Resumen
- El único documento del conjunto revisado el 22 de noviembre de 2026 que imprime los factores de diseño de Subcan da 12 pares de fibra por cable y «una capacidad equivalente a 30 720 circuitos telefónicos por par de fibra», no imprime ningún total y, en otra parte de la misma página, asigna ese mismo 30 720 como total de los cuatro pares de Pencan-5.
- El dinero público son dos avales del Tesoro —3.000.000 de euros en diciembre de 2002 y 2.000.000 de euros en septiembre de 2005, el segundo condicionado a cancelar el primero— y no una adjudicación; ninguna página revisada imprime precio unitario, plazo de IRU ni comprador de capacidad.
Lo que sí está impreso
Un solo texto del conjunto que he leído imprime factores de diseño para este sistema. Es un artículo del Anuario de Estudios Atlánticos de 2020, y dice, en su propia lengua: «consta de dos cables submarinos enlazando Caletillas (Tenerife) y Jinámar (Gran Canaria), siguiendo rutas disjuntas y con longitudes resultantes de 142 Km y 136 Km, respectivamente. Cada cable submarino está equipado con 12 pares de fibra óptica y con tecnología SDH, que le permite ofrecer una capacidad equivalente a 30 720 circuitos telefónicos por par de fibra» (Anuario de Estudios Atlánticos, 2020).
Eso es todo lo que hay: dos rutas disjuntas, 142 y 136 kilómetros, sin repetidores, doce pares de fibra por cable, SDH y una equivalencia en circuitos telefónicos por par. No hay total del sistema, no hay número de longitudes de onda y no hay régimen por longitud de onda. La empresa propietaria confirma el resto del relato —dos cables de fibra con rutas disjuntas entre Tenerife y Gran Canaria, en servicio desde 2002, primeros en competir con el incumbente en el mercado mayorista de líneas troncales entre las islas capitalinas— y no publica ni una cifra de capacidad (Subcan, Empresa).
La cadena de factores, por tanto, tiene dos eslabones impresos y tres huecos: pares de fibra, sí; longitudes de onda, no; capacidad por longitud de onda, no; y el régimen total del sistema, tampoco.
La multiplicación que nadie firma
Hago la cuenta yo, y la etiqueto como mía, porque ningún documento la imprime. Doce pares por 30 720 circuitos dan 368.640 circuitos telefónicos por cable. Si se aplica la convención de 64 kbit/s por circuito —convención mía, que el artículo no declara—, 30 720 circuitos son unos 1,97 Gbit/s por par, unos 23,6 Gbit/s por cable y unos 47,2 Gbit/s entre los dos cables. La segunda vía y la primera coinciden, y coinciden precisamente porque aplican una sola convención al mismo recuento de circuitos: no son dos comprobaciones independientes ni son capacidad impresa.
Aquí está el punto que separa este registro de un pliego técnico. El producto de los factores impresos no aparece en ninguna página, y la unidad que lo haría posible se cae en la página siguiente.
El número que se contradice a sí mismo
El mismo artículo, en otro pasaje, imprime 30 720 circuitos telefónicos como total de los cuatro pares de fibra de Pencan-5: el mismo número que usa como unidad por par para Subcan, allí es el total de un sistema de cuatro pares. No hay dos sistemas con la misma capacidad: hay una unidad que no cierra dentro de su propio documento.
La consecuencia es concreta y no admite adornos. La única cifra publicada para la capacidad de estos dos cables no es una especificación: es una equivalencia heredada, del tipo que se usaba para traducir un diseño de fibra a lenguaje telefónico, y su unidad se contradice en la misma página. Falta el perímetro —pares, longitudes de onda y régimen por longitud de onda— y ahí me paro, porque completarlo con una suposición mía convertiría mi aritmética en el dato de otro.
El dinero: dos avales que se cancelan
El primer instrumento público es del Gobierno de Canarias. El Decreto 205/2002, de 26 de diciembre, autoriza «el otorgamiento de aval de Tesorería de la Comunidad Autónoma a la Sociedad Cable Submarino de Canarias, S.A. por importe máximo de tres millones (3.000.000) de euros, para la operación de crédito a concertar para circulante con ocasión de las inversiones realizadas de instalación de dos cables submarinos entre las islas capitalinas» (Decreto 205/2002, BOC nº 173 de 30 de diciembre de 2002). Es un aval, por un máximo, para circulante, con ocasión de una inversión ya realizada. No nombra suministrador, ni licitador, ni contrato, ni longitud, ni número de pares, ni capacidad.
