Resumen
- CENTRAL DE INVERSIONES S.A. (CISA) ocupa una sola fila en el directorio público de asociados de LACNIC: una membresía, un país de registro, ningún sistema autónomo y ningún prefijo.
- El artículo 163 de la Ley 1753 de 2015 pone una duración de 180 días solo en el tramo del portafolio; el tramo inmobiliario no tiene intervalo alguno, porque el disparador es la propia determinación de la entidad dueña del bien.
- El informe de gestión 2024 de la CISA publica 33 bienes recibidos, 8 movilizados y una media de nueve años frente a una meta de 24 meses, sin una fecha por bien.
Empecemos por la fila. El directorio público de asociados de LACNIC inscribe a CENTRAL DE INVERSIONES S.A. (CISA) como asociada con país de registro Colombia (directorio de asociados de LACNIC). La ficha que el directorio de BTW tiene de esa fuente registra un único recurso: una membresía. Ningún sistema autónomo. Ningún prefijo. La propia página de consulta de LACNIC describe su base como aquella que contiene la información sobre quién tiene la custodia de un recurso de Internet asignado dentro de su área de cobertura (portal de consulta de LACNIC). Custodia: la palabra es exacta, y es justo la pregunta que esa fila no responde para esta compañía.
Detrás de la fila hay una maquinaria pública considerable. La CISA es una sociedad comercial de economía mixta, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es adquirir, administrar, comercializar, recaudar, intermediar, vender y arrendar bienes inmuebles, muebles, acciones, títulos y derechos de entidades públicas, y asesorarlas en la materia. Se describe en su propio sitio como «el único colector público del Estado colombiano» (CISA, Quiénes Somos). Su accionariado es tan concentrado como puede serlo: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene 138.054.853.585 acciones, el 99,9999998826 por ciento, y La Previsora S.A. Compañía de Seguros tiene 27 (Acta n.º 110 del 11 de enero de 2023). El OCR de ese PDF es imperfecto; lo que este artículo retiene es la dirección del control, no la cifra exacta. La reorganización de 2007 está documentada en una nota de prensa de la Presidencia: una sesión del CONPES del 8 de octubre de 2007 aprobó el traslado de la propiedad accionaria de la CISA de Fogafín al Ministerio de Hacienda, y el Decreto 4819 de diciembre de 2007 modificó su estructura y amplió su objeto al sector público no financiero (Presidencia, 17 de diciembre de 2007).
El instrumento que pone los bienes en sus manos es el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, el Plan Nacional de Desarrollo expedido el 9 de junio de 2015 (normograma de la Función Pública). Ese artículo reescribió el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y tiene dos tramos. Las entidades públicas del orden nacional —con cuatro exclusiones nombradas— deben vender a la CISA los inmuebles que no requieran para el ejercicio de sus funciones y el portafolio con más de ciento ochenta días de mora (reproducción del Senado, Ley 1753 de 2015). El portafolio en cobro coactivo y el portafolio de crédito público de la Nación, del Ministerio de Hacienda y de la DIAN quedan exceptuados; el portafolio coactivo y el no vencido solo pueden entregarse para administración, sin transferencia de propiedad. El registro de la transferencia inmobiliaria queda exento de los gastos del acto. Y la definición de cuándo un bien no se requiere queda delegada al Gobierno.
Ahí gira la pieza. El Decreto 1778 del 10 de noviembre de 2016 da una definición positiva de lo «requerido»: un inmueble actualmente en uso por la entidad, uno que forme parte de una asociación público-privada del artículo 233 de la Ley 1450 de 2011, o uno que forme parte de un proyecto de inversión pública ligado a las funciones de la entidad con autorización para comprometer recursos ordinarios o extraordinarios de vigencias futuras (Decreto 1778 de 2016, reproducción sectorial). El decreto añade quince excepciones y permite a la CISA adquirir en casos de gravámenes, litigios y diferencias de área, para sanear el título. También impone un deber de publicación: la lista de inmuebles no requeridos debe estar en SIGA a más tardar el 31 de enero de cada vigencia, y actualizarse dentro de los primeros cinco días de cada trimestre cuando haya que agregar inmuebles que dejen de ser requeridos (Decreto 1778, PDF oficial). Ponga esos dos relojes uno frente al otro y aparece la forma del régimen. El tramo del portafolio lleva una duración, 180 días, que corre desde un vencimiento ya escrito en el libro de la entidad deudora; un tercero puede recalcularla. El tramo inmobiliario no lleva duración alguna, porque el deber de vender nace solo cuando la entidad dueña decide que el bien no se requiere. El decreto fija cuándo debe quedar escrita esa determinación privada. No fija cuándo debe tomarse.
El sistema de registro del que depende el deber vive en el dominio del beneficiario. SIGA es la herramienta web que consolida el inventario de bienes de las entidades públicas descritas en el Decreto 1778, y la página de entrada imprimía un plazo máximo al 17 de abril de 2026 (CISA, SIGA). La página no dice si esa fecha corresponde a un límite del sistema, al final de un contrato o a un artefacto de publicación.
