Resumen

  • El nuevo registro de RIPE NCC reúne una visión de toda la organización sobre los riesgos de mayor impacto.
  • El Consejo señaló la dependencia presupuestaria de algunas medidas, pero el acta provisional no identifica riesgos, responsables, importes, plazos ni métricas.

Análisis

En su reunión del 14 y 15 de septiembre, el Consejo Ejecutivo de RIPE NCC recibió la primera descripción pública de un nuevo registro empresarial de riesgos. Eleonora Petridou, responsable de seguridad de la información, lo presentó como una visión de conjunto de los riesgos más importantes para la organización. El acta provisional dice que se formularon mediante análisis de arriba abajo, en lugar del registro ascendente anterior. Cambia el punto de partida de la imagen institucional; no afirma que los equipos hayan dejado de identificar riesgos propios.

La conversación pasó al tratamiento. Petridou explicó la gestión organizativa y las medidas operativas; el director general Hans Petter Holen describió planes existentes. Algunos consejeros señalaron que ciertas medidas dependían de presupuestos adecuados. Holen coincidió en revisar el gasto para obtener buenos resultados. El acta constata dependencia de recursos, no falta de financiación: no dice qué riesgo está afectado, quién responde, cuánto cuesta ni cómo se medirá el avance. La actualización también pidió contactos más regulares con gobiernos y reguladores.

El acta definitiva de 2025 menciona revisiones anuales de los registros por equipos; la nueva visión no prueba que ese proceso haya desaparecido.

En la siguiente reunión, el 23 de septiembre, el Consejo aprobó publicar el borrador del Plan de Actividades y Presupuesto 2027. El acta recoge ingresos previstos de 42,5 millones de euros, costes de 44,2 millones y un déficit presupuestario total de 1,1 millones. También sitúa la decisión sobre inversión en infraestructura informática en un rango de 5 a 10 millones; una opción de 5 millones ofrecería menos resiliencia. El acta no vincula esas cifras ni esos proyectos con un riesgo concreto del registro. Es contexto presupuestario, no prueba de que una medida determinada recibiera o no financiación.

Fuentes