Resumen

  • La consulta de Ofgem cifra en unos 73GW y alrededor de 315 proyectos la demanda de centros de datos dentro de una cola que pasó de 41GW a 125GW entre noviembre de 2024 y junio de 2025. El pico de demanda británico de 2025 fue de 45GW.
  • El regulador propone—todavía no ha aprobado—una garantía de 237.500 a 712.500 libras por MW para determinados proyectos de 40MW o más, desde la aceptación de la oferta hasta la energización.
  • Un proyecto de 100MW tendría que respaldar entre 23,8 y 71,3 millones de libras. Puede hacerlo con efectivo, carta de crédito o garantía cualificada; todas tienen coste aunque la suma se devuelva al proyecto cumplidor.
  • Los hitos M0.5.Dc, M2.Dc y M6.Dc exigirían pruebas de cliente informático, compra de equipos eléctricos de largo plazo, financiación y diseño. Son estados verificables, no una garantía de entrega.
  • El inversor debe comparar el coste de mantener esa opción con una instalación ya alimentada, otra ubicación, un desarrollo modular, una conexión flexible compatible con la carga o la retirada.

«Demanda contratada» designa aquí la categoría de Ofgem para demanda respaldada por ofertas o acuerdos de conexión. No acredita un contrato vinculante de capacidad informática ni consumo eléctrico real.

La cola británica contiene solicitudes de centros de datos equivalentes a más de una vez y media la máxima demanda de todo el país. No significa que mañana vayan a encenderse 73GW de servidores. Precisamente ése es el problema: una lista de peticiones se ha vuelto demasiado grande para servir como señal creíble de inversión en red.

Ofgem abrió el 29 de julio de 2026 una consulta que termina el 16 de septiembre. Su base de datos describe unos 315 proyectos de centros de datos, desde 1MW hasta 1.500MW. En conjunto suman alrededor de 73GW. Mientras tanto, la cola total de demanda contratada saltó de 41GW en noviembre de 2024 a 125GW en junio de 2025. El pico real del sistema en 2025 fue de 45GW.

No hay datos públicos suficientes para decidir qué proyecto es especulativo, duplicado o inviable. Presentar una solicitud tampoco prueba una mala intención. Lo que sí puede afirmarse es que los MW solicitados mezclan terrenos, promotores, clientes y fechas con probabilidades muy diferentes. La aritmética no arregla esa heterogeneidad; sólo la hace grande.

Poner precio al derecho de esperar

La propuesta aplicaría una garantía a centros de datos de 40MW o más conectados al transporte o con impacto sobre él. Según Ofgem, el corte incluiría el 99% de la capacidad de centros de datos de su conjunto de 73GW. También crea un borde susceptible de división artificial o declaración interesada, riesgo que el propio regulador reconoce.

La fórmula toma 9,5 millones de libras como capex medio por MW y aplica entre el 2,5% y el 7,5%. El resultado es lineal: 237.500 a 712.500 libras por MW solicitado. Para 100MW son 23,8 a 71,3 millones desde que se acepta la oferta Gate 2 hasta la energización.

Ofgem no está subastando la escasez ni dice conocer el valor de mercado de la capacidad. Admite que en esta fase no puede calcular administrativamente el daño externo de una reserva débil ni el precio de ese recurso. Busca una cantidad que haga salir al proyecto poco creíble sin romper al que sí puede construirse. La calibración es el trabajo, no un detalle posterior.

La garantía sería recuperable si el proyecto cumple y se energiza. Podría perderse si abandona, reduce capacidad o incumple. El marco propuesto acepta carta de crédito o performance bond de banco cualificado, depósito en efectivo o garantía de una empresa cualificada. El efectivo inmoviliza caja; la carta consume línea bancaria; la matriz pone su balance. No existe la garantía sin coste, sólo distintas formas de registrar el coste.

El ejercicio de Ofgem utiliza un centro hipotético de 100MW, capex de 9,5 millones por MW, WACC de 10,95%, dos años de obra y TIR no apalancada antes de impuestos del 14,7%. Si deposita en efectivo el 2,5% hasta una conexión en 2029, la TIR baja 20 puntos básicos. Si soporta el 7,5% hasta 2035, baja 170 puntos, al 13,0%.

