Resumen

  • El artículo 33 da una cifra al regulador: 72 horas desde que el responsable conoce la violación, con la salvedad de «cuando sea posible» y la obligación de explicar cualquier retraso.
  • El artículo 34 no da ninguna cifra a las personas cuyos datos se filtraron; les da un verbo, un umbral más alto y tres excepciones que el propio responsable valora.

El 2 de octubre de 2019, un médico con consulta privada en Francia supo que datos de sus pacientes habían quedado comprometidos. El 24 de septiembre de 2020, día en que se le notificó el informe de sanción, seguía sin declarar nada a la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La formación restringida registró las dos fechas en la Délibération SAN-2020-015, de 7 de diciembre de 2020, encontró el mismo relato en una reproducción independiente de la decisión, declaró constituido el incumplimiento del artículo 33 y puso precio conjunto a los fallos de seguridad y de notificación: 6.000 € por incumplimientos de los artículos 32 y 33 del Reglamento (UE) 2016/679. El texto publicado no lo identifica.

Dos fechas, y una obligación que no se movió en 358 días. Unos 11,8 meses, o cerca de 119 veces el techo que imprime el artículo. La cifra es real, el intervalo es real, y es el expediente que más se cita para demostrar que el reloj europeo muerde.

Conviene leer el resto del instrumento, porque el caso del médico ejercita solo la mitad.

El artículo 33 es la mitad que lleva número. Exige notificar al regulador competente «sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de haber tenido constancia» de la violación, salvo que sea improbable que entrañe riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas; y cuando la notificación llega más tarde, debe ir acompañada de las razones del retraso. El texto puede leerse aquí, cotejado con la versión retenida en el Reino Unido. Alrededor del mismo artículo: el encargado informa al responsable sin dilación indebida; la notificación describe la naturaleza de la violación, las categorías y el número aproximado de personas y registros, un punto de contacto, las consecuencias probables y las medidas adoptadas o propuestas; la información puede llegar por fases; y toda violación debe documentarse — hechos, efectos, medidas de reparación — para que el regulador pueda verificar el cumplimiento.

El artículo 34 es la otra mitad, y abre sin cifra. Cuando es probable que la violación entrañe un riesgo alto, el responsable «comunicará la violación de datos personales al interesado sin dilación indebida». La frase se detiene ahí (texto completo, también en la versión retenida). Sin horas, sin días. El apartado 2 fija el registro: lenguaje claro y sencillo, y como mínimo el punto de contacto, las consecuencias y las medidas del artículo 33, apartado 3, letras b, c y d. El apartado 3 retira después la obligación en tres supuestos: medidas que hagan los datos ininteligibles, con el cifrado como ejemplo nombrado; medidas posteriores que garanticen que el riesgo alto ya no es probable; y esfuerzo desproporcionado, sustituido por comunicación pública o una medida similar que elija el responsable.

Tres excepciones, y las tres son valoraciones que el responsable hace sobre su propia conducta. El único lugar donde un tercero puede ver algo está en el apartado 4: cuando el responsable aún no ha comunicado, el regulador, tras considerar la probabilidad de riesgo alto, «podrá exigir» la comunicación o «decidir» que concurre una de las excepciones. Es un contrapeso real y se publica en lugar de enterrarse en una nota: la rama dirigida a las personas no se juzga por completo a sí misma. Pero la facultad es discrecional, pasa por el regulador y no por la persona afectada, y nada en el expediente revisado más abajo muestra que se haya ejercido.

Una precisión sobre lo leído. El texto del Diario Oficial no se abrió para este artículo: la página de publicación de EUR-Lex acredita el instrumento, DO L 119 de 4 de mayo de 2016, páginas 1 a 88, CELEX 32016R0679, y nada más. La redacción operativa procede de dos reproducciones íntegras, cotejadas con la versión británica, que se aparta del texto de la Unión en el apartado 4 del artículo 34 al nombrar a la Comisión donde el texto europeo nombra al regulador. Donde las lecturas coinciden, la redacción está corroborada, no autenticada; quien necesite el texto publicado debe ir al Diario.

La CNIL lee dos obligaciones distintas, y su propia página de notificación lo dice con esas palabras: la declaración debe hacerse dans les meilleurs délais y, si possible, en 72 horas; un retraso debe explicarse; y cuando el riesgo es alto, el responsable debe informar además a las personas afectadas. La página no pone ninguna cifra a la segunda obligación, porque el artículo no tiene ninguna que poner.

La lectura honesta de la rama cifrada tampoco es la de un cronómetro. Es un techo condicionado más una obligación de explicar, y el expediente del médico es un caso de ausencia total, no de retraso: nadie discutió sobre horas, porque no hubo notificación alguna durante casi un año. La distinción importa, porque un programa afinado para la hora 71 ha cumplido la aritmética y no necesariamente la obligación.

