Resumen

  • La decisión CRTC 2026-272 reduce a dos días hábiles el plazo para que el operador subyacente avise al revendedor de una portabilidad completada.
  • El regulador conserva el modelo bilateral para validar solicitudes residenciales, aunque precisa los plazos exprés, las tarifas y las migraciones parciales.

El aviso llega después de la decisión

Un cliente deja a un revendedor y conserva su número con un nuevo proveedor. El operador que ejecutó la portabilidad ahora debe informar al revendedor en un máximo de dos días hábiles. Pero el revendedor sigue sin tener una oportunidad garantizada para confirmar una solicitud residencial antes del traslado.

Esa es la división central de la Decisión CRTC 2026-272, publicada el 16 de octubre. La Comisión aprobó cambios en las guías canadienses de pedidos locales y en los mapas de transferencia: en general, se prohíbe la portabilidad exprés el mismo día cuando participa un revendedor; una solicitud exprés rechazada puede generar tanto una tarifa de rechazo como otra de urgencia; además, se aclaran las categorías de revendedores y las migraciones parciales. En situaciones de disputa aún puede pedirse un trámite exprés, con una hora límite futura que deberá basarse en la hora local en que el proveedor receptor reciba la solicitud.

El aviso en dos días aborda un problema operativo. Si el revendedor se entera tarde de que el servicio se trasladó, puede seguir facturando mientras el encaminamiento de llamadas ya refleja otro proveedor. El límite anterior era de una semana. Reducirlo acorta el tiempo durante el cual el revendedor y el operador local subyacente pueden conservar registros distintos.

Sin embargo, el aviso llega después de completar la portabilidad. La validación ocurre antes. La mayoría mantuvo la regla de 2013: el revendedor principal puede validar transferencias empresariales, pero no tiene ese derecho garantizado para las residenciales. Las partes pueden acordar procedimientos bilaterales. La Comisión dijo que no había pruebas convincentes para cambiar la regulación y que algunos operadores ya disponen de la información necesaria para validar por sí mismos.

La decisión de 2013 explica por qué la diferencia importa. El CRTC describió solicitudes rechazadas por controles automáticos porque el nombre del cliente no coincidía con el registro del operador; en la base de datos del mayorista podía aparecer el revendedor principal. Las excepciones y escaladas podían demorar un cambio legítimo. Aun así, la Comisión consideró que el riesgo residencial no justificaba imponer una oportunidad de validación, a diferencia del servicio empresarial, donde un traslado equivocado podía causar pérdida de ingresos.

El comisionado Bram Abramson plantea el riesgo contrario en su disidencia. No se trata solo de que se complete un traslado erróneo: el desajuste también puede impedir el traslado correcto. Su propuesta obligaría a ofrecer una oportunidad de validación, no a responder. Si el revendedor no contesta en el plazo acordado, el operador podría continuar. Así se consulta a quien tiene el registro del cliente sin hacer que su silencio bloquee el proceso.

Las posiciones priorizan fallos distintos. La mayoría subraya los pasos extra, la diversidad de sistemas y la falta de pruebas concluyentes de daño residencial. La disidencia ve un riesgo estructural en el desajuste de datos y en el poder de negociación desigual, sin exigir una interfaz técnica concreta. La decisión no publica una tasa actual de rechazos residenciales erróneos, el tiempo de reintento ni el número de quejas. Por ello no permite medir la frecuencia del problema.

Un día antes, la Decisión CRTC 2026-271 trató otra frontera: los operadores móviles virtuales completos registrados podrán acceder directamente a los sistemas inalámbricos de portabilidad si cumplen los requisitos vigentes; los cambios de implementación vencen el 1 de febrero de 2027. Aquella decisión aborda el acceso de operadores con núcleo móvil propio. La 2026-272 trata del flujo entre un operador subyacente y un revendedor, sobre todo la validación residencial. Las dos resoluciones muestran que “revendedor” no describe una sola realidad técnica, pero no resuelven el mismo problema.

La prueba práctica será si el aviso más rápido reduce los registros desactualizados de facturación y encaminamiento sin dejar solicitudes residenciales legítimas atrapadas antes del traslado. La decisión fija procedimientos, no un programa público de medición. Una evaluación útil contaría motivos de rechazo, nuevos intentos, tiempo hasta completar, portabilidades cuestionadas después, facturas superpuestas, errores de llamadas y quejas; además, separaría los casos residenciales y empresariales por tipo de revendedor.

Mientras falten esos datos, el plazo de dos días demuestra una coordinación posterior más rápida, no una portabilidad sin fricción. La pregunta abierta es si quien conoce al cliente puede intervenir a tiempo para que un desajuste de registros no le impida salir.