Resumen

  • El anexo VIII del Reglamento (UE) 2024/1689 enumera trece campos para la entrada de un proveedor —identidad, representante autorizado, nombre comercial, finalidad prevista, descripción de los datos y de la lógica de funcionamiento, estado del sistema, certificado, declaración de conformidad, instrucciones— y ninguno de esos campos recoge un incidente.
  • El artículo 73 manda el aviso de incidente grave a las autoridades de vigilancia del mercado con «inmediatamente» como verbo principal y 15, 2 o 10 días como techos; el artículo 55, apartado 1, letra c), abre un segundo canal hacia la AI Office sin imprimir intervalo numérico alguno.

El Reglamento (UE) 2024/1689 construye dos artefactos que no cuentan lo mismo, y los construye en dos momentos distintos. El artículo 49, apartado 1, convierte el registro en un paso previo: antes de introducir en el mercado o poner en servicio un sistema de IA de alto riesgo incluido en el anexo III —salvo los del punto 2 de ese anexo—, el proveedor, o en su caso su representante autorizado, se registra a sí mismo y registra su sistema en la base de datos de la Unión prevista en el artículo 71 (artículo 49).

Ese registro no es enteramente público, y el texto lo dice antes de decir lo contrario. El apartado 4 del mismo artículo sitúa las inscripciones de los sistemas de los puntos 1, 6 y 7 del anexo III —policía, migración, asilo y control de fronteras— en una sección segura no pública, con acceso limitado a la Comisión y a las autoridades del artículo 74, apartado 8, y con juegos de campos reducidos en los anexos VIII y IX (artículo 49).

Después llega la frase que hace legible el conjunto. El artículo 71, apartado 4, hace públicas esas inscripciones: salvo la sección del artículo 49, apartado 4, y la letra c) del artículo 60, apartado 4, lo registrado en la base de datos de la Unión conforme al artículo 49 debe ser accesible, estar públicamente disponible de forma fácil de usar, fácilmente navegable y legible por máquina (artículo 71). Solo dos excepciones: la sección del artículo 49, apartado 4, y la información de ensayos en condiciones reales del artículo 60, apartado 4, letra c), accesible únicamente a las autoridades de vigilancia del mercado y a la Comisión, salvo consentimiento del proveedor.

Lo que contiene la entrada pública está enumerado campo por campo en el anexo VIII. Su sección A alinea trece elementos para las inscripciones del artículo 49, apartado 1: identidad y datos de contacto del proveedor; identidad de quien presenta en su nombre; representante autorizado; nombre comercial y referencia de trazabilidad; finalidad prevista y componentes o funciones admitidos; descripción básica de los datos, las entradas y la lógica de funcionamiento; estado del sistema; datos del certificado del organismo notificado; certificado escaneado; Estados miembros en los que el sistema está disponible; declaración UE de conformidad; instrucciones de uso electrónicas, salvo para los sistemas de los puntos 1, 6 y 7 del anexo III; y, con carácter opcional, una URL de información adicional (anexo VIII).

La sección C, la que rellena un responsable del despliegue que sea autoridad pública, cabe en cinco elementos: identidad y contacto del responsable, identidad y contacto de quien presenta, URL de la entrada del proveedor en la base de datos, resumen de las conclusiones de la evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales del artículo 27 y, cuando proceda, resumen de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (anexo VIII).

Ninguno de esos campos, en ninguna de las tres secciones tal como se leyeron el 18 de noviembre de 2026, recoge un incidente. La entrada describe un sistema, su finalidad prevista, su estado y su documentación de conformidad, y debe mantenerse actualizada (anexo VIII). Es una declaración de capacidades, no un parte de resultados: el registro responde a qué se despliega, quién responde de ello y con qué visado; nunca responde a qué ocurrió.

El incidente toma otro camino y otro destinatario. El artículo 73, apartado 1, obliga a los proveedores de sistemas de alto riesgo introducidos en el mercado de la Unión a notificar todo incidente grave a las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros donde se produjo (artículo 73).

Lo que abarca «incidente grave» se define en el artículo 3, punto 49, con cuatro ramas: la muerte de una persona o un daño grave a su salud; una alteración grave e irreversible de la gestión o el funcionamiento de una infraestructura crítica; el incumplimiento de obligaciones del Derecho de la Unión destinadas a proteger los derechos fundamentales; y un daño grave a bienes o al medio ambiente (artículo 3). La segunda rama es la que lleva el reloj de dos días.

