Resumen

  • El registro del .fr es una designación ministerial del artículo L45 del Código de correos y comunicaciones electrónicas; el arreglo del 20 de septiembre de 2021 dio a Afnic cinco años sin decir desde cuándo corren.
  • El pliego de condiciones firmado el 30 de julio de 2021 llena ese hueco —cinco años desde el 1 de julio de 2022, prorrogables una vez— y añade compromisos numéricos, un cuadro de mando público, una encuesta externa a los registradores y un informe anual al ministro antes del 30 de junio.
  • La prórroga que el Estado consulta en 2026 no tiene arreglo publicado en los documentos revisados, y la propia página de la consulta muestra dos fechas de cierre distintas.

Una competencia, un contrato y un pliego: tres papeles distintos

El anclaje legal es corto. El artículo L45 dispone que el ministro de comunicaciones electrónicas designa mediante arreglo, previa consulta pública, la oficina de registro de cada dominio nacional, por una duración fijada reglamentariamente; que esa oficina informa anualmente a ese ministro; y el mismo artículo enmarca la posibilidad de retirar la designación. La versión mostrada entró en vigor el 15 de marzo de 2014. Eso es una potestad, no un contrato.

El contrato llegó aparte. El arreglo del 20 de septiembre de 2021, publicado en el Diario Oficial n.º 0228 del 30 de septiembre de 2021 como texto n.º 11 bajo el NOR ECOI2123706A, designa a Afnic en su artículo 1 como la oficina encargada de atribuir y gestionar los nombres del .fr durante cinco años. Está firmado para el ministro y por delegación por T. Courbe, director general de empresas, y la autoridad emisora que figura en la página es el ministro de Economía, Hacienda y Recuperación. La página enuncia la duración de cinco años. No enuncia la fecha desde la que corren, y ese silencio es la razón por la que importa el resto del expediente.

El artículo 2 remite las prescripciones que obligan a la oficina a un anexo. El texto operativo de ese anexo no se obtuvo: la página JORFTEXT y el PDF autenticado devolvieron sendos errores HTTP 403 el 13 de noviembre de 2026. Por eso todo lo que sigue se apoya en los instrumentos contractuales firmados y no en ese anexo, y no se extrae ninguna conclusión sobre lo que dice el anexo.

El pliego de condiciones firmado el 30 de julio de 2021 aporta la fecha que falta. Su sección 2 c), página 3, fija la concesión en cinco años desde el 1 de julio de 2022, prorrogables una vez. Cinco años desde el 1 de julio de 2022 sitúan el final contractual inicial el 30 de junio de 2027: aritmética sobre dos elementos impresos, no una fecha impresa.

Luego está la convención, conservada en dos copias: la de Afnic y la del ministerio. La Dirección General de Empresas la cita como firmada el 18 de marzo de 2022. El artículo 3 fija su entrada en vigor el 1 de julio de 2022 y ata su duración a la de la designación; el artículo 2 define las responsabilidades de las partes dentro de la concesión de servicio público para la gestión y el desarrollo del .fr. La firma del Estado se lee con claridad como 18 de marzo de 2022. La de Afnic, en el facsímil, se lee «14 III 2022», mientras que la extracción automática de la copia de Afnic devuelve 14/11/2022. Esa divergencia es un hecho sobre dos copias de un mismo instrumento y se relata tal cual; de ella no se deriva una única fecha de firma.

Los números que el Estado escribió de verdad

Aquí el dispositivo francés deja de parecerse a una designación y empieza a parecerse a una contratación pública. El anexo 1 de la convención, página 17, fija un objetivo de disponibilidad global del 100 % y un objetivo del 99,40 % para creación, WHOIS y RDAP. El mantenimiento programado queda excluido, salvo cuando afecta a la resolución DNS, y la información debe difundirse en la hora siguiente a los incidentes que perturben los servicios.

