Resumen

  • La Autoriteit Persoonsgegevens afirma que Uber suspendía automáticamente cuentas por sospechas de fraude o malas valoraciones y podía desactivarlas de forma permanente si las notas seguían bajas.
  • La autoridad impuso una multa de 824,99 millones de euros y dice que las infracciones cesaron. El 21 de agosto de 2026 señaló que Uber planeaba recurrir.

Una aplicación puede convertir una jornada de trabajo en una pantalla gris antes del desayuno. Según la Autoriteit Persoonsgegevens (AP), el software de Uber podía hacerlo entre 2018 y 2022: una sospecha de fraude o una valoración demasiado baja activaba la desactivación automática; las puntuaciones persistentemente bajas podían cerrar la cuenta para siempre. No había una revisión humana previa. Al apagarse la cuenta, desaparecían también los ingresos obtenidos a través de Uber.

La factura de la AP asciende a 824.990.000 euros. La cifra tiene la pulcritud de una celda de cálculo. El hecho que describe es un conductor expulsado del canal con el que trabajaba. Una valoración es una señal; una sospecha sigue siendo una sospecha. El botón convierte cualquiera de las dos en una consecuencia sobre el ingreso.

El caso empezó cuando 171 conductores franceses acudieron a la Ligue des droits de l’Homme. La organización presentó una queja ante la CNIL, que la trasladó a la AP porque la sede europea de Uber está en los Países Bajos. La AP afirma que colaboró estrechamente con la CNIL y coordinó la multa con otros supervisores europeos. Una plataforma transfronteriza generó una queja transfronteriza y acabó ante el regulador del país donde fijó su sede europea.

La AP sostiene que estas prácticas infringieron el artículo 22 del RGPD, que limita las decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado cuando producen efectos jurídicos o afectan de forma significativa a una persona. También afirma que Uber no informó suficientemente a los conductores sobre esas decisiones. Son dos puntos de control distintos: quién decide y qué puede saber la persona sobre el sistema que actúa sobre ella.

Según la AP, Uber facturó 44.500 millones de euros en todo el mundo en 2025. El RGPD permite multas de hasta el 4% de la facturación anual mundial para determinadas infracciones. Una sanción de esta magnitud apunta al centro de decisión de la compañía; no equivale a devolver dinero a cada conductor. La autoridad dice que la conducta cesó. En su comunicado del 21 de agosto indicó que Uber tenía previsto recurrir.

El comunicado público no incluye la resolución completa ni expedientes anonimizados de cada conductor. Esos documentos permitirían ver cómo evaluó la autoridad cada desencadenante, qué información recibieron los conductores y qué posibilidad real tenían de obtener una revisión humana. Ese es el dato concreto que permitiría ir más allá del relato público del regulador.

La lección operativa para cualquier plataforma es sencilla: si un programa puede cerrar una cuenta, debe haber una persona responsable, un registro de los datos y la regla aplicada, un aviso comprensible y una vía de revisión capaz de devolver el acceso. Una cola de soporte que solo repite el veredicto del sistema es una impresora con auriculares.

Para directivos e inversores, la cuestión está entre el botón y el balance. La automatización puede reducir el fraude y proteger la calidad del servicio. También puede cargar el coste de una señal equivocada sobre quien menos puede esperar al siguiente ciclo de revisión. Si la empresa solo cuenta fraudes evitados y tickets cerrados, se le escapan los turnos perdidos, los ingresos cortados y la confianza deteriorada.

Fuentes