Summary

  • La actualización financiera de octubre de 2026 sitúa las cuotas en riesgo en 7,761 millones de euros. De ellos, 6,634 millones corresponden a 776 cuentas LIR de Irán y Siria que no han pagado y a las que RIPE NCC no ha emitido factura.
  • RIPE NCC mantiene el servicio y afirma que la obligación legal de pagar subsiste. El informe financiero de 2025 sacó del balance esa reclamación sin facturar ante la incertidumbre de cobro.
  • De los importes de Irán y Siria sometidos a una estimación para 2022–2026, 4,607 millones se atribuyen a cuentas activas y se clasifican como potencialmente cobrables. Es una estimación de estado, no dinero ingresado.

En una empresa normal, una deuda comienza con una factura y termina con un pago, una disputa o un impago. La presentación financiera de RIPE NCC del 28 de octubre muestra otro recorrido. El registro conserva 776 cuentas LIR de Irán y Siria sin haber emitido las facturas correspondientes. Continúa prestándoles servicio y sostiene que existe una obligación de pago. Quien busque la fecha de vencimiento de esas facturas busca un documento que todavía no se ha creado. La barrera está entre la reclamación y el sistema bancario que debería permitir cobrarla.

La tabla general suma 7,761 millones de euros en cuotas de membresía en riesgo hasta 2026. Reúne 970 cuentas LIR sin pagar dentro de tres grupos que abarcan 1.240 LIR.

Irán y Siria representan 6,634 millones y 776 cuentas impagadas de 776.

Los casos vinculados a sanciones suman 724.000 euros y 126 cuentas sin pagar de 126.

Ucrania aparece con 403.000 euros. 68 cuentas permanecen impagadas entre 338 LIR.

Estos son saldos acumulados, no una pérdida operativa registrada íntegramente en 2026. El importe de ese año dentro del cuadro es 1,821 millones de euros.

La misma cifra agregada encubre tres instrucciones administrativas. Para Irán y Siria, clasificados por tres grandes bancos neerlandeses como países de «riesgo ultraalto», no se emiten facturas; RIPE NCC afirma que aún no dispone de una vía viable para cobrar. Para Ucrania y otras zonas en dificultades se emitieron las facturas de 2026, con la posibilidad de aplazar el vencimiento hasta el final del año a petición del miembro. En los casos relacionados con sanciones, la factura queda pendiente hasta confirmar que el miembro está libre de ellas. El acta taquigráfica de la asamblea recoge esta explicación del director financiero. Decir simplemente «7,8 millones sin cobrar» borraría la diferencia entre una factura inexistente, una factura aplazada y una factura condicionada a una verificación.

El informe financiero auditado de 2025 añade la decisión contable. En ejercicios anteriores, los importes no facturados de Irán y Siria se incluían en el balance, elevando activos y pasivos. RIPE NCC los trasladó a la nota de compromisos y acuerdos no incluidos en el balance porque no sabe cuándo podrá recibir ese dinero. El informe cifra el acumulado de entonces en 5,197 millones de euros. Aclara que sigue atendiendo a esos miembros y que su obligación legal permanece. Solo emitirá la factura y reconocerá el ingreso cuando el cobro sea compatible con su perfil de riesgo conservador.

La actualización de octubre de 2026 eleva la parte de Irán y Siria a 6,634 millones de euros. Las fechas importan: 5,197 millones es el saldo que describe el cierre de 2025, mientras que 6,634 millones procede de la presentación del tercer trimestre siguiente. La decisión de quitar una cifra del balance tampoco eliminó las cuentas del registro. La reclamación crece en una nota pública, pero no se transforma por sí sola en liquidez ni en un activo corriente fiable. Ahí se ve el coste contable de sostener un servicio esencial cuando el canal de pago se ha roto.

La tabla de cobrabilidad exige aún más cuidado. RIPE NCC calcula sobre 6,489 millones de euros correspondientes a Irán y Siria entre 2022 y 2026; deja fuera los 145.000 euros de 2021 incluidos en la tabla de riesgo total. Clasifica 984.000 euros, el 15 %, como muy difíciles de cobrar por cierre de cuentas. Otros 898.000 euros, el 14 %, pertenecen a cuentas sancionadas y se consideran poco probables de cobrar. Los 4,607 millones restantes, el 71 %, están ligados a cuentas activas y figuran como «potencialmente cobrables». La palabra «activa» acredita que la relación de registro continúa.

La palabra «potencialmente» indica una posibilidad evaluada por la institución. Ninguna de las dos acredita una orden bancaria ejecutada.

El documento sobre los objetivos de la reserva de compensación explica por qué el registro mantiene un colchón. Entre 2022 y 2025, los retrasos de financiación asociados a sanciones y a la clasificación bancaria oscilaron entre uno y 1,5 millones de euros anuales. RIPE NCC ofrece un ejemplo estático: una reserva de 33,6 millones podría cubrir una demora anual de 1,5 millones durante 22,4 años. Es una medida de capacidad financiera en ese supuesto, no un pronóstico ni un plan de cobro. Los miembros pueden pagar la continuidad del sistema durante una demora; la reserva no puede obligar a un banco a procesar la transferencia.

Falta un dato decisivo en los documentos públicos: una ruta de cobro aceptada por el banco, con fecha y condiciones, que permita pasar una cuenta activa de «potencialmente cobrable» a dinero recibido. Ese hecho cambiaría la evaluación. Hasta que aparezca, la obligación del titular, la anotación financiera y la caja de RIPE NCC deben leerse por separado. El registro ha elegido mantener el servicio y publicar una cifra incómoda; por eso sus 776 cuentas sin factura dicen más sobre el gobierno de la institución que un lema sobre neutralidad.