Resumen

  • La Orden 2026/T01 aprobó dos compromisos distintos sobre el cable Tui-Samoa: alquiler de capacidad por 36 meses y una IRU por 15 años. Sus precios no son equivalentes.
  • La tarifa nacional se expresa por Mbps al mes, pero sus bandas mezclan «GB», «Gb» y «Gbps». La tabla de IRU prevé pagos trimestrales de un doceavo del precio base, sin indicar cuántas cuotas hay.
  • La oferta también publica un O&M anual del 4 %, mientras que el contrato calcula trimestralmente la parte de los costos según la capacidad activada. Sin aclarar la unidad, el número de pagos y la base del O&M, el precio inicial no demuestra un ahorro total ni una baja en las facturas minoristas.

La aprobación no acredita una rebaja

El 22 de enero de 2026, la Office of the Regulator de Samoa aprobó la oferta de interconexión de referencia revisada de Samoa Submarine Cable Company (SSCC) y reemplazó la orden de 2024. El regulador calificó la oferta como justa, razonable y no discriminatoria, y anticipó que impulsaría la competencia, reduciría los precios de internet y mejoraría el servicio. Son los fundamentos y efectos esperados que declara la orden; no son resultados medidos después de su entrada en vigor.

La oferta actúa aguas arriba. Establece las condiciones bajo las que los proveedores con licencia pueden comprar capacidad a SSCC. La ley de telecomunicaciones de Samoa prevé la aprobación y publicación de una oferta de referencia. El RIO de SSCC dice que la relación comercial queda vinculada cuando un proveedor firma un Capacity Lease Agreement o un Capacity Purchase Agreement. Por tanto, el cuadro público es el punto de partida de un contrato, no una tarifa para los hogares.

Dos productos, dos relojes

El alquiler se tarifa por Mbps y por mes. Para la conexión mayorista Tier 1 entre Samoa y Fiji, SSCC publica un único plazo de 36 meses: 300 Mbps a US$44 por Mbps al mes; 500 Mbps a US$35; 1.000 Mbps a US$27,50; 3.000 Mbps a US$24, y 5.000 Mbps a US$22. El alquiler doméstico Upolu–Savaii también se cobra por Mbps al mes y exige al menos 36 meses. Sus tarifas van de SAT$7 a SAT$2,50 según la banda de capacidad.

Las unidades de las bandas domésticas no son uniformes. El RIO publicado dice «Up to 1GB» y luego usa variantes como «1GB - 2.5 GB» y «2.5Gb to 5GB»; otras copias ponen «Gbps» en algunas filas. Un gigabyte mide una cantidad de datos; Gbps expresa velocidad de transmisión. La columna de precios, en cambio, dice expresamente que cobra por Mbps al mes. Aunque quienes redactaron la tabla quizá tengan clara la unidad pretendida, el lector no debería corregirla por su cuenta: el umbral define qué tarifa cree aplicable el comprador.

La IRU tiene un horizonte distinto. El cuadro de 2026 fija 10 Gbps por 15 años en US$12 millones y 20 Gbps por 15 años en US$15,12 millones, para el trayecto Samoa/Fiji/Sydney. Indica pagos trimestrales de un doceavo del precio base, pero no cuántos trimestres incluye. El acuerdo estándar de compra de SSCC deja el primer pago, las cuotas siguientes y sus fechas en el Anexo 1 específico del cliente. Mientras no se complete ese anexo, la línea pública no ofrece un calendario íntegro.

El precio base no es la cuenta completa

La versión 1.1 del RIO anterior fijaba en US$20 millones la misma IRU de 20 Gbps y 15 años; la de 10 Gbps costaba US$12,096 millones. Indicaba 24 pagos trimestrales durante los primeros seis años y un O&M anual del 3 %. El precio base de 2026 para 20 Gbps baja US$4,88 millones; el de 10 Gbps, US$96.000. La nueva tabla eleva el O&M indicado al 4 % anual. Comparar solo los precios base deja fuera el calendario de pagos y el costo operativo.

El contrato precisa cómo se calcula el O&M: se factura por trimestre y por adelantado. El Anexo 3 distribuye los costos de mantenimiento previstos entre la capacidad comprada y alquilada que esté activada. La parte de cada cliente depende de su capacidad activada respecto del total. La tabla de precios muestra un O&M del 4 % anual, pero los documentos públicos no explican cómo se relaciona esa cifra con el reparto trimestral basado en costos. No permiten concluir si es un tope, una base distinta o una abreviatura de otro cálculo. Corresponde pedir una explicación, no afirmar que una de las dos cifras sea errónea.

Así no se puede calcular un costo total comparable. El RIO indica que las cifras están en dólares estadounidenses salvo que se señale otra moneda, y excluye VAGST y otros impuestos. Para valorar un contrato real, el operador necesitaría su anexo firmado, la capacidad activada, las facturas de O&M y el tratamiento fiscal. Ninguno de esos datos está en una fila de precio base.

Por eso la previsión del regulador sobre precios minoristas más bajos debe seguir tratándose como previsión. Unas condiciones mayoristas mejores pueden facilitar competencia, pero los documentos públicos no muestran cuánta capacidad comprarán los operadores, qué otros costos de acceso y transporte afrontan, ni si trasladarán el ahorro a los abonados. Tampoco presentan una medición de calidad de servicio posterior a la aprobación.

La Nota 32 de Heng Lu aporta solo un enfoque editorial sobre la visibilidad de la responsabilidad cuando las decisiones institucionales tienen consecuencias económicas. No es evidencia sobre Samoa, SSCC, el regulador ni los costos del cable. La pregunta práctica es si un operador con licencia puede auditar la misma unidad, el mismo plazo y la misma base de costos que aprobó el regulador.

Fuentes