Son resultados de un modelo regulatorio, no rentabilidades observadas. Sirven para mostrar que el tiempo transforma una suma reembolsable en una carga económica. Un proyecto que tarda nueve años en recuperar su garantía compra una opción mucho más cara que uno conectado en tres.

El cliente, el transformador y el banco deben hablar del mismo proyecto

Ofgem añade tres controles. M0.5.Dc pediría elegir entre operación propia y venta/alquiler, además de una prueba no vinculante de demanda informática. M2.Dc exigiría un compromiso material con equipamiento eléctrico de largo plazo, como transformadores o aparamenta. M6.Dc revisaría capacidad financiera y técnica; en la vía de alquiler o venta, también un contrato vinculante de capacidad informática.

El regulador se inclina por exigir al menos el 20% de la capacidad durante un año. Esa cifra no está decidida. Puede separar una oportunidad comercial real de un terreno con presentación. También puede dejar un 80% sin cubrir y favorecer a quien ya tiene clientes recurrentes o demanda propia.

La circularidad es importante. El comprador quiere una fecha eléctrica creíble antes de comprometerse. El sistema eléctrico quiere un comprador comprometido antes de reservar capacidad. Un hyperscaler puede presentarse a sí mismo como demanda. Un promotor nuevo necesita convencer a una contraparte que ve la misma incertidumbre.

La compra de equipos tampoco es una prueba perfecta. Un transformador y la aparamenta revelan gasto y madurez, pero pueden quedar varados si cambia tensión, fase o emplazamiento. Por eso Ofgem no prescribe una configuración universal y propone que el operador evalúe si el pedido corresponde al diseño concreto.

La certificación EN 50600, TIA-942 o Uptime Institute revisaría documentos de diseño específicos. Demuestra que existe ingeniería madura. No demuestra que la red llegue, el cliente acepte ni la factura se cobre.

Filtrar y priorizar son poderes diferentes

El programa separa Curate, Connect y Plan. Curate decide quién conserva un lugar. Connect busca arreglos físicos y operativos que aceleren conexiones. Plan permite al gobierno priorizar demanda estratégica.

La política de AI Growth Zones contempla retirar solicitudes especulativas, reasignar la capacidad liberada y reservarla para proyectos considerados estratégicos. El gobierno puede definir prioridades mediante ley y política responsable. Sin criterios publicados, vías de revisión y costes visibles, sin embargo, la palabra «estratégico» se convierte en un atajo hacia el mismo problema: una afirmación institucional ocupando capacidad antes que la operación.

El poder procede de superficies distintas. Ofgem decide códigos y licencias; NESO y las redes evalúan y energizan; el gobierno fija prioridades; el promotor arriesga capital; el cliente valida la demanda; el banco respalda la garantía. Confundir esas funciones permite a cada actor atribuir el retraso al siguiente y llamar coordinación al resultado.

El activo empieza cuando convergen seis pruebas

La secuencia útil para un consejo es: solicitud; oferta aceptada y garantía financiable; obras de red con coste, fecha y responsable; equipos adecuados pedidos; cliente y financiación resistentes al retraso; energización, puesta en servicio, aceptación y facturación.

Antes de esa última etapa, la posición conserva valor opcional. A medida que entran terreno, equipo, deuda y compromisos locales, la opción pierde reversibilidad. El peor riesgo no es perder una garantía aislada. Es que cada contrato venza en una fecha distinta y que abandonar resulte políticamente más difícil que seguir financiando una mala premisa.

Como inferencia editorial, los titulares de ASN y direcciones IP conocen la diferencia entre registro y operación. Un identificador correcto permite coordinar un servicio; no construye la alimentación que lo mantiene vivo. La gobernanza global de Internet debería contar los sistemas que funcionan y las dependencias que los sostienen, no convertir solicitudes, miembros o planes públicos en mandato ni continuidad. Es una analogía sobre prueba y operación, no una equiparación entre gobernanza numérica y derecho eléctrico.

Fuentes