Resumen

  • El 3 de mayo de 2026, el Consejo de ICANN eliminó la limitación del SFICR a recomendaciones comunitarias aprobadas, lo rebautizó como Fondo de Proyectos y ordenó al presidente y CEO, o a sus delegados, desarrollar las reglas de calificación.
  • El cambio no entrega a la dirección la autoridad final de gasto. Cada uso conserva la aprobación del Consejo y debe reflejarse en la información financiera de ICANN.
  • El 28 de mayo, el BFC examinó una previsión de superávit operativo FY26 de US$18–21 millones. El Fondo de Proyectos era una posible asignación, no el destino decidido; faltaban el cierre, la auditoría, una recomendación formal y la aprobación del Consejo.
  • La trazabilidad necesaria empieza por una versión pública de los criterios y termina en el cierre del proyecto. Entre ambos puntos deben permanecer unidos el origen de la iniciativa, la razón para salir del presupuesto anual, la consulta, la transferencia, el permiso de uso, los desembolsos y los resultados.

Cuatro fechas para un mismo dólar

El primer control consiste en no permitir que una cifra pierda su fecha. El 28 de mayo, US$18–21 millones describían una estimación. Tras cerrar FY26, el resultado contable podía ser distinto. Después, el Consejo podía transferir una parte, toda la suma o nada. Por último, una resolución separada podía autorizar el uso en un proyecto concreto.

Si el registro conserva sólo US$21 millones — Fondo de Proyectos, desaparecen tres decisiones. El rango se convierte en saldo, el saldo en transferencia y la transferencia en permiso de gasto. La simplificación no es inocente porque atribuye a una discusión financiera la fuerza de un acuerdo que aún no existía.

Las actas del BFC del 28 de mayo son precisas. Los gastos FY26 estaban generalmente en línea con el presupuesto, mientras los ingresos superaban la previsión sobre todo por una actividad del mercado de nombres de dominio mayor de la esperada. Los fondos Operativo y de Reserva estaban por encima de sus mínimos; el de Reserva se situaba ligeramente por encima de su objetivo.

El personal señaló el Fondo de Proyectos como destino potencial del superávit esperado y citó la modernización tecnológica como ejemplo de trabajo elegible. También registró que la recomendación formal llegaría después del cierre fiscal y de la auditoría. La acción asignada al personal fue preparar esa recomendación. No se aprobó una transferencia ni un proyecto.

La experiencia FY25 muestra la forma que falta. El 30 de octubre de 2025, el Consejo aprobó una transferencia identificada de US$12 millones desde el exceso del Fondo Operativo al SFICR/Project Fund. Un futuro movimiento FY26 necesita su propio año, origen, importe y resolución.

El SFICR llevaba incorporada una primera autorización

Cuando se creó en julio de 2021, el SFICR tenía un objeto definido: proyectos complejos y plurianuales que implementaban recomendaciones comunitarias aprobadas o próximas a ser adoptadas por el Consejo y que no cabían en un presupuesto anual. El Consejo transfirió entonces US$15 millones.

La recomendación comunitaria no era una licencia para gastar, pero identificaba el origen del mandato. Después seguían el examen del Consejo, la asignación y la ejecución. En 2026, ICANN decidió que esa procedencia era demasiado estrecha. Mejoras de edificios, infraestructura tecnológica, seguridad o equipos podían plantear el mismo problema de escala y calendario sin haber nacido de un proceso de políticas.

Las resoluciones del 3 de mayo aprobaron la ampliación a cualquier proyecto que cumpla los requisitos. El Consejo cambió el nombre a Fondo de Proyectos y encargó al CEO o sus delegados crear las reglas de calificación. Es una secuencia deliberada: primero se amplía el universo; después debe establecerse el test de entrada.

La ausencia del antiguo criterio de origen no vuelve ilegítima una iniciativa interna. Aumenta la carga del expediente. Debe decir por qué el proyecto pertenece a un fondo excepcional, por qué no está en el plan y presupuesto anuales, qué magnitud o duración lo justifica y qué resultado público u operativo se compra.

Cualquier no significa sin criterio. Opera después de la calificación. Tampoco la palabra modernización demuestra por sí sola que un proyecto sea no recurrente, plurianual o extraordinario. Una etiqueta estratégica no sustituye la comparación con mantenimiento ordinario, personal permanente, contratos recurrentes y alternativas de menor alcance.

Los límites de 12, 16 y 21 meses

El Consejo adoptó a la vez nuevos puntos de referencia para el Fondo de Reserva. El mínimo sigue en doce meses de gastos operativos presupuestados; el objetivo pasa a dieciséis y el máximo a veintiuno. El Fondo Operativo conserva un mínimo de tres meses para la actividad diaria.

Los umbrales protegen un orden. Primero se cubren las operaciones. Luego la reserva sostiene continuidad e imprevistos. Después, un exceso puede considerarse para proyectos u otros destinos permitidos por la jerarquía de fondos. Estar por encima de un umbral autoriza a formular una pregunta; no responde cuál proyecto debe recibir cuánto dinero.