El segundo es el Decreto 194/2005, de 27 de septiembre: 2.000.000 de euros para garantizar un crédito destinado a financiar «la inversión ya realizada» en el doble enlace de fibra óptica, y afirma en su propio texto que los dos cables «se encuentran ya operativos». Se remite al aval de 2002 «con el mismo objeto» y condiciona el nuevo aval a la cancelación previa o simultánea del anterior (Decreto 194/2005, BOC nº 198 de 7 de octubre de 2005). Tampoco aquí hay prestamista identificado, ni importe dispuesto, ni suministrador.
Mi aritmética, otra vez mía: del 26 de diciembre de 2002 al 27 de septiembre de 2005 hay 2 años 9 meses y 1 día; y 3.000.000 menos 2.000.000 son 1.000.000 de euros, es decir, el instrumento posterior es un 33,3 por ciento menor que el anterior para lo que su propio texto llama el mismo objeto. No son acumulables: el segundo existe porque el primero se cancela.
La tercera cifra es periodística y contemporánea a la obra. El 20 de marzo de 2002, la crónica del primer tendido describe el buque Tyco Provider terminando el cable entre Las Caletillas y Jinámar, y añade: «La inversión que suponen estos dos tendidos se eleva a los 15 millones de euros», con longitudes de 143,240 y 135,686 kilómetros, entrada en servicio anunciada para mayo de 2002, un accionariado de entonces —Canarias Telecom (grupo Auna Cable), las dos cajas de ahorros insulares, SODECAN, Arico 99 e Isolux—, un capital inicial de 6,046 millones y una ampliación de 5,409 millones en curso (Hemeroteca de Internautas, 20 de marzo de 2002). No nombra suministrador.
Tres cantidades, ninguna itemizada: 3.000.000 de euros como máximo de un aval, 2.000.000 de euros como máximo de otro aval que cancela el primero, y 15 millones de euros como estimación de prensa de lo que costaron los dos tendidos. Ninguna de las tres es un coste liquidado, y ninguna se reconcilia con las otras dos.
Un perfil de contratación que no lista nada
La sociedad se describe a sí misma con precisión inusual. Es una sociedad anónima constituida por escritura pública el 24 de octubre de 2000, con CIF A-38611604, y su capital tiene titularidad pública en un 42,71 por ciento del Cabildo Insular de Tenerife a través de Canarias Submarine Link, S.L.U. (CANALINK) y en un 21,36 por ciento del Gobierno de Canarias a través de la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN). Se considera parte integrante del sector público a efectos del artículo 3.1 de la LCSP y, sin embargo, no se considera poder adjudicador; su Consejo de Administración es su órgano de contratación (Subcan, Transparencia, actualizada el 26/05/2026).
La misma página, en su apartado de contratos, no lista ningún contrato adjudicado, ningún licitador y ningún importe, y advierte de que su serie de datos empieza el 01/01/2025. El perfil del contratante publicado en la web corporativa no es más generoso: instrucciones internas de contratación y un enlace saliente a la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin licitación, sin adjudicatario y sin importe (Subcan, Perfil del contratante). Y las instrucciones internas explican por qué: el perfil debe alojarse obligatoriamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con la web de la sociedad limitándose a enlazarlo, y las licitaciones se publican a partir de 15.000 euros en suministros y servicios y 40.000 euros en obras, pudiendo adjudicarse directamente por debajo de esos umbrales; el mismo documento imprime un accionariado anterior, 44,20 por ciento de CANALINK y 22,10 por ciento de SODECAN (Instrucciones internas de contratación).
Esto es un recuento sobre documentos nombrados leídos el 22 de noviembre de 2026, no una afirmación sobre lo que la empresa pueda tener archivado. El contrato de suministro de los cables, si existe en papel, no está en el perfil corporativo; el perfil de la Plataforma no lo he abierto, y por eso lo nombro como documento no obtenido y no como ausencia.
