Resumen

  • FCC 26-42 pretende incluir en el perímetro de licencias a las entidades que poseen u operan equipos terminales de línea submarina en cables que llegan a Estados Unidos.
  • El 25 de septiembre no activó el paquete completo: el Federal Register aplazó sin fecha varias disposiciones centrales sobre licencias SLTE, certificaciones de seguridad y reportes de participación extranjera.

El terminal también es un punto de control

La importancia de un cable submarino no termina donde el tramo mojado toca tierra. Los equipos terminales de línea submarina (SLTE) conectan la transmisión óptica submarina con las redes terrestres. Por eso, quién posee, opera o administra esos equipos puede influir en la visibilidad sobre la capacidad y el acceso, aunque esa empresa no sea titular de la licencia de aterrizaje del cable.

Ese es el perímetro que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) trazó en FCC 26-42, su Segunda Orden y Segundo Aviso de Propuesta Normativa de junio. La Comisión propone tratar como titulares de licencia a las entidades que poseen u operan SLTE en cables que aterrizan en Estados Unidos y que todavía no estén cubiertas por las reglas existentes. Para los actores que reúnan las condiciones, diseñó una licencia general. Las entidades sujetas a ciertos criterios presuntivos de descalificación quedarían fuera de esa concesión y podrían requerir una solicitud individual. La norma no presupone que todo fabricante posea u opere el terminal.

Esas funciones pueden repartirse entre varias empresas y el expediente público no resuelve todavía todas las situaciones.

La razón es operativa. Puede conocerse la ruta de un cable y, al mismo tiempo, quedar menos clara la distribución de la propiedad de los terminales, su gestión, los derechos de capacidad y los accesos operativos. La FCC busca extender su visibilidad más allá del cable mojado y la estación de aterrizaje, hasta los equipos que enlazan el cable con las redes nacionales. En octubre explicó que los informes anuales de capacidad mejorarían su conocimiento sobre quién posee y utiliza esa capacidad y ayudarían a detectar entidades sujetas a restricciones por vínculos con adversarios extranjeros.

Una fecha general no es un calendario completo

El detalle de entrada en vigor cambia el significado de la medida. El Federal Register fijó el 25 de septiembre de 2026 como fecha general, pero también marcó las instrucciones de modificación 4, 5 y 8 a 22 como “aplazadas indefinidamente”. La FCC debe publicar otro aviso para establecer cuándo se activarán esas secciones. Entre ellas figuran la modificación de la sección 1.70003, que crea la licencia general para SLTE, las nuevas certificaciones de la sección 1.70006 y el informe anual sobre adversarios extranjeros de la sección 1.70018.

La propia orden dice que la licencia general comenzará a regir después de la revisión de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y de la entrada en vigor de las modificaciones a la sección 1.70003. Por tanto, resumir el 25 de septiembre como “todos los operadores de SLTE ya tienen licencia y deben declarar capacidad” sería incorrecto. La decisión define el perímetro previsto; las reglas aplazadas y el aviso posterior determinan cuándo se vuelven operativas varias obligaciones centrales. Hay que comprobar cada sección por separado, en lugar de inferir su estado a partir de la fecha destacada.

La Ley de Reducción de Trámites forma parte de esa secuencia jurídica. El 1 de octubre, la FCC solicitó aprobación para modificar su recopilación de información sobre cables y abrió comentarios hasta el 30 de noviembre. El aviso cubre condiciones de licencia, SLTE y estándares de seguridad. Sobre los informes anuales de capacidad de la sección 43.82, la FCC indicó que los propietarios y operadores de SLTE reportarían como condición de la licencia general prevista. La solicitud de aprobación y comentarios no equivale a una aprobación de OMB ni a un aviso que fije una fecha efectiva.

El denominador es una estimación

La FCC calculó que actualmente existen 3.136 propietarios u operadores de SLTE: multiplicó 98 cables con licencia estadounidense por 16 pares de fibra supuestos y dos terminales por par. Es un cálculo de planificación, no un censo verificado de empresas, equipos o relaciones de control. Una misma compañía podría aparecer en varios sistemas; la propiedad y la operación pueden recaer en entidades distintas; y no todos los cables necesariamente encajan en el supuesto de pares utilizado.

La incertidumbre afecta tanto a la seguridad como a los costes. La FCC estimó unos 28,5 millones de dólares en costes iniciales para planes de gestión de riesgos de seguridad física y cibernética, y 10,7 millones en costes anuales posteriores. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) recoge esos cálculos e indica que la FCC prevé un impacto económico significativo para un número sustancial de pequeñas entidades. No son gastos observados. Tampoco muestran quién asumirá el coste si el titular de la licencia, el dueño de la capacidad, el propietario del terminal y el contratista operativo son empresas diferentes.

Los controles previstos van más allá de presentar formularios. La orden describe planes de gestión de riesgos cibernéticos y físicos, informes de capacidad y datos anuales adicionales para entidades que cumplan determinados criterios relacionados con adversarios extranjeros o la Covered List. La norma adoptada no exige certificar ante la FCC esos planes de gestión. Por separado, diez estándares de seguridad nacional buscan que las solicitudes que los cumplan puedan evitar una remisión presuntiva a agencias del poder ejecutivo.

La exención de remisión es una vía de revisión más rápida, no una aprobación automática ni una conclusión de que el proyecto carece de riesgos. Varias reglas que implementarían esos requisitos también quedaron aplazadas.

Qué necesita un perímetro aplicable

La utilidad del marco dependerá de que asigne responsabilidades sin confundir suministro de equipos con control de la red. Un fabricante puede vender SLTE sin operarlo. El dueño del cable puede alquilar capacidad y dejar la gestión del terminal a un tercero. El titular de la licencia de aterrizaje puede depender de un contratista con acceso privilegiado. Son preguntas que los formularios y las instrucciones tendrán que resolver; no conclusiones jurídicas que ya estén asentadas.

El primer hito útil sería un aviso fechado que identifique las disposiciones que entran en vigor, seguido de formularios que definan quién informa, qué cable y terminal cubre, qué datos de capacidad exige y cómo representar un control compartido. Sin esas definiciones, el mismo terminal puede aparecer dos veces, quedar omitido entre empresas o atribuirse a la entidad con menos capacidad para modificar su operación.

A 15 de octubre, los documentos públicos revisados no incluían el aviso posterior para las secciones aplazadas. Tampoco acreditaban un inventario completo, costes realmente incurridos ni un resultado de seguridad atribuible al nuevo perímetro. La decisión importa porque acerca la línea regulatoria a los equipos y entidades que conectan el cable submarino con la red terrestre. Su alcance real sigue dependiendo de la secuencia, las definiciones y las pruebas.

Fuentes