Resumen

  • El Congreso financió la retirada del equipo Huawei y ZTE de las redes pequeñas estadounidenses casi exactamente en la estimación previa de la Comisión: 1.900 millones de dólares apropiados frente a una estimación de 1.800 millones, cien millones de diferencia según mi resta.
  • Las solicitudes llegaron después a unas 2,9 veces esa estimación, y el único remedio que la ley nombra para la insuficiencia es una notificación a las comisiones del Congreso. La obligación de retirar no se encoge cuando el dinero no alcanza.

El número que importaba se publicó antes de que un solo operador presentara solicitud.

El 3 de febrero de 2021, la Government Accountability Office, al revisar las reglas de la Comisión sobre la cadena de suministro, recogió la proyección del propio regulador con estas palabras: «it estimates the cost of requiring the removal and replacement of covered equipment and services within the next 2 years to be $1.8 billion» (decisión B-332866 de la GAO). Dos años de trabajo, todos los operadores elegibles, una sola cifra. Una proyección producida por el regulador, sobre un perímetro que él mismo había definido, antes de que los afectados hubieran puesto precio a nada.

Entonces el Congreso hizo algo poco habitual: financió la estimación, con margen. La Consolidated Appropriations Act del 27 de diciembre de 2020 puso 1.900 millones de dólares en manos de la Comisión, de los cuales 1.895 millones correspondían al programa de reembolso, reparto que la Comisión detalla en su informe del 10 de enero de 2023. 1.900 millones frente a 1.800. Cien millones de holgura, según mi resta.

Luego habló el mercado. La ventanilla de presentación abrió el viernes 29 de octubre de 2021 a las 12:00 a. m. hora del Este y cerró el viernes 28 de enero de 2022 a las 11:59 p. m., según la página de la Comisión sobre la cadena de suministro: noventa y un días según mi cuenta. Llegaron ciento ochenta y una solicitudes que pedían aproximadamente 5.600 millones de dólares al presentarse, según registró el Wireline Competition Bureau el 18 de julio de 2022.

Después la revisión hizo lo que hace toda revisión. La demanda final aprobada se situó en aproximadamente 5.260 millones de dólares, informó la Comisión el 10 de enero de 2023. Divida esa cifra entre la estimación de 1.800 millones y obtiene unos 2,9: una razón entre dos cifras publicadas, medidas sobre poblaciones distintas y en fechas distintas. No es crecimiento ni una previsión revisada. Nadie rehízo el cálculo. La estimación no se corrigió; se quedó atrás.

Las dos cifras de la prioridad 1 son donde la aritmética se vuelve cortante. Los solicitantes elegibles presentaron 4.640.284.672 dólares en costes razonables y justificados; su demanda elegible rondó los 4.710.940.177 dólares. Antes de repartir nada, se dedujeron aproximadamente 62.049.300 dólares para administración.

Haga usted la división y aparece la cifra de la propia nota: (1.895 millones − 62.049.300) ÷ 4.640.284.672 ≈ 39,5 por ciento. Es mi aritmética sobre cuatro cifras publicadas, y reproduce el factor de reparto prorrateado ajustado que el Bureau publicó en esa misma nota, la cual indica además aproximadamente 39 por ciento en otra fase del reparto, en su texto principal. Dos fases, dos cifras, un solo programa.

Treinta y nueve centavos y medio por dólar de coste justificado no es un problema de redondeo. Es la diferencia entre un programa de reembolso y una subvención parcial, y cayó sobre operadores a los que ya se había ordenado retirar el equipo.

La Comisión se lo dijo por escrito al Congreso. El 15 de julio de 2022 la presidenta escribió que «the Reimbursement Program will require $4.98 billion, reflecting a current shortfall of $3.08 billion» (carta al Congreso). La misma carta cifra el primer grupo de prioridad más la administración en 4.700 millones, con un déficit de 2.800 millones, y recuerda una demanda bruta anterior de 5.600 millones notificada el 4 de febrero de 2022. Las dos restas cuadran: 4.980 menos 1.900 son 3.080; 4.700 menos 1.900 son 2.800.

Aquí está la parte que debería interesar a cualquiera que redacte leyes de financiación. La Public Law 116-124 autorizó 1.000.000.000 de dólares y obligó a la Comisión a notificar a las comisiones competentes del Congreso en cuanto esa suma no bastara para financiar todas las solicitudes aprobadas. No obligaba a nadie a apropiar más. No suspendía la obligación de retirar. El texto promulgado concede además al beneficiario 180 días para subsanar un incumplimiento tras la notificación antes de que se apliquen sanciones: un mecanismo de cumplimiento que recae sobre el operador, nunca sobre quien aprueba el presupuesto.

La ley, pues, anticipó la insuficiencia, nombró una suma y respondió a la insuficiencia con una carta. El Congreso apropió después casi el doble de la suma autorizada antes de que se abrieran las solicitudes, y aun así los expedientes llegaron a 2,9 veces la estimación. El error de previsión era sobrevivible. El remedio no era un remedio.

Una ambigüedad, dicha sin rodeos: la página de la Comisión describe a los beneficiarios como proveedores de servicios de comunicaciones avanzadas «with ten million or fewer customers», mientras que el resumen del artículo 4(b) que tengo en mano fija el umbral en 2.000.000 o menos. Ambas están delante de mí. No las resuelvo, y la aritmética del programa no depende de esa diferencia.

Para un consejo de administración, lo comprobable es estrecho y útil: su propia notificación de asignación, su cifra de costes justificados, el factor de prorrateo que se le aplica y el remanente que carga. Lo que no puede comprobar es el de nadie más. No se obtuvo para este artículo ninguna asignación por operador, ningún estado de avance de la retirada por operador ni ningún expediente sancionador, y nada aquí dice si algún operador con nombre ha retirado o no su equipo.

Dos límites del expediente, dichos una sola vez. En los siete documentos citados aquí, leídos el 13 de noviembre de 2026, no identifiqué ningún instrumento fechado que fije el plazo de retirada y sustitución para los operadores financiados, ni ninguna apropiación promulgada para este programa posterior a la Consolidated Appropriations Act de diciembre de 2020. El silencio de esos siete documentos no es el silencio del expediente. Tampoco leí literalmente la disposición operativa que crea la obligación de retirada: el único pasaje legal citado textualmente de que dispongo es el artículo 7(b)(2) sobre el plazo de subsanación de 180 días, y los artículos 3, 4(b), 4(c)(1) y 4(d)(5)(B) me llegan mediante el resumen que un proveedor hizo de la página de govinfo, y se presentan como resúmenes. La síntesis del Congressional Research Service es un espejo secundario, usado solo allí donde los propios papeles de la Comisión dicen lo mismo.

La cobertura anterior de BTW sobre la Comisión que pude localizar es un briefing de Case File sobre su decisión de 2025 de anular una resolución declaratoria en materia de ciberseguridad de telecomunicaciones: un asunto de obligaciones de seguridad de red. Este artículo trabaja únicamente el mandato de retirada, el instrumento de financiación y el reparto publicado. La ficha de la Comisión contiene el resto.