El precio que el regulador dejó de fijar
La ruta Tenerife–Gran Canaria está fuera de la regulación de precios desde hace más de quince años, y la razón impresa no es técnica. El observatorio canario reproduce la decisión de la CMT de julio de 2009: la regulación se extendió a otras nueve rutas de líneas arrendadas al por mayor «con excepción de la ruta Tenerife - Gran Canaria, en la que existe el operador alternativo Cable Submarino de Canarias» (Informe eCanarias 2008, julio de 2009).
Sin embargo, ese mismo informe publica precios mensuales de líneas arrendadas troncales, y son de otra ruta y de otro operador: 2 Mbps a 3.573 euros frente a 2.488, 34 Mbps a 25.781 frente a 17.949, 155 Mbps a 57.536 frente a 40.057 y 622 Mbps a 109.000 frente a 75.886, con un recorte del 30,38 por ciento aplicado en septiembre de 2008. Todo ello corresponde a la ruta Península–Canarias, es decir, a la oferta regulada de Telefónica, no a Subcan. Son el único precio mayorista canario del registro y no son un precio de este cable.
En 2014 la autoridad de competencia lo dijo con aún más claridad: «Las únicas tres rutas submarinas no reguladas son: Península - Mallorca y Mallorca - Ibiza (existe un cable alternativo de ISLALINK) y Tenerife - Gran Canaria (existe un cable alternativo de Cable Submarino de Canarias)» (CNMC, expediente C/0606/14 EQT/ISLALINK). En agosto de 2024, la nota del regulador sitúa Gran Canaria–Tenerife entre las cuatro rutas ya desreguladas y precisa que las rutas que esa decisión desregula son otras nueve, ninguna de ellas esta (CNMC, 6 de agosto de 2024).
El informe de 2025 añade la foto que faltaba: sus tablas listan SUBCAN-1 y SUBCAN-2, propietario CSC, entrada en operación en 2002, operativos; y sitúan a Tenerife y Gran Canaria conectadas por seis cables submarinos propiedad de tres operadores, Telefónica, Canalink y CSC. Da además un rango genérico de pares de fibra, de 6 a 48, que no atribuye a Subcan, y no imprime precio, capacidad ni venta de capacidad (CNMC, INF/DTSA/548/23, 24 de julio de 2025).
«Operativo» es disponibilidad. No es capacidad encendida, no es capacidad vendida y no es un precio. La desregulación, por su parte, es una conclusión regulatoria sobre la competencia, no una medición del precio que se cobra: ninguna página revisada imprime ese precio.
Lo que el propio operador y los inventarios publican
La web de la empresa describe dos cables de fibra con rutas disjuntas entre Tenerife y Gran Canaria, en servicio en 2002, y la posición de primer competidor del incumbente en el mercado mayorista de líneas troncales. No publica capacidad, ni pares, ni longitudes de onda, ni tarifa, ni plazo de IRU, ni cliente. El inventario del observatorio canario, actualizado el 31 de julio de 2026, mantiene esos dos cables de 2002 separados de los de Telefónica (Transcan, Pencan, Candalta, Tegopa, Telapa) y de los interinsulares de Canalink (OCTSI, cables submarinos en Canarias).
Un directorio de cables de terceros, de fiabilidad inferior a los anteriores, lista el Subcan Link 1 con 143 km, puesta en servicio en 2002, propietario «Cable Submarine de Canarias» y puntos de amarre Las Caletillas y Piedra Santa, sin operador, capacidad, pares, coste ni tarifa (GeoCables, Subcan Link 1). Y aquí el registro imprime dos discrepancias que no reconcilia: el punto de amarre canario es Jinámar en el artículo académico, en la prensa de 2002 y en el contexto del observatorio, y Piedra Santa solo en ese directorio; y las longitudes son 142 y 136 km en un documento, 143,240 y 135,686 km en otro y 143 km en el tercero. Las dejo las dos como están impresas, sin elegir ganador.
El control negativo: otra empresa sí publicó
En 2024 hubo en Canarias una licitación de ingeniería, suministro e instalación llave en mano de un sistema de cables submarinos no repetidos, con 42,86 millones de euros de presupuesto y 42,1 millones adjudicados a Elettra TLC, publicada el 14 de junio de 2024 y adjudicada el 19 de septiembre de 2024. La emitió Canarias Submarine Link, S.L. (Canalink), no Cable Submarino de Canarias, y el registro subyacente de la Plataforma no lo he abierto (Gobierto Contratación).