Los plazos, después, no son una cifra sino una familia, y el verbo que los gobierna no es un número. El apartado 2 exige la notificación inmediatamente después de que el proveedor haya establecido un vínculo causal entre el sistema y el incidente grave, o la probabilidad razonable de tal vínculo, y en todo caso a más tardar quince días después de que el proveedor, o en su caso el responsable del despliegue, haya tenido conocimiento del incidente; un segundo párrafo añade que ese plazo debe tener en cuenta la gravedad (artículo 73). El apartado 3 rebaja el techo a dos días para un incumplimiento generalizado o un incidente del artículo 3, punto 49, letra b) (artículo 73 ; artículo 3). El apartado 4, en caso de muerte, exige la notificación inmediatamente después de establecerse el vínculo causal o en cuanto se sospeche, y a más tardar diez días después del conocimiento (artículo 73 ; artículo 3).

Quince días es, por tanto, un techo bajo un imperativo, no el disparador. Una notificación presentada el día decimocuarto sin justificación no satisface la frase que abre el apartado.

Dos apartados impiden leer esta familia de plazos como puro trámite. El apartado 5 permite, cuando sea necesario para garantizar una notificación puntual, un informe inicial incompleto seguido de un informe completo (artículo 73 ; reproducción de AcquisLaw). El apartado 6 encadena: investigaciones necesarias, evaluación de riesgos, acción correctora, y prohibición de modificar el sistema antes de informar a las autoridades competentes (artículo 73). Los dos juntos dicen algo útil: un expediente puede existir antes de estar completo, y la existencia precede a la exhaustividad.

El lado autoridad tiene también sus relojes, y no pertenecen al proveedor. El apartado 7 obliga a la autoridad de vigilancia del mercado que recibe una notificación basada en el artículo 3, punto 49, letra c), a informar a las autoridades u organismos públicos nacionales del artículo 77, apartado 1, y encarga a la European Commission directrices específicas, que debían publicarse a más tardar el 2 de agosto de 2025 y evaluarse periódicamente (artículo 73 ; reproducción de AcquisLaw). El apartado 8 da siete días a la autoridad para adoptar las medidas del artículo 19 del Reglamento (UE) 2019/1020 desde la recepción (artículo 73 ; reproducción de AcquisLaw). El apartado 11 obliga a las autoridades competentes nacionales a notificar inmediatamente a la Comisión, conforme al artículo 20 de ese mismo Reglamento (artículo 73 ; reproducción de AcquisLaw). Los artículos 19 y 20 del Reglamento (UE) 2019/1020 no se leyeron para este trabajo: su efecto operativo no se caracteriza aquí.

El segundo canal no se parece al primero. Para los proveedores de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico, el artículo 55, apartado 1, letra c), pide llevar un seguimiento, documentar y comunicar, sin demora indebida, a la AI Office y, según proceda, a las autoridades nacionales competentes, la información pertinente sobre incidentes graves y las posibles medidas correctoras (AI Act Explorer, espejo de terceros del texto y no publicación oficial). Ahí no figura intervalo numérico alguno. El apartado 3 remite esa información a las obligaciones de confidencialidad del artículo 78 (AI Act Explorer). Dos canales, dos destinatarios, dos gramáticas: uno cuenta días, el otro no.

El responsable del despliegue, en cambio, es un relevo y no un editor. El artículo 26, apartado 5, leído en el extracto consolidado de EUR-Lex, le obliga a vigilar el funcionamiento del sistema conforme a las instrucciones de uso, a informar al proveedor según el artículo 72 cuando proceda, a informar sin demora indebida al proveedor o distribuidor y a la autoridad de vigilancia competente —suspendiendo el uso— cuando quepa prever un riesgo del artículo 79, apartado 1, y, cuando haya identificado un incidente grave, a informar primero al proveedor y después al importador o distribuidor y a las autoridades de vigilancia competentes (EUR-Lex). El artículo 73 solo se aplica al responsable del despliegue, mutatis mutandis, si este no puede localizar al proveedor. Ninguna de esas frases pide a nadie publicar cosa alguna.

Hay que decir el contrapeso, o la lectura sería deshonesta. El artículo 78, apartado 1, obliga a la Comisión, a las autoridades de vigilancia del mercado, a los organismos notificados y a cualquier otra persona que intervenga en la aplicación del Reglamento a respetar la confidencialidad de la información y los datos obtenidos en el ejercicio de sus tareas, protegiendo en particular la propiedad intelectual, la información comercial confidencial y los secretos comerciales, incluido el código fuente, sin perjuicio de las excepciones del artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/943 (reproducción de AICONTEXT, reproducción de terceros). El Reglamento protege, pues, lo que las autoridades reciben. No es una omisión; es un arbitraje escrito con todas las letras.