Llega después la apelación, la parte que suele omitirse. El 22 de julio de 2022, en la decisión n.º 449694, el Conseil d'État anuló un incumplimiento del artículo 33 imputado a un médico en una decisión gemela: como la propia CNIL le había informado de la violación y había abierto un control con esa base, no entraba en el ámbito de la obligación de notificar, y la deliberación incurría en un error de derecho. La multa pasó de 3.000 € a 2.500 €. La sentencia no dice que el responsable fuera lo bastante rápido; retira el disparador en lugar de satisfacerlo. Un detalle resiste el relato ordenado: el Conseil d'État describe la deliberación impugnada como de 3 de diciembre de 2020 en los hechos y de 7 de diciembre de 2020 en su parte dispositiva, y no hay forma de zanjar cuál de las dos decisiones de ese día reformó. Este artículo dice solo que se trata de la gemela de 3.000 €, y no afirma nada sobre SAN-2020-015.

La segunda aplicación administrativa legible del artículo 33 no va de horas. En la Délibération SAN-2022-022, de 30 de noviembre de 2022, la formación restringida aprecia el incumplimiento de la obligación de documentación: en el punto 76 considera que el expediente elaborado tras dos días de control in situ no permitía a la delegación conocer el conjunto de medidas adoptadas para remediar la violación y sus efectos. La multa fue de 300.000 €, por incumplimientos de los artículos 12, 15, 17, 32 y 33. Tres importes, tres etapas separadas: 6.000 € por los artículos 32 y 33 en 2020; 3.000 € rebajados a 2.500 € en la gemela reformada; 300.000 € por cinco artículos en 2022. Ninguno de esos importes es atribuible a un fallo de información a las personas afectadas.

El derecho penal francés, en cambio, no jerarquiza las ramas. La página de la CNIL sobre sanciones penales reproduce el artículo 226-17-1 del Código Penal: no notificar una violación a la CNIL o al interesado, contraviniendo los artículos 33 y 34, se castiga con cinco años de prisión y 300.000 € de multa. Máximos idénticos para la rama cifrada y para la que no lo está.

Lo que el expediente no muestra debe decirse con el mismo cuidado. Sobre las trece fuentes leídas el 19 de noviembre de 2026 — la página de publicación de EUR-Lex y cuatro lecturas íntegras de los artículos 33 y 34, la página de notificación de la CNIL, su tabla de sanciones impuestas, su página de sanciones penales, las dos reproducciones de SAN-2020-015, la sentencia del Conseil d'État, SAN-2022-022 y las directrices del Grupo de Trabajo del artículo 29 alojadas en la CNIL — no se localizó ninguna decisión de la CNIL que declare un incumplimiento del artículo 34, los pasajes extraídos de SAN-2020-015 no contienen ninguno, no se localizó ningún recuento publicado de notificaciones recibidas por la CNIL, y no se localizó ninguna decisión publicada en la que el regulador ejerciera su facultad del apartado 4. Esas directrices vierten el artículo 34, apartado 1, como dans les meilleurs délais y afirman que el umbral para informar a las personas es más alto que el de notificar al regulador. Nada de esto demuestra que la rama dirigida a las personas quede sin aplicar. Es un hallazgo sobre lo que un tercero puede leer.

La cobertura previa de BTW sobre este terreno se midió el mismo día con dos consultas literales, «CNIL» y «GDPR», que devolvieron cinco filas publicadas. La más cercana es un briefing del 17 de noviembre de 2026 sobre el reloj de pago de las multas de la CNIL; le siguen un briefing del 10 de octubre de 2026 sobre los test de calibración de sanciones que el EDPB puso en consulta, un briefing del 18 de octubre de 2026 sobre el dictamen del EDPB relativo al proyecto de normas corporativas vinculantes de Michelin, y dos notas de señal de agosto de 2025 sobre la brecha de Bouygues Telecom, donde la CNIL aparece solo como autoridad notificada.

Ninguna lee los artículos 33 y 34 como dos ramas con obligaciones de naturaleza distinta, y ninguna contrasta una decisión publicada con una u otra. Ese es el delta que este texto quiere sostener.

La asimetría cabe en una frase: la rama dirigida al regulador lleva un número y un campo de motivos; la dirigida a la persona no lleva ni uno ni otro, y sus tres salidas las redacta la parte que se beneficia de ellas. Nada de eso es ilegal, y nada aquí imputa a ningún responsable haberse aprovechado. Es un hecho de diseño con una consecuencia operativa comprobable: existe un rastro de los motivos de una notificación tardía porque el apartado 1 del artículo 33 lo exige, y ninguna frase equivalente impone un motivo para una comunicación tardía a las personas.

Los dos relojes arrancan de la valoración del responsable: el conocimiento de la violación en un lado, la probabilidad de riesgo alto en el otro. Las dos cifras no se convierten entre sí y no hay manera honesta de ordenar las ramas. Lo que sí puede decirse es qué cambiaría la lectura: una decisión publicada que aplique el artículo 34 y explique por qué; una exigencia basada en el apartado 4 que alguien ajeno al caso pueda leer; o una fila etiquetada con el artículo 34 en la tabla de la autoridad, donde hoy se va a leer la otra rama. Mientras no exista ninguno de esos objetos, el expediente tiene una cifra en un lado y, en el otro, un verbo.