El Consejo mantuvo dos límites materiales. Toda transferencia al Fondo de Proyectos y todo uso requieren aprobación del Consejo. El gasto debe aparecer en los informes financieros de ICANN. La dirección puede preparar criterios y propuestas, pero no convertir por sí sola una clasificación en un desembolso.

La decisión del 3 de mayo fue descrita como carente de impacto fiscal inmediato. Esa frase separa correctamente política y caja. Cambiar el destino permitido de un fondo no mueve el dinero hasta que exista una asignación; aprobar un fondo no demuestra que un proyecto esté contratado o entregado.

La consulta no fue un cheque en blanco

La propuesta viajó dentro de la consulta sobre los planes y presupuestos FY27–31. El informe de ICANN del 2 de abril recoge apoyo al motivo de la ampliación, pero también preguntas sobre transparencia, criterios y supervisión.

ICANN anticipó que un proyecto podría quedar fuera del plan operativo anual, ser grande en alcance y coste y atravesar varios ejercicios. Confirmó la aprobación del Consejo y señaló el proceso presupuestario y el diálogo con el Consejo como vías para que la comunidad opinara.

Los tres rasgos son un boceto. La regla final necesita decidir si todos son necesarios, cómo se miden y qué evidencia los prueba. Fuera del plan anual no puede bastar por sí solo: una omisión voluntaria convertiría la excepción en su propia causa. Grande exige un denominador. Plurianual necesita separar el proyecto temporal de los costes que continuarán indefinidamente.

El ccNSO SOPC preguntó quién define un proyecto, qué control tendría la comunidad y si el fondo eludiría el escrutinio presupuestario normal. ALAC defendió que el Consejo conservara la aprobación de cada uso. Alfredo Calderon-Serrano pidió visibilidad y una distinción entre prioridades comunitarias e iniciativas internas.

Son preguntas atribuidas, no constataciones de abuso. El expediente debe conservar su respuesta. Resumir la consulta como apoyo general y borrar sus condiciones debilitaría la prueba. Pero contar comentarios tampoco transfiere el poder de decisión: la comunidad informa y cuestiona; el Consejo responde por el empleo del dinero.

Un recibo para calificar y otro para gastar

La regla general necesita identificador, versión, fecha de vigencia y autoridad. La solicitud del proyecto debe apuntar a esa versión y nombrar propietario público, responsable ejecutivo, relación con la misión, interés público, alcance, coste, duración y entregables.

El expediente debe explicar por qué el presupuesto anual no es el instrumento adecuado. Debe clasificar el origen como recomendación comunitaria, necesidad interna o combinación. Debe comparar alternativas: presupuesto ordinario, reducción, fases, aplazamiento o rechazo. Una decisión que no registra las alternativas no permite saber si la excepción era necesaria o sólo cómoda.

La consulta pertenece al proyecto concreto. Fechas, vías, asuntos relevantes y respuestas se vinculan a él. El volumen no decide, pero las objeciones sustantivas no pueden desaparecer. La recomendación del BFC y la resolución del Consejo señalan la regla y los hechos examinados.

Después empieza el recibo monetario: fondo de origen, importe transferido, límite de uso, desembolsos reales, cambios aprobados y saldo. El cierre añade los resultados, desvíos, remanentes y la autoridad que terminó o canceló el trabajo. Los cambios de alcance crean versiones; no reescriben la aprobación inicial.

Información de seguridad, datos personales y negociaciones comerciales pueden ocultarse. Aun así, deben quedar visibles el criterio aplicado, el importe agregado, la razón, la autoridad, el estado y la ruta de corrección.

Qué puede afirmarse al 27 de agosto

El registro revisado demuestra una ampliación del fondo, una orden de elaborar los criterios, rasgos esperados, la continuidad del control del Consejo y una previsión posterior. No demuestra un superávit auditado definitivo, su transferencia, la aprobación de un proyecto de modernización ni gasto procedente de esa previsión.

La búsqueda de fuentes oficiales no encontró un documento separado con la regla final de calificación. Es un resultado limitado por la fecha y los documentos públicos consultados; no prueba que no exista trabajo interno ni permite alegar ocultación. El objeto de seguimiento es el instrumento que ordena la resolución 2026.05.03.02.

La lectura de Heng Lu sobre el problema de agencia en la gobernanza de Internet ayuda a mantener juntos poder, incentivos y responsabilidad. No es una fuente sobre las cuentas de ICANN. Aplicada aquí, exige atribuir cada acción: la dirección formula, el BFC recomienda, el Consejo autoriza, el público aporta evidencia y los informes muestran la ejecución.

El Fondo de Proyectos puede ser una herramienta válida para trabajos que el calendario anual trata mal. Su prueba no será un nombre amplio ni una cifra grande. Será una cadena capaz de mostrar por qué entró cada proyecto, quién autorizó el dinero, qué cambió y cómo terminó.

Fuentes