Resumen

  • La CRT de México subasta una concesión para prestar capacidad a redes radioeléctricas inteligentes industriales; no entrega directamente una red privada a cada fábrica.
  • El diseño definitivo reparte hasta 60 MHz en 216 oportunidades iniciales de bloque y región. La entrada efectiva dependerá también de los requisitos de admisión, la financiación, la agregación de demanda y los límites a la acumulación.

La licitación mexicana de espectro en 2,3 GHz se presenta como un proyecto de conectividad industrial. Su estructura jurídica plantea una pregunta más importante: ¿quién podrá convertir ese espectro en un servicio que puedan contratar fábricas, minas, puertos o instalaciones energéticas?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) denomina la concesión «Servicio de Provisión de Capacidad para Redes de Radiocomunicaciones Inteligentes». Quien obtenga el título tendrá derechos de espectro durante diez años y prestará capacidad a usuarios productivos. Así, entre la asignación pública del espectro y la red que opera un cliente industrial aparece una capa de mercado. No se trata de una autorización general que permita automáticamente a cada fábrica construir y operar su propia red.

Las bases finales ponen a disposición hasta 60 MHz en 2,3 GHz, divididos en tres bloques TDD de 20 MHz: 2340–2360, 2360–2380 y 2380–2400 MHz. La primera fase ofrece los bloques en 72 regiones industriales: 216 oportunidades de «región por bloque». Una segunda fase podría asignar espectro remanente mediante polígonos regionales de interés, pero solo si queda espectro y los participantes cumplen los requisitos. Es una posibilidad del diseño, no una garantía de servicio para cada polígono propuesto.

La arquitectura tiene una lógica atendible. Más regiones y bloques más pequeños pueden abrir más puntos de entrada que una única concesión nacional. Un proveedor de capacidad podría reunir la demanda de varios usuarios industriales e invertir en una red compartida, en vez de exigir que cada cliente consiga espectro, compre equipos y monte su propio equipo operativo. La CRT menciona manufactura, logística, minería, puertos, energía, agroindustria y parques industriales como posibles usos. La automatización, el control remoto y la detección de fallas en tiempo real son objetivos; la licitación aún no ha producido resultados medidos.

La admisión determinará si la puerta está realmente abierta. Cada solicitante debe demostrar capacidad jurídica, administrativa, técnica y económica antes de convertirse en participante. Esos filtros pueden proteger un proceso complejo, pero convierten el capital, la integración y la preparación operativa en requisitos de entrada. Incluso un lote regional pequeño puede quedar fuera del alcance de un proveedor nuevo si los costes de cualificación o cobertura de varias zonas favorecen a empresas que ya operan a escala.

La consulta pública modificó el diseño, no se limitó a respaldarlo. La propuesta anterior de la CRT contemplaba hasta 40 MHz y bloques de 10 MHz. Las bases finales elevan la oferta a 60 MHz, usan bloques de 20 MHz y subdividen las regiones mayores, de 60 a 72. También eliminan el límite anterior de 200 km² para la fase de polígonos. Entre las salvaguardas de competencia figuran una sola manifestación de interés por grupo económico y un tope nacional de acumulación de espectro, en lugar de una restricción específica de banda. Son cambios relevantes, pero más lotes y un tope no demuestran por sí solos que surgirán proveedores independientes.

El registro de la decisión del regulador también conserva un desacuerdo que puede perderse en el discurso de modernización. El Pleno aprobó la propuesta general por unanimidad, pero la comisionada Tania Villa Trápala discrepó del fraccionamiento regional y de la falta de un marco permanente para las licitaciones. Su voto no demuestra que el diseño sea defectuoso. Sí señala una pregunta duradera: una subasta puede asignar los primeros derechos, pero las nuevas regiones, renovaciones, salidas y la supervisión necesitarán reglas continuas.

El calendario también importa. La CRT anunció que las manifestaciones de interés se recibirán del 19 al 23 de octubre de 2026. Esa es una fase inicial de registro, no la fecha límite de las ofertas finales. El monitor gubernamental Proyectos México señala el 19 de abril de 2027 como inicio del procedimiento de ofertas. Al 18 de octubre no hay resultados públicos: no se conoce una lista de participantes cualificados, ganadores, precios, contratos con clientes ni redes en operación.

Por eso, el balance no debería detenerse en los megahercios asignados. Habrá que observar quién supera la cualificación, cuántos grupos económicos independientes participan, si hay ofertas en distintas regiones, cómo se calcula la acumulación entre empresas vinculadas y si los proveedores consiguen clientes sin imponer condiciones opacas. La primera adjudicación mostrará quién entra; la transparencia sobre servicio, acceso y concentración dirá si el mercado sigue siendo disputable después.

Fuentes