El artículo 72 merece línea propia porque su calendario se ha movido. El apartado 1 impone un sistema documentado de seguimiento poscomercialización, proporcionado a la tecnología y a los riesgos; el apartado 2 obliga a recopilar, documentar y analizar de forma activa y sistemática los datos de funcionamiento durante toda la vida útil del sistema, excluyendo los datos operativos sensibles de los responsables del despliegue que sean autoridades policiales (artículo 72). El apartado 3, en la versión consolidada de 27 de julio de 2026, vincula el plan de seguimiento a la documentación técnica del anexo IV y remite a directrices de la Comisión, plantilla incluida, a más tardar el 2 de septiembre de 2027; el texto publicado en el Diario Oficial en 2024 preveía en cambio un acto de ejecución con plantilla y lista de elementos a más tardar el 2 de febrero de 2026, sobre la base del artículo 98, apartado 2 (artículo 72). Aquí quedan impresas las dos lecturas; ninguna se armoniza. Y ninguna de las dos obliga a publicar los datos de seguimiento ni el plan: el plan vive en la documentación técnica (artículo 72).

En el mismo lugar queda una referencia huérfana. El anexo VIII, sección B, puntos 7 y 9, aparece marcado como suprimido en el texto consolidado, mientras el artículo 49, apartado 4, sigue remitiendo al punto 9 de esa sección (anexo VIII ; artículo 49). Una remisión que no lleva a ninguna parte es un detalle de redacción; también es la prueba de que este registro es un objeto técnico en movimiento, no un monumento.

Queda la pregunta que este trabajo puede zanjar, y solo una. Sobre el conjunto de los artículos 3, punto 49, 26, apartado 5, 49, 55, apartado 1, letra c), 71, 72, 73, 74 y 78, así como del anexo VIII tal como se leyeron el 18 de noviembre de 2026, ninguna disposición exige publicar una notificación de incidente grave ni mantener un registro público de incidentes (artículo 73 ; artículo 71 ; anexo VIII ; artículo 78). Es un argumento desde el silencio, acotado a esas disposiciones, y no la constatación de que el proceso sea secreto.

Quedan dos límites abiertos, y deben seguir abiertos. Que el sistema de información previsto en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2019/1020 exponga o no algún registro de incidentes al público no lo determina el texto del Reglamento de IA leído ese día (artículo 73). Y la página de la AI Office en digital-strategy.ec.europa.eu se solicitó sin ser recuperada: nada se afirma sobre su contenido y no sirve de apoyo a la frase anterior. Una página de consulta de la Comisión sobre un proyecto de directrices y una plantilla de notificación solo se recuperó en parte: queda excluida del conjunto de fuentes, y ni su fecha ni su contenido se afirman. Ninguna cifra del número de notificaciones recibidas por una autoridad o por la AI Office apareció en los diez documentos retenidos, y ninguna se adelanta.

Lo que esta lectura añade a lo ya publicado en esta casa se mide, no se proclama. Dos búsquedas literales en nuestros archivos, el 18 de noviembre de 2026 —«Artificial Intelligence Act» con treinta resultados, «serious incident» con veinte—, devuelven los mismos dos briefings publicados: el artículo 53 y el papel de la AI Office en el resumen «suficientemente detallado» del contenido de entrenamiento, publicado el 17 de noviembre de 2026 a las 16:26, y el umbral de 10^25 FLOP con la potestad de anexo de la Comisión, publicado el 17 de noviembre de 2026 a las 02:13.

Ambos tratan instrumentos de clasificación y divulgación propios de los modelos de uso general. Ninguno lee la obligación de registrar sistemas de alto riesgo, la entrada del anexo VIII ni la notificación del artículo 73.

¿Qué hacer entonces con esa asimetría? Nombrarla por lo que es: una decisión de diseño sobre el artefacto que sostiene la memoria. Un registro público que dice qué es un sistema y un aviso privado que dice qué hizo no cuentan la misma historia al mismo lector. El primero permite a un tercero saber que un sistema existe y quién responde de él; el segundo permite a una autoridad actuar. Entre ambos hay un lector —un comprador público, una víctima, un periodista— que consulta la única fuente abierta y no encuentra nada sobre lo ocurrido. No es un secreto; es un registro que nunca tuvo ese campo.

Tres cosas moverían la conclusión, y ninguna es hipotética en su forma. Una publicación voluntaria del proveedor, primero: el artículo 71, apartado 4, deja los ensayos en condiciones reales a resguardo salvo consentimiento, lo que demuestra que el texto sabe prever la apertura cuando la quiere. Un campo de incidente añadido al anexo VIII, después, bastaría para convertir la entrada en un parte. Una visibilidad pública en el sistema de información del artículo 20 del Reglamento (UE) 2019/1020, por último, haría parte del trabajo sin que cambiara una línea del Reglamento de IA.

Mientras ninguna de las tres ocurra, el lector que juzga un sistema desplegado a partir del registro juzga un documento que nunca se construyó para decir qué pasó.