. Aquí “superar” significa obtener un valor menos favorable.

Son referencias recomendadas en el análisis de la Comisión, no límites jurídicos adoptados.

El WUE depende especialmente de qué se incluye. Su promedio ponderado, 0,58, se calcula con 458 centros que presentaron valores fiables y distintos de cero. Se excluyeron los centros que usan refrigeración seca. La cifra describe ese subconjunto, pero no necesariamente la presión hídrica de todo el parque ni la de una cuenca concreta. El clima, el tamaño de la instalación, la tecnología de refrigeración y la disponibilidad local de agua cambian la lectura.

Un WUE bajo a escala europea no demuestra que una instalación sea inocua en una cuenca con estrés; un valor alto tampoco prueba por sí solo que el operador pudiera usar una alternativa técnica y localmente viable.

El calor residual muestra otra limitación. Solo 67 centros informaron algún uso del calor en el primer periodo. La Comisión estimó que se reaprovechó cerca del 1,8 % del calor generado, pero advirtió que las lagunas y algunos valores difíciles de validar pueden hacer que la estimación no represente a toda la UE. La recuperación requiere inversión, una red para transportar el calor, un comprador próximo y coincidencia entre la oferta y las horas en que existe demanda. Una norma que premie el calor reutilizado sin considerar esas condiciones puede puntuar la geografía y la infraestructura colectiva como si fueran decisiones del operador.

La responsabilidad debe seguir al control

El informe reconoce un problema particular de la colocalización: el operador puede no tener todos los indicadores de los equipos informáticos controlados por sus clientes. Si una obligación depende de datos que solo el inquilino puede producir, el operador corre el riesgo de recibir una sanción sin poder observar o modificar el factor medido. La solución no es excluir de forma automática a los centros de colocalización. Hace falta acordar cómo se comparten los datos, quién controla cada medición y qué evidencia se acepta cuando no se puede obtener la información del cliente.

La secuencia regulatoria aumenta las consecuencias de un error. El Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 organiza los reportes. El nuevo esquema de calificación convertirá información reportada en una etiqueta pública. Los estándares mínimos añadirían un umbral de cumplimiento. Un dato imperfecto puede producir primero una comparación engañosa, luego una referencia débil y finalmente una decisión de inversión o fiscalización.

La Nota 71 de Heng Lu, “El espejo de la política”, sirve aquí como método editorial, no como fuente del derecho europeo: leer el instrumento para saber qué cree una institución que puede medir y gobernar, y luego contrastarlo con la operación. La pregunta no es si la Comisión puede perseguir la eficiencia energética. Es si cada indicador puede observarse, compararse y atribuirse al actor al que se exige mejorar.

La página del estudio de la Comisión dice que el trabajo preparatorio empezó a fines de enero de 2026 y durará unos 24 meses, mientras que el objetivo para la propuesta es el segundo trimestre de 2027. Esa diferencia abre una pregunta útil para la consulta: ¿qué decisiones se sostienen con los dos primeros ciclos y cuáles requieren más validación? No demuestra que la propuesta vaya a retrasarse ni que el calendario sea inviable. Sí convierte el uso de evidencia provisional en una decisión de política.

Qué debería mostrar un estándar defendible

La Comisión indica que las posibles normas podrían combinar PUE, WUE y REF, y que deberían considerar tamaño, antigüedad, clima y ubicación. Un marco defendible publicaría el universo y tamaño de muestra de cada indicador; distinguiría la falta de reporte del bajo rendimiento; definiría periodos y límites de medición; contextualizaría el agua con el estrés local y la refrigeración; y explicaría el trato para centros nuevos, renovados y antiguos. También debería especificar cómo contribuyen los clientes de colocalización y permitir corregir o impugnar un dato o la atribución de una obligación.

El umbral debería poder revisarse. Si parte de una muestra incompleta, tendría que incluir una fecha para evaluarlo con los siguientes periodos, junto con métodos de validación públicos. Un estándar común podría reducir la fragmentación normativa entre países. Pero la armonización solo sirve si la comparación es válida; de otro modo se uniforman los formularios, no la medición del desempeño.

Los datos permiten una conclusión acotada. Los centros de datos consumieron 68 TWh de electricidad en la UE en 2024; la Comisión cita una proyección de 114 TWh para 2030. La trayectoria hace relevantes la eficiencia y la planificación de infraestructura. La primera base de reportes justifica ampliar la visibilidad y preparar opciones. No permite convertir todos los promedios declarados en una imagen completa del sector. La próxima prueba es si la propuesta mejora el mapa antes de convertirlo en un mínimo legal.

Fuentes