Resumen

  • La autoridad francesa de competencia ordenó suspender provisionalmente nuevas obras de fibra de Orange y su prospección mayorista en ciertas zonas de Mayotte mientras examina el conflicto con una concesión de servicio público.
  • El punto delicado es la economía territorial del proyecto: según la autoridad, cinco de los 17 municipios figuran entre los más densos y rentables, y el equilibrio de la concesión depende de ingresos repartidos por la isla. Se trata de una evaluación provisional, no de una infracción declarada.

Análisis

El expediente no enfrenta fibra contra cobre en abstracto. Tras los daños del ciclón Chido en la red aérea de cobre, tanto la concesión pública como el proyecto de Orange ofrecen una vía hacia una nueva infraestructura. La disputa es quién organiza el mapa y cómo se sostiene el resto del territorio cuando dos planes se cruzan antes de que el proyecto público tenga asegurada su financiación.

El 14 de enero de 2025, el Département-Région de Mayotte firmó con Réunicable una delegación de servicio público para desplegar fibra en sus 17 municipios. La empresa encargó la ejecución a su filial Mayotte THD. Orange también había concurrido a la licitación. En marzo de 2025 inició con fondos propios un despliegue en cinco municipios y anunció que pretendía llegar a 27.771 hogares y locales para 2030.

La densidad importa porque modifica la economía de una red. La Autorité de la concurrence describe esos cinco municipios como algunos de los más poblados y rentables de Mayotte. También sostiene que la concesión pública se equilibra con ingresos del conjunto del territorio, incluidas zonas donde la rentabilidad esperada no basta por sí sola. Una red privada puede ampliar capacidad y elección allí donde se construye, pero también cambiar la base de ingresos que respalda un compromiso de cobertura más amplio.

La autoridad considera que la coexistencia de los proyectos generaba riesgo de duplicación. La Agencia Nacional de Cohesión Territorial suspendió el examen de la solicitud de subvención de la red pública y, según la autoridad, el compromiso estatal de financiación quedó en suspenso. Eso no demuestra que la ayuda se hubiera aprobado ni que el despliegue de Orange explique por sí solo todos los problemas financieros. Sí muestra que el solapamiento tuvo consecuencias antes de que se resolviera el fondo: se alteró el calendario financiero mientras la disputa jurídica seguía abierta.

El 21 de octubre, la autoridad ordenó a Orange detener nuevas obras y la prospección mayorista en las zonas aún no construidas. También exigió un inventario de la fibra, el cobre y la obra civil, y acceso a los conductos bajo control de Orange cuando el concesionario los necesite. Las medidas pueden revisarse si la red pública sufre un retraso anormal, si se acuerda un despliegue conjunto en toda Mayotte o si se modifica la concesión para incorporar obras existentes, con ajustes de financiación cuando proceda.

La posibilidad de revisión delimita el alcance del caso. No es una prohibición permanente de inversión privada, una orden de retirar fibra ya instalada ni una conclusión definitiva sobre abuso de posición dominante. Por ahora, la autoridad considera probable que exista abuso y un riesgo de daño grave e inmediato. El texto íntegro de la decisión aún no estaba publicado al preparar este análisis.

La lección no es que todo solapamiento sea perjudicial. En una red de iniciativa pública, la frontera entre las zonas rentables y las que necesitan apoyo forma parte del diseño financiero. La prueba decisiva será si el calendario de obras, el acceso mayorista, los derechos sobre la infraestructura civil y la financiación pueden coordinarse para conservar la obligación territorial sin desperdiciar activos útiles.

Fuentes