Resumen
- El artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento Delegado (UE) 2025/301 cuenta las cuatro horas de la notificación inicial desde la calificación del incidente como grave por la entidad financiera, con un techo separado de veinticuatro horas desde que tuvo conocimiento; el artículo 5, apartado 2, reinicia esas cuatro horas desde una calificación posterior.
- Los dos plazos siguientes se miden sobre las propias presentaciones de la entidad: setenta y dos horas desde la presentación de la notificación inicial y un mes desde el informe intermedio o desde el último informe intermedio actualizado que el mismo reglamento le obliga a presentar cuando se recuperan las actividades ordinarias.
Cuatro horas. Es la cifra que repiten las presentaciones comerciales y las notas de cumplimiento, y solo sobrevive a la lectura del texto si se borra la oración que la precede. El artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento Delegado (UE) 2025/301, tal como figura en la página del Diario Oficial, corre desde la calificación del incidente como incidente grave relacionado con las TIC: cuatro horas desde esa calificación y, como máximo, veinticuatro horas desde el momento en que la entidad financiera tuvo conocimiento del incidente.
Una caída que empieza a las dos de la mañana no pone nada en marcha. Tampoco la detección, ni el instante en que el incidente llega a un comité ejecutivo. Lo que arranca el contador es un juicio, y ese juicio pertenece a la parte obligada.
La obligación está en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (UE) 2022/2554: las entidades financieras notifican los incidentes graves relacionados con las TIC a la autoridad competente pertinente a que se refiere el artículo 46, de conformidad con el apartado 4 (reproducción del artículo 19, cotejada con una segunda reproducción). El apartado 4 enumera tres entregas —una notificación inicial, un informe intermedio y un informe final— «dentro de los plazos que se establezcan de conformidad con el artículo 20, apartado 1, letra a), inciso ii)». En el artículo 19 no aparece ninguna hora. La cifra llega un instrumento después: el artículo 20, apartado 1, letra a), inciso ii), encarga a las autoridades europeas de supervisión redactar normas técnicas de regulación que «determinen los plazos para la notificación inicial y para cada uno de los informes a que se refiere el artículo 19, apartado 4» (reproducción del artículo 20).
El régimen es, por tanto, una cadena de cuatro intervalos, y la pregunta interesante no es cuánto dura cada uno. Es a qué está anclado cada uno.
Qué convierte un incidente en grave, y quién aplica la regla
El Reglamento Delegado (UE) 2024/1772, en su artículo 8, apartado 1, en su página del Diario Oficial, considera grave, a efectos del artículo 19, apartado 1, el incidente que haya afectado a servicios esenciales según el artículo 6 y en el que se cumpla el umbral de importancia del artículo 9, apartado 5, letra b), o al menos dos de los demás umbrales de los apartados 1 a 6 del artículo 9.
El artículo 6 pone la primera barrera: el incidente afecta a servicios TIC que sostienen funciones esenciales o importantes, o afecta a servicios financieros autorizados o supervisados, o constituye un acceso exitoso, malicioso y no autorizado a redes y sistemas de información. El apartado 2 del artículo 8 pliega después la recurrencia en la misma decisión: incidentes que por separado quedan bajo el umbral se computan juntos cuando se produjeron al menos dos veces en seis meses, comparten la misma causa aparente y en conjunto cumplen el apartado 1.
Las entidades hacen esa evaluación cada mes, salvo las microempresas y las entidades del artículo 16, apartado 1, del Reglamento.
Los umbrales del artículo 9, tal como los devolvió la página del editor: más del 10 por ciento de los clientes o más de 100 000 clientes; más del 30 por ciento de las contrapartes financieras; más del 10 por ciento del número o del valor medio de las operaciones diarias; una duración superior a 24 horas o una indisponibilidad superior a 2 horas en servicios que sostienen funciones esenciales o importantes; impacto en dos o más Estados miembros; pérdida de datos; y costes o pérdidas superiores o que puedan superar los 100 000 euros.