El artículo 4, página 5, exige un cuadro de mando público mensual y una encuesta anual sobre los registradores realizada por un tercero, cuyas conclusiones son públicas y además se transmiten al ministro. La combinación es poco común: un indicador que el cliente puede seguir mes a mes, y un canal estructurado por el que los intermediarios acreditados pueden decirle al ministerio qué opinan del registro que ese ministerio designó.

El artículo 17, página 13, exige contabilidad analítica separada y un informe del ejercicio anterior enviado al ministro antes del 30 de junio, que cubra la actividad, las estadísticas del .fr, los litigios, la investigación y el desarrollo, la formación, la satisfacción y el destino del 11 % de la facturación. Esa cláusula no nombra al destinatario de ese 11 %, ni su finalidad, ni su periodo, y nada aquí rellena el hueco. Es una de las cifras más llamativas del expediente precisamente porque el instrumento la sostiene sin disponer de ella.

El mismo artículo 17 permite auditorías a cargo del Estado avisadas con quince días de antelación. No impone explícitamente la publicación íntegra del informe, y ningún documento revisado establece si se publica ni qué contiene en un año determinado. El informe viaja al ministro antes del 30 de junio; el expediente público revisado no muestra dónde llega después.

Hay un desajuste interno que conviene conservar en lugar de resolver: el artículo 4 remite a un informe previsto en el artículo 15, mientras que la cláusula de informe inspeccionada está en el artículo 17. Ambos son visibles en el mismo instrumento. Se relata tal como aparece, sin suponer qué número se quiso escribir.

Una escala con peldaños y con huecos

El pliego de condiciones construye una respuesta graduada. La sección 6 b), páginas 8 y 9, prevé control permanente del concesionario sobre documentos o en el lugar, con entrega de documentos a requerimiento, y establece que no puede imponerse un preaviso superior a 48 horas. La sección 6 c) exige un requerimiento formal por carta certificada y un plazo mínimo de ocho semanas desde su recepción antes de cualquier paso ulterior. La sección 6 d) permite después, tras un requerimiento formal sin efecto por incumplimiento de obligaciones esenciales, una regie provisional a costa y riesgo del concesionario, limitada a seis meses. La sección 7 b), página 11, aborda el incumplimiento grave y reiterado mediante una reunión previa y un requerimiento formal de al menos ocho semanas, permite la resolución si no se remedia y pone los costes directos resultantes a cargo del concesionario.

Lo que no está importa igual. No se identificó ningún baremo automático de multas en las secciones inspeccionadas. Y los dos instrumentos fijan preavisos distintos para el escrutinio estatal: 48 horas como máximo según la sección 6 b) del pliego, quince días según el artículo 17 de la convención. Ambos figuran; la articulación entre ellos no la explica ninguno de los dos textos, y este artículo no la inventa.

La retirada tiene su propia vía. Los artículos 19 y 20 de la convención vinculan una retirada basada en el artículo R.20-44-42 del CPCE a la resolución y ponen los costes de transferencia a cargo de Afnic cuando la resolución anticipada resulta de su culpa. El R.20-44-42, consultado el 13 de noviembre de 2026 en su vista histórica al 16 de octubre de 2021, prevé la notificación del proyecto de retirada y de sus motivos, y después dos meses para las observaciones de la oficina. Esos dos meses no son el mismo reloj que las ocho semanas de remedio, y no deben confundirse.

La prórroga es, por ahora, una página discutiendo consigo misma

La Dirección General de Empresas publica una consulta sobre la prórroga de la designación del registro del .fr por cinco años más, remitiendo al arreglo del 20 de septiembre de 2021, al pliego firmado el 30 de julio de 2021 y a la convención firmada el 18 de marzo de 2022. Es un aviso de consulta. No es un arreglo que conceda nada, y leerlo como la extensión sería el error más fácil de todo el expediente.

La página también se contradice en el calendario. Su cabecera muestra un periodo del 28 de julio al 15 de agosto de 2026; el cuerpo fija el plazo de comentarios el 15 de octubre de 2026. Ambos se relatan tal como aparecen. No se deriva ningún plazo de la página, porque la página no sostiene ninguno.