Lo traigo precisamente como control negativo, y sirve para dos cosas. La primera, para no atribuir a Subcan el contrato de otra sociedad canaria. La segunda, más incómoda: el mercado regional publica en la Plataforma estatal cuando la clasificación del órgano activa la obligación. Un contrato de 42 millones de euros de otro operador canario está en el registro; el suministro de estos dos cables, en el conjunto que he leído, no está.
Las diez ausencias
Un recuento, sobre los documentos nombrados y leídos el 22 de noviembre de 2026:
- Ningún documento revisado imprime una capacidad de diseño total para ninguno de los dos cables de Subcan: ni Gbps, ni Tbps, ni un total de circuitos para el sistema.
- Ningún documento revisado imprime un número de longitudes de onda ni una capacidad por longitud de onda, y la única tecnología de transmisión nombrada es SDH, así que la cadena pares de fibra × longitudes de onda × régimen no puede armarse con este registro.
- Ningún documento revisado imprime una adjudicación, una licitación, un adjudicatario, una fecha de firma de contrato ni un coste de proyecto para el suministro del cable; los dos instrumentos del sector público son avales del Tesoro, y el posterior cancela el anterior.
- Ningún documento revisado imprime un precio unitario, una tarifa, un plazo de IRU ni un comprador de capacidad con nombre para la ruta Tenerife–Gran Canaria.
- Ningún documento revisado imprime una cantidad fechada de capacidad encendida en ninguno de los dos cables.
- El perfil de contratación de la propia empresa no lista ninguna licitación, y su serie de contratos de transparencia empieza el 1 de enero de 2025; el perfil de la plataforma estatal no se abrió, así que no se afirma nada sobre lo que contenga.
- La cifra de 15 millones de euros es una estimación periodística de 2002, sin itemización y sin confirmación del sector público; los avales son máximos, no importes dispuestos.
- El informe del regulador de 2025 se leyó a través de una representación recuperada por búsqueda y no de una apertura directa del PDF, así que su paginación y las tablas que lo rodean no están verificadas.
- El punto de desembarco en Gran Canaria se imprime como Jinámar en los documentos académico, de prensa y del observatorio, y como Piedra Santa en un directorio de cables; las longitudes se imprimen como 142 y 136 km en un documento y como 143,240 y 135,686 km en otro, y el registro no reconcilia ninguna de las dos discrepancias.
- La cifra de 30 720 es dudosa dentro de su propio documento, que imprime el mismo número como total de un sistema distinto de cuatro pares, de modo que la única unidad publicada para la capacidad de Subcan arrastra una contradicción sin resolver en lugar de una medición.
Lo que no leo, y por qué
Un aval del Tesoro no es una adjudicación, ni una subvención, ni un coste liquidado, ni un préstamo dispuesto. Los 15 millones de euros no se reconcilian con ninguno de los dos avales y no los sumo. Los dos avales no son acumulables. Los precios de Telefónica en la ruta Península–Canarias no son precios de Subcan ni de esta ruta. Los 42,1 millones de euros adjudicados a Elettra TLC son de Canalink. El rango de 6 a 48 pares de fibra del informe de 2025 no es una especificación de Subcan. «Operativo» no es capacidad encendida. La desregulación no es una medición.
El silencio del perfil corporativo no prueba que no exista un contrato: sus instrucciones enrutan la publicación a la Plataforma estatal, que no he abierto. Y los campos de un directorio de cables no son un registro de ingeniería.
La parada, con nombre
Cinco documentos están citados, implícitos o exigidos por este relato y no los he obtenido: el perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público; la resolución de la CNMC ANME/DTSA/003/22, que la nota de prensa de agosto de 2024 resume pero no imprime; cualquier anexo de prescripciones técnicas, resolución de adjudicación o presupuesto desglosado de la obra de 2001–2002; el prestamista del crédito de 2005; y el suministrador del cable de 2002, a quien ningún documento revisado nombra.
Mientras falten, la capacidad de estos dos cables no se puede reconstruir: hay pares de fibra impresos, una equivalencia en circuitos que se contradice y dos techos de aval. Nada más.
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