Ahora el recuento. El informe de gestión 2024 de la CISA registra un resultado neto de 28.414 millones de pesos, una variación del 82 por ciento frente al año anterior (Informe de Gestión 2024). Registra ingresos por subvenciones del Estado para bienes recibidos a título gratuito de 41.700 millones de pesos a diciembre de 2024, y un inventario de inmuebles y muebles que pasa de 14.923 millones en diciembre de 2023 a 32.509 millones en diciembre de 2024. En términos operativos, el mismo informe indica que la CISA recibió 33 inmuebles por cesión gratuita y movilizó 8 (Informe de Gestión 2024, segunda copia). Consigna una actividad de comercialización sobre 41 inmuebles de 4 entidades públicas con un precio base de venta de 140.033 millones de pesos; la venta de inmuebles propios por 4.217.510.572 pesos en 30 inmuebles; y un portal inmobiliario con 132 inmuebles de entidades públicas por 675.203.347.678 pesos. Luego viene la frase que le da a todo su patrón: la media histórica de movilización de inmuebles se estimaba en 9 años, y la meta de 2024 era bajarla a 24 meses. Todas esas cifras se presentan como preliminares hasta el dictamen de la Revisoría Fiscal y la aprobación de la Asamblea de Accionistas.
Treinta y tres adentro y ocho afuera: el hallazgo no es la diferencia de cinco. El hallazgo es que la línea de inventario casi se duplicó mientras la cifra que importa —cuánto lleva esperando un bien concreto— solo se publica como una mezcla de nueve años. Los bienes recibidos a título gratuito se reconocen como ingreso por subvención al llegar, lo que significa que el ingreso reportado crece en la transferencia, no en la venta. El incentivo que se desprende no es sutil, y no es una acusación sobre la conducta de nadie: en volumen, lo que se cuenta y se reconoce es la llegada.
El tramo del portafolio se comporta distinto, y el informe muestra por qué. La recaudación total de 2024 fue de 56.347 millones de pesos, repartidos entre el FNG con 32.030 millones, Banco Agrario con 7.285 millones, Icetex con 5.180 millones, la Registraduría con 4.921 millones y otros portafolios con 6.931 millones. La recaudación de portafolio tiene un anclaje que un tercero puede sostener: un vencimiento. Esa es la diferencia entre una duración y una determinación, y es toda la asimetría.
Lo que el informe no puede responder es preciso. Ninguna fecha de permanencia por bien aparece en el material leído, de modo que la media de nueve años no puede descomponerse bien por bien. El informe no dice si la meta de 24 meses es por bien o agregada. El texto leído no resuelve si el deber de actualización trimestral obliga a añadir inmuebles que dejen de ser requeridos o solo a corregir la lista existente. El material revisado no precisa si la publicación en SIGA es verificable por un tercero, ni qué consecuencia tiene para una entidad que nunca publica.
Un defecto de cita merece quedar registrado sin inflarse. La propia página normativa de la CISA señala que el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015 modificó el «artículo 258» de la Ley 1450 de 2011, mientras la reproducción del Senado del artículo 163 reescribe el artículo 238 (CISA, Normatividad). Es un error de numeración en una página de síntesis, publicado aquí como defecto de cita y no como evidencia sobre la conducta de nadie. La misma página menciona un parágrafo transitorio añadido por el artículo 11 de la Ley 2155 de 2021 sobre la transferencia gratuita de inmuebles saneados, el artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 y el artículo 370 de la Ley 1819 de 2016 sobre la venta de portafolio coactivo.
La cuestión del espacio de direcciones hay que acotarla con dureza. Un agregador externo de reportes DNS e IP reproduce un registro SPF del dominio de la CISA que autoriza el envío desde ip4:181.51.198.192/27 (reporte de contadorgratis.es); un espejo de whois reproduce un registro de LACNIC que muestra 181.48.0.0/13 con estado asignado, propietario Telmex Colombia S.A. y ownerid CO-ACSA-LACNIC, el rango que contiene ese /27 (espejo de IPRegistry). No se ejecutó ninguna consulta WHOIS ni RDAP nominal para esta compañía, de modo que la ausencia de un registro de LACNIC que la nombre como titular de direcciones es una negación acotada al material revisado el 20 de noviembre de 2026, no una prueba de ausencia. Una homonimia debe decirse con claridad: la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency de Estados Unidos también se abrevia CISA, y nada de esto se refiere a ella.
Las superficies financieras y de control son más gruesas que el registro de bienes. La CISA publica la ejecución presupuestal mensual con compromisos, obligaciones o cuentas por pagar y pagos realizados, junto con un Balance General histórico, un Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, los estados financieros de 2024 y los tres primeros trimestres (Información Financiera). Declara que entrega información a la Contraloría General de la República en virtud de las Resoluciones 5544 de 2003 y 5872 de 2007, y que la Contraloría ejerce control fiscal posterior y selectivo mediante auditoría integral (Transparencia y Acceso a la Información Pública). Dinero que entra, dinero que sale, cada mes. Bienes que entran, bienes que salen, en promedio.
Al 20 de noviembre de 2026, búsquedas literales de títulos en el índice de artículos de BTW no localizaron ningún artículo previo sobre esta entidad, de modo que este es el primer abordaje de la CISA y va directo al par de registros y no al perfil corporativo: la fila del directorio y el informe de gestión comparten una costumbre. Cada uno publica una categoría y retiene el caso.
Cuatro fechas lo cerrarían. Para cada inmueble a cargo de la CISA, publicar la fecha en que la entidad dueña determinó que el bien no se requería, la fecha de entrada en la lista de SIGA, la fecha de transferencia a la CISA y la fecha de movilización. Con esas cuatro, un tercero calcula el tiempo de tenencia por bien en lugar de aceptar una mezcla de nueve años, y ve qué determinación frenó el reloj. Es un diseño de registro, no una acusación. Es también la única forma de saber si la meta de 24 meses se cumplió, se falló o se reformuló en silencio.
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