Resumen

  • La licencia MNP y sus tasas regulatorias ya tienen respaldo legal. El documento que propone escoger a un proveedor exclusivo sigue siendo un borrador; no acredita una adjudicación ni un servicio en marcha.
  • La base central y las copias de los operadores deben coordinarse. All Call Query no obliga, por sí solo, a consultar el centro en directo en cada llamada.

El cambio termina cuando las otras redes se enteran

El antiguo operador acepta el traslado. ¿Ya puede darse por terminado? No necesariamente: la información también debe llegar a las redes que encaminan llamadas y mensajes. El borrador de la Information and Communication Technologies Authority (ICTA) pide a los candidatos que expliquen esos intervalos por separado. La aceptación, la actualización de la base central y la disponibilidad del dato en las copias locales son pasos distintos.

Ese detalle da contenido a una promesa sencilla: cambiar de compañía y conservar el número. La página del proyecto señala que los abonados de Mauricio todavía deben cambiarlo al mudarse de proveedor. Para retirar esa barrera a la competencia, ICTA propone un único prestador independiente, encargado del centro de intercambio y de la base de portabilidad.

Se consultaría la información de destino mediante All Call Query (ACQ). Pero una referencia central no equivale a una llamada obligatoria al servidor central por cada comunicación. Una red puede consultar una copia propia; la cuestión pasa entonces a ser cuándo se actualiza. La mesa técnica discutía precisamente réplicas, sincronización e interfaces. Sus preguntas no fijan la arquitectura final de Mauricio.

Una tasa conocida no es el precio de cambiarse

Hay decisiones que sí dejaron de ser propuestas. Tras el acuerdo del Gabinete del 19 de septiembre de 2025, la ley consolidada incorpora la categoría C.15, añadida por GN 13 de 2026. Prohíbe que un operador público tenga participación directa o indirecta en el proveedor MNP. La prohibición inversa aparece en el borrador, junto con el acceso transparente y no discriminatorio para las redes móviles.

También existen tasas de licencia: 100.000 rupias iniciales y una anualidad igual al mayor de dos importes, 100.000 rupias o el 0,8 % del ingreso bruto anual auditado declarado para el penúltimo ejercicio del titular, con un máximo de 2 millones. Es lo que se cobra por la licencia, no la tarifa que pagaría un usuario por trasladar su número.

El precio de portar, consultar o integrar redes, así como el reparto de costes, necesita otra respuesta. El borrador exige un modelo de cobro y un plan financiero de al menos diez años. La mesa financiera debatía quién paga y si se recuperan costes por año o por transacción. Decir que todo régimen de tasas está pendiente sería incorrecto; decir que el precio del servicio ya está decidido también.

Un calendario con tres puntos de partida

La licencia propuesta duraría quince años desde la fecha efectiva de firma del acuerdo, salvo revocación o terminación anticipada. Podría prolongarse diez años más si el titular lo solicita y cumple las condiciones de ICTA. No son veinticinco años automáticos. El plazo para disponer del servicio es otro: nueve meses después de la adjudicación. Y para renunciar se exigen motivos suficientemente imperiosos y al menos un año de aviso previo.

Ni el taller ni la publicación del borrador ponen esos relojes en marcha. El comunicado del 7 de octubre de 2026 abrió una reunión prevista hasta el día 9 para revisar el documento. No anunció una adjudicación. El texto consultado conserva la marca de borrador y el plazo de solicitud sin rellenar. Las fuentes examinadas hasta el 23 de octubre no establecen una convocatoria final, un ganador ni resultados operativos; esa búsqueda acotada tampoco prueba que no exista información adicional.

La experiencia requerida es de al menos cinco años continuos desplegando y operando sistemas MNP en uno o más países, no necesariamente en Mauricio. El solicitante debe estar registrado allí o haber iniciado el trámite, y revelar accionistas y beneficiarios finales. La evaluación sería cualitativa y comparativa: el menor precio no garantiza ganar. Las fichas de competencia y de validación plantean criterios para discutir, no una puntuación adoptada. ICTA se reserva modificar, suspender o cancelar el proceso.

El código bancario también tiene que llegar

La propuesta no se limita a llamadas móviles. Incluye redes fijas e internacionales, itinerancia, mensajes entre personas o enviados por aplicaciones, SMS, USSD y códigos de un solo uso de servicios financieros. También cubre las islas exteriores, los traslados empresariales por lotes y la asistencia las veinticuatro horas.

El documento pide redundancia, recuperación, seguridad, registros y controles. Menciona disponibilidad, fallos y tiempo medio de reparación, pero no publica los límites numéricos definitivos. La cláusula de infraestructura local conserva una nota que contempla la nube tras la consulta. Elegir una ubicación no demostraría, por sí solo, que la recuperación funciona.

La mesa de protección del consumidor lleva el asunto al terreno del usuario: consentimiento, identificación, reclamaciones, compensación y a quién acudir si no llega un código. Son cuestiones de diseño, no fallos observados. La separación accionaria tampoco basta para responderlas: una sociedad independiente aún debe demostrar que actualiza y atiende a todos en condiciones equivalentes.

Seychelles ayuda a precisar las alternativas, no a dar por resuelto Mauricio. Su reglamento de 2023 define ACQ mediante la copia local de la red de origen y exige actualizaciones tras los avisos del centro. Este conserva registros al menos siete años; los operadores donantes y receptores tienen un plazo separado de al menos doce meses. Hay contratos directos con las redes, costes compartidos según reglas operativas y posibilidad de alojar la infraestructura dentro o fuera del país.

La reforma vigente desde el 8 de mayo de 2025 sustituye al ministro por Seychelles Communications Regulatory Authority en esas disposiciones. Amplía de 24 a 48 meses el intervalo de implantación y de 12 a 30 el de elaboración de las reglas. No certifica que el servicio esté funcionando ni su calidad.

Para Mauricio, las siguientes reglas deberían permitir algo comprobable: conocer plazos, impugnar un rechazo y localizar al responsable de corregir un error. Las estadísticas agregadas y las pruebas de llamadas y mensajes ayudarían a verificarlo sin divulgar detalles sensibles. El cliente quiere conservar su número; no debería tener que averiguar qué empresa dejó de actualizarlo.

Aclaración del 24 de octubre de 2026: se distinguen tasas legales y precios comerciales, consultas locales y referencia central, y normas adoptadas y propuestas. La comparación con Seychelles incorpora la reforma de 2025 y los plazos de conservación diferenciados.