Resumen

  • En 2026, organismos públicos declararon 545 casos de IA, frente a 272 en 2025, aunque participó un número menor de organizaciones.
  • La soberanía de los datos sigue siendo un reto señalado, pero el informe no vincula cada caso con sus datos, proveedor, lugar de tratamiento ni reglas de control.

El número de casos de inteligencia artificial en la administración pública neozelandesa se duplicó con creces en un año. El Government Digital Delivery Agency informa que 59 organizaciones declararon 545 casos en 2026: 42 organismos del servicio público reportaron 432 y 17 entidades del sector público ampliado, 113. La encuesta anterior contabilizó 272 casos entre 70 organizaciones. El total creció pese a que hubo menos participantes. Por tanto, refleja más actividad declarada por quienes respondieron, no un censo completo ni una medición directa de cuántas personas resultan afectadas.

La actividad ya no se limita a la planificación. El informe de 2026 registra 167 casos en fase operativa, tres veces el dato de 2025. Administración y funciones digitales son los ámbitos más frecuentes, seguidos por comunicación, políticas públicas, gestión de proyectos, tareas corporativas y recursos humanos. Las organizaciones encuestadas describen mejoras de eficiencia y prestación de servicios. A la vez, el informe mantiene como desafíos complejos la aceptación pública, la fiabilidad y la soberanía de los datos.

Esa combinación es lo más revelador. La encuesta cuantifica la adopción y menciona un problema de control, pero la publicación no relaciona cada caso con la información que procesa, el proveedor, el lugar de tratamiento, los plazos de conservación ni las condiciones para reutilizar datos en el entrenamiento de modelos. Tampoco identifica a la persona autorizada para aprobar o detener cada sistema. Así, no puede saberse si un expediente almacenado localmente permanece bajo control efectivo cuando se envía a un servicio de IA, queda en manos de un proveedor o influye en una decisión pública.

Nueva Zelanda sí ha reforzado una capa visible de control. En junio de 2025, el Gobierno inauguró un centro de datos para toda la administración, con un coste de 326 millones de dólares neozelandeses. Lo opera el GCSB desde la base de la Fuerza Aérea en Whenuapai. Según el anuncio oficial, alojará durante 25 años parte de la información más sensible de los organismos. Es una capacidad de almacenamiento significativa. Sin embargo, el comunicado no afirma que los casos de IA de 2026 funcionen allí.

La ubicación de un centro no permite saber por sí sola quién puede leer una instrucción, cuánto tiempo persiste ni cómo puede impugnarse una respuesta.

El Marco de IA del Servicio Público pide trazabilidad de los datos, responsabilidad humana, transparencia y gestión de riesgos. Pero su propia página aclara que no es vinculante: se anima a los organismos a seguirlo. El programa del Government Chief Digital Officer hasta 2027 incluye como trabajo previsto un modelo y una guía de aseguramiento de IA. Por separado, el Privacy Commissioner espera evaluaciones de impacto en privacidad, diligencia sobre los proveedores, participación Māori cuando corresponda y salvaguardas para evitar la retención o divulgación de información personal o confidencial.

Son criterios prácticos, pero la encuesta no demuestra si los cumple cada uno de sus 545 casos.

Esto no demuestra que los organismos carezcan de salvaguardas. Siguen vigentes las leyes de privacidad y las obligaciones del servicio público; algunas agencias pueden tener evaluaciones detalladas que no aparecen en el informe agregado. La conclusión es más acotada: la adopción ya puede contarse para todo el sistema, mientras que el informe no publica pruebas equivalentes sobre el control de datos de cada caso.

Para una persona que solicita una ayuda, paga impuestos o usa un servicio público, la diferencia es concreta. ¿La IA solo resume un expediente para uso interno o influye en una decisión? ¿Qué información recibe? ¿Qué organismo mantiene la responsabilidad? ¿Cómo se corrige un error o se pide una revisión humana? Un recuento de casos no responde a esas preguntas.

El siguiente paso podría ser un inventario público que conecte cada caso desplegado con datos básicos de control sin revelar detalles de seguridad sensibles: finalidad, fase, sensibilidad de los datos, responsable, retención por el proveedor, revisión humana, evaluación de privacidad y vía de reclamación. Las excepciones por seguridad pueden explicarse. Sin un registro comprobable, otra cifra agregada no resolverá la duda que la propia encuesta reconoce.

Fuentes