Detrás hay un aviso indexado. La referencia del Diario Oficial aparece descrita en resultados de búsqueda indexados como una consulta previa a la renovación, publicada en el JORF n.º 0176 del 30 de julio de 2026 como texto n.º 16 bajo el NOR ECOI2620730X. Los intentos directos de abrir el original devolvieron HTTP 403, así que ni su título, ni su fecha, ni su NOR se confirmaron sobre el documento, y no se cita ningún pasaje suyo. Es un límite de esta revisión, no una conclusión sobre el aviso.

La disciplina de alcance importa aquí, porque en 2026 sí existen arreglos para este operador. Un arreglo del 22 de junio de 2026, publicado el 26 de junio de 2026, designa a Afnic para .mq, .gp, .gf, .re y .tf durante cinco años desde el 4 de mayo de 2026, prorrogables una vez. Un segundo, publicado el mismo día, cubre .yt, .pm y .wf durante cinco años desde el 2 de junio de 2026, prorrogables una vez. Los dos son reales, los dos afectan a Afnic y ninguno afecta al .fr. Quien los encuentre y se detenga ahí concluirá que la renovación ocurrió. Eso no es lo que dicen esos textos.

A 13 de noviembre de 2026, no se identificó en los documentos revisados ningún arreglo que pronuncie la prórroga o la renovación de la designación del .fr. Es una ausencia de resultado en esta revisión. No es prueba de que tal instrumento no exista, y quien necesite certeza debe buscar el arreglo en lugar de tranquilizarse con esta página.

Lo que un titular de .fr puede comprobar esta noche

La asociación detrás del registro está documentada aparte de la concesión. Los estatutos se votaron y entraron en vigor en la asamblea general del 15 de octubre de 2024; el artículo 1 sitúa a Afnic bajo la ley del 1 de julio de 1901 y el decreto del 16 de agosto de 1901, el artículo 2 incluye en su objeto la atribución y gestión de los nombres de dominio a que se refiere el artículo L45 del CPCE, y el artículo 5 nombra a Inria y al Estado, representado por tres ministerios, entre los miembros fundadores. El registro es una asociación de 1901 cuyos fundadores incluyen al ministerio que lo designa. Ese es un hecho de gobernanza, no una garantía de servicio.

Las reglas de registro viven en un tercer documento. La carta de nombres, presentada por la propia página de documentos de Afnic como la versión vigente desde el 6 de julio de 2026, enumera en su artículo 1.1 el .fr, el .re, el .yt, el .pm, el .wf y el .tf en su ámbito, y en su artículo 1.3 ata la versión oponible a la que el sitio indica como vigente cuando se recibe la solicitud de registro, distinguiendo los dominios nuevos de los existentes en una solicitud de acto o en una renovación.

La respuesta práctica a «qué documento gobierna mi dominio» es por tanto inusualmente limpia: la versión de la carta mostrada en el momento de la solicitud. La respuesta a «¿cumplió el registro lo que prometió?» es mucho menos limpia. Un titular puede leer el objetivo de disponibilidad. Un registrador puede responder a la encuesta externa si le preguntan. Ninguno de los dos puede, a partir del expediente revisado, leer el informe que viaja al ministro antes del 30 de junio, y ningún documento revisado dice si ese informe se publica alguna vez.

Esa es la forma del dispositivo francés. La obligación es concreta, cifrada y escrita; la verificación se detiene en un despacho del ministerio; y el único paso procedimental vivo que prolongaría todo el entramado otros cinco años existe hoy en público como una página de consulta incapaz de ponerse de acuerdo consigo misma sobre cuándo cerró. Para un operador, un registrador o un competidor que planifique más allá de junio de 2027, el documento que hay que esperar es el arreglo, no la consulta.

Véase la ficha de Afnic en el directorio de BTW para el registro de entidad que hay detrás de este análisis.