La lista devuelta no traía la numeración de apartados, así que este artículo no afirma qué umbral único ocupa el artículo 9, apartado 5, letra b).
Lo que importa para el reloj es que todo esto es una aritmética que la entidad aplica a su propio incidente, con una regla publicada de antemano. Ninguna de las disposiciones leídas aquí reserva un paso de validación previa por parte de un supervisor antes de que empiecen las cuatro horas.
La cadena, eslabón por eslabón
El artículo 5, apartado 1, letra b), sitúa el informe intermedio como máximo setenta y dos horas después de la presentación de la notificación inicial, y lo exige incluso cuando el estado o la gestión del incidente no han cambiado. El mismo punto obliga después a presentar un informe intermedio actualizado sin demora indebida y, en todo caso, cuando se hayan recuperado las actividades ordinarias. La letra c) fija el informe final como máximo un mes después de la presentación del informe intermedio o, en su caso, del último informe intermedio actualizado.
El artículo 5, apartado 2, es la disposición que cambia la forma del conjunto. Cuando la entidad no calificó el incidente como grave en las veinticuatro horas siguientes al conocimiento, pero lo califica después, la notificación inicial vence en las cuatro horas posteriores a esa calificación tardía.
Tres reconstrucciones, mías y no citas textuales:
- Las dos ramas del artículo 5, apartado 1, letra a), chocan en cuanto la calificación llega más de veinte horas después del conocimiento. Cuatro horas desde la calificación y veinticuatro horas desde el conocimiento solo pueden cumplirse a la vez si la calificación cae en la hora veinte o antes; entre la vigésima y la vigesimocuarta manda el techo externo. Pasada la hora veinticuatro, el artículo 5, apartado 2, desplaza el anclaje, de modo que una entidad que califica en la hora treinta presenta a la hora treinta y cuatro: cuatro horas por fuera del techo que imprime la letra a).
- Las setenta y dos horas corren desde la presentación de la notificación inicial, no desde el incidente, la calificación o el conocimiento. Una notificación inicial tardía arrastra consigo el informe intermedio, así que la distancia entre el conocimiento y el informe intermedio es la suma de dos periodos que fija la entidad.
- El mes del informe final se mide sobre el informe intermedio o sobre el último informe intermedio actualizado y, como la recuperación obliga a actualizarlo, el último plazo de la cadena se reancla a un hecho operativo que la entidad vive y declara.
El nivel 1 condiciona, el nivel 2 exige
El artículo 19, apartado 4, letra b), del Reglamento condiciona el informe intermedio a un cambio: se debe en cuanto el estado del incidente original haya cambiado significativamente o su gestión haya cambiado con información nueva, con actualizaciones cuando proceda y previa solicitud de la autoridad competente. El artículo 5, apartado 1, letra b), exige ese mismo informe a las setenta y dos horas, aunque ni el estado ni la gestión hayan cambiado. El reglamento delegado vuelve incondicional lo que el reglamento de base había condicionado, y ambos textos siguen en la página.
Hay tres costuras menores que conviene mantener visibles en lugar de alisarlas. La letra a) dice «informe inicial» donde la frase introductoria del apartado 1 y el artículo 19, apartado 4, letra a), dicen «notificación inicial». El apartado 2 contiene la errata «ITC» donde debe leerse TIC; se reproduce tal como figura y no se corrige dentro de la cita. Y el artículo 19, apartado 4, letra c), ancla el contenido del informe final a la conclusión del análisis de causas y a la disponibilidad de cifras reales de impacto, mientras que la letra c) del artículo 5 fija su fecha límite un mes después del informe intermedio.
Contenido anclado a una conclusión, plazo anclado a una fecha: los dos pueden separarse, y el texto leído aquí no resuelve cuál prevalece.
A dónde va la presentación
El artículo 19, apartado 1, es más estrecho que la obligación que crea. Cuando una entidad financiera está sujeta a la supervisión de más de una autoridad competente nacional de las mencionadas en el artículo 46, los Estados miembros designan una única autoridad competente para ese artículo. Las entidades de crédito calificadas como significativas según el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 presentan ante la autoridad nacional designada con arreglo al artículo 4 de la Directiva 2013/36/UE, que transmite inmediatamente el informe al Banco Central Europeo.
El artículo 46 no crea ninguna autoridad. Su encabezamiento, coincidente en dos reproducciones, dispone que el cumplimiento del Reglamento lo garantizan las autoridades competentes enumeradas, «de conformidad con los poderes otorgados por los actos jurídicos respectivos», sin perjuicio del marco de supervisión de los proveedores terceros críticos de servicios TIC del capítulo V, sección II. La lista sectorial remite a las entidades de crédito a la Directiva 2013/36/UE y reserva la línea del BCE a las entidades significativas.
Lo que el régimen no hace
El artículo 19 no impone a la entidad financiera publicar el incidente. El apartado 3 es un deber con los clientes, no con el público: cuando un incidente grave afecta a los intereses financieros de los clientes, la entidad los informa sin demora indebida en cuanto tenga conocimiento, sobre el incidente y sobre las medidas de mitigación adoptadas. El apartado 2 mantiene abierto un canal voluntario para amenazas cibernéticas significativas.
Los apartados 6 a 8 regulan la transmisión posterior por la autoridad destinataria a la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, el BCE, los CSIRT, las autoridades de resolución y otras autoridades públicas, además de la evaluación transfronteriza por las autoridades de supervisión y el BCE.
Hay una frase del apartado 5 que merece la atención de un consejo por otro motivo: la tarea de notificación puede externalizarse a un proveedor tercero y la entidad financiera sigue siendo plenamente responsable del cumplimiento de los requisitos de notificación. El proveedor puede sostener la pluma; no sostiene la obligación.
Cómo lo sé, y qué no pude comprobar
El 18 de noviembre de 2026, la página ELI del Reglamento (UE) 2022/2554 en EUR-Lex y su versión CELEX no devolvieron texto de artículo legible, y el PDF oficial solo entregó el bloque de título y los considerandos; la página oficial identifica el acto, y el texto citado arriba se apoya en las reproducciones independientes señaladas junto a cada pasaje, que coinciden en todas las frases solapadas leídas. Los dos reglamentos delegados se citan desde sus páginas del Diario Oficial. No se leyó ninguna decisión de supervisión, ningún informe de incidente individual, ningún registro publicado de notificaciones ni ningún expediente sancionador, y nada de lo anterior afirma que no existan. No se leyó el artículo 30, de modo que no se afirma nada sobre los deberes contractuales de notificación o asistencia de un proveedor tercero de servicios TIC; la conclusión sobre el tercero se apoya solo en el artículo 19, apartado 5.
Queda abierta una pregunta de diseño en lugar de resuelta: si una entidad que nunca califica un incidente como grave debe la notificación de cuatro horas. La rama de las cuatro horas no tiene disparador sin calificación, lo que deja el techo de veinticuatro horas como único límite operativo en ese caso. Es una pregunta sobre cómo está construido el instrumento, no una conclusión sobre ninguna entidad.
Una búsqueda en este archivo el 18 de noviembre de 2026 sobre DORA devolvió 25 filas, de las cuales solo una tocaba el régimen: un texto en árabe del 24 de enero de 2025 que reproducía el llamamiento de un proveedor a una resiliencia de largo plazo. Ninguno de los títulos o extractos devueltos lee los criterios de calificación, las etapas de notificación ni los plazos. La Comisión Europea, cuyos reglamentos delegados llevan los criterios y los relojes, tiene entrada en el directorio; la cadena de disposiciones es el aporte que reclama este briefing.
Así que lea la cifra dos veces. El régimen no le da a Europa un deber de notificación de cuatro horas medido desde un fallo; le da a cada entidad financiera una decisión que tomar y después mide su cumplimiento desde el instante en que la tomó. Si algún supervisor quiere saber si las cuatro horas significaron algo en un caso concreto, la pieza que responde no es el registro de la caída. Es el expediente de calificación de la entidad, con hora, del día en que se hizo